Hace décadas que Honduras vive entre golpes y militares, la historia de dolor de ese país centroamericano no es novedad. Pero el de 2009 fue un golpe ejemplar. Puso al país en otra dimensión de persecución para el movimiento social y sindical y avanzó en la profundización de las políticas neoliberales que el gobierno de José Manuel Zelaya intentó revertir. Los sindicatos de la educación, como principales defensores de la democracia, fueron los principales objetivos de la persecución estatal y empresarial.
Desde 2009 la persecución hacia los sindicatos de la educación se ha realizado de diversas maneras: con gases lacrimógenos, asesinatos, desapariciones; pero también con despidos, amenazas y debilitamiento institucional.
Durante los últimos seis años la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH, que nuclea a los seis colegios magisteriales, cinco de los cuales son afiliados a la Internacional de la Educación) insiste en la denuncia de la crisis del INPREMA, la falta de pago a docentes, despidos masivos ilegales, eliminación de fueros sindicales a dirigencias magisteriales, eliminación de la recolección de la cuota sindical, persecución a compañeros sindicalistas y la municipalización de la educación.
La FOMH denunció, además, que uno de los principales atentados a la libertad sindical lo realizó el gobierno golpista y sus sucesores con la reforma al Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA).
De forma solapada, en el proyecto de ley que reformó al IMPREMA se retira el principal financiamiento de las organizaciones magisteriales que es el aporte de lasy los afiliados, así como sus sistemas de ahorro y préstamo y pensiones.
En 2010 un documento oficial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya había exigido esos cambios al gobierno. En el documento se recomendaba el impuesto a los salarios de los docentes, eliminar el requisito de pertenecer a un colegio magisterial para ejercer la docencia y otros elementos que buscan eliminar la fuerza magisterial del país.
La ley del INPREMA, aprobada finalmente en 2014, es piedra angular de las violaciones a las libertades sindicales. Por ejemplo, el artículo 61 fija un pago único y máximo por afiliado y obliga a la afiliación a un único colegio magisterial. Además, fija la cuota mensual que la persona afiliada aporta a la organización. Estas y otras inclusiones en una ley sobre Previsión del Magisterio son claramente antisindicales, indica la FOMH. Su lucha por demostrar en tribunales constitucionales y otras instancias estas desviaciones legales no fueron exitosas.
Antes, una declaratoria en 2011 de “Estado de emergencia del sistema educativo nacional” pretendía restringir derechos esenciales del magisterio. El decreto criminaliza y penaliza el derecho a las asambleas convocadas por las organizaciones magisteriales violando la constitución y tratados internacionales.
Igual sucede, indicó la FOMH, con la aprobación de la “Ley fundamental de educación”, en 2012 que lesiona la Convención sobre los derechos del niño, la Constitución de la República y otras leyes como el Estatuto Docente. La ley afecta a los estudiantes de forma directa, pues indica que las familias deben costear la educación pública. Las organizaciones magisteriales elaboraron una propuesta educativa que no fue tomada en cuenta por el gobierno.
Esto llevó a la FOMH a presentar una queja por violación a los derechos sindicales del Estado de Honduras en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las organizaciones magisteriales sistematizaron más de quince casos de clara violación al Convenio 87 y al Convenio 98 de la OIT.
Esta queja fue admitida por la OIT en Ginebra en junio del 2013 y se estableció una misión de la OIT que visitó el país en abril del 2014.
El proceso aún está en estudio por parte del comité de Libertad Sindical de la OIT que podría pronunciarse en próximas reuniones. Además, en reunión preparatoria hacia la Comisión de Aplicación de Normas, el grupo de la representación sindical de las Américas incluyó el caso de Honduras en una lista preliminar para presentar ante la OIT en Ginebra en junio. Honduras se propone incluir en la lista de países violatorios de convenios de la OIT por el número 98, sobre derecho de sindicación y de negociación colectiva.
Mientras tanto, en Honduras continúa la herencia del golpe de Estado en forma de persecución y desfinanciamiento, como forma clara y contundente de atacar al sindicalismo de la educación, principal fuerza movilizadora de la resistencia hondureña.