Análisis

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La lucha por los derechos laborales y la reforma al Inprema en Honduras

En el mes de febrero del 2014, mediante un decreto el gobierno de Honduras aprobó la reforma a la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), que establece que los fondos que por cotizaciones tiene las y los profesores en los colegios magisteriales, se trasladen a una cuenta del INPREMA. Además, esta reforma le prohíbe a la Secretaría de Educación, a la de Finanzas y a los centros educativos privados, efectuar cualquier tipo de deducciones a favor de los colegios magisteriales.

A partir de ese momento cada docente aportará el 8% al INPREMA, más el 3.5 % que le seguirán deduciendo por la Cuota de Ahorro Previsional (CAP), que hasta ese momento los afiliados entregaban a los sindicatos para los servicios sociales que estos les prestaban.

Esta reforma obliga al cuerpo docente a retirar el ahorro de sus aportes en los colegios magisteriales para trasladarlos al INPREMA, sin importar el tiempo en que lo hayan hecho y, estipula que de no hacerlo, el INPREMA les deducirá el 0.5, (equivalente a 50 lempiras) y les retendrá 25 lempiras, como una forma de compensación de los valores dejados de recibir.

Por otra parte, voceros del INPREMA mencionan que una vez que el dinero esté en sus arcas, hay diferentes opciones para utilizarlo, una de ellas es tomar un seguro de 1.2 millones de lempiras, otra opción es tomar un seguro de un millón de lempiras y una cobertura en salud, que es uno de los enfoques más fuertes de la reforma (La Tribuna, 2 de febrero 2014).

Según los voceros del INPREMA, la reforma beneficiaría a los/as docentes ya que estos mantienen ahorros en varios colegios magisteriales, lo que les resulta en mayores deducciones, mientras que en adelante cotizarán en una sola institución. Otra de las razones que dieron es que los colegios magisteriales no cuentan con un ente fiscalizador sobre el uso de sus fondos, mientras que ahora los mismos estarán bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS). Además, señalan que en dicho instituto la cotización que se debita a los/as docentes es de un 3.5 % y no de un 4%, como lo hacen los colegios magisteriales. Lo que el gobierno no dice es que el 0.5% está destinado a las actividades  sindicales.

De acuerdo con el gobierno, lo que se plantea en esta reforma (el traslado al IMPREMA) no es obligatorio y los docentes podrán retirarse del CAP, si asi lo quisieran, llenando un formulario. Sin embargo, autoridades del INPREMA recuerdan que: “…quien renuncia ya no podrá reingresar al CAP, porque se trata de una oportunidad que les da el sistema, aunque es una cuenta de carácter voluntario (La Tribuna, 13 de marzo, 2014). Este recuerdo es claramente intimidatorio y administrativamente no tiene fundamento, ya que la entrada o salida del CAP es voluntaria.

Debido al rechazo que ha generado esta reforma, y al descontento de los/as docentes porque se hubiera aprobado sin haberles consultado, poco tiempo después de que la misma apareciese publicada en el periódico La Gaceta en el mes de febrero del 2014, más de 5.000 docentes habían renunciado al CAP y, ya en junio del 2014, el COLPROSUMAH informó que más de 14 mil docentes han renunciado al CAP.

La respuesta de los colegios magisteriales a la reforma

Los colegios magisteriales de Honduras se han opuesto desde un inicio a esta reforma y, en consecuencia, han realizado protestas, movilizaciones e incluso, han interpuesto denuncias de inconstitucionalidad para detenerla, debido a que los argumentos que el gobierno da para tomar estas medidas no son ciertas para los gremios y, además, conllevan una gran cantidad de problemas para las organizaciones magisteriales y los/as docentes.

Los factores que explican esta medida, a juicio de la dirigencia magisterial son varios, unos de naturaleza económica y otros, posiblemente los más importantes, de naturaleza anti-laboral:

Las razones económicas

Desde hacer varios años el INPREMA viene arrastrando una situación déficitaria. Para resolver este problema institucional, en el año 2011 se empezaron a tomar medidas como la creación de una Junta Interventora dirigida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Esta junta informó que el INPREMA tenía un déficit de79,168 millones de lempiras y que, por lo tanto, debían realizarse algunas reformas para resolver este problema (La  Tribuna, 13 diciembre 2011).

Para los dirigentes magisteriales del COLPROSUMAH, en realidad las reformas del INPREMA iniciaron desde el 2004, a raíz de un Memorándum de Políticas Económicas que firmó el gobierno de Ricardo Maduro con los organismos internacionales, principalmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En palabras de Edwin Oliva, dirigente de esta organización magisterial, se trata de que “…el gobierno se comprometa a intervenir los fondos del Inprema, y ese es el verdadero compromiso que tiene el actual gobierno con el Fondo Monetario Internacional” (La Tribuna, 13 diciembre 2011).

Este mismo dirigente magisterial agrega que el problema financiera del país, y del INPREMA en particular, surge con la deuda interna gubernamental. Esta deuda durante el gobierno deRicardo Maduro (2002-2006) anduvo entre los 7.000 y los 8.000 millones de lempiras, ascendió a 11.000 millones durante la administración de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), y al asumir el gobierno de Lobo Sosa, las autoridades señalaron que la deuda andaba en más de 20.000 millones de lempiras (La Tribuna, 13 diciembre 2011).

Entonces, en opinión de algunos dirigentes magisteriales, el objetivo de esta reforma es transferir el ahorro de los/as docentes para solventar con ello el déficit que acarrean el INPREMA y el Estado Hondureño.

Las razones políticas anti-laborales

Más allá de si es cierto que el INPREMA se encuentra en crisis y que el gobienro de Honduras requiere de recursos para financiar su deuda interna, las organizaciones magisteriales consultadas (Unión Magisterial de Honduras, COPRUMH; Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros PRICPHMA; Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, COLPROSUMAH) están convencidas de que lo que persigue el gobierno de Honduras es descapitalizar a las organizaciones magisteriales para que no tengan recursos, se vuelvan insolventes económicamente, y consecuentemente no tengan capacidad de accionar ante demandas como el aumento de salarios y mejoras en las condiciones laborales de las y los docentes.

En este momento, julio 2015, la puesta en ejecución de esta reforma cumple casi año y medio de haberse dictado y las  consecuencias  ya se han hecho sentir, tanto entre las organizaciones magisteriales como entre el cuerpo docente.

Según lo que indican varias organizaciones magisteriales de Honduras consultadas, está claro que lo que ha motivado la adopción de esta medida, es parte de una estrategia del gobierno orientada a debilitar a las organizaciones magisteriales, esto debido a la fuerza que las mismas han tenido históricamente en Honduras, en términos de lucha por los derechos de las y los trabajadores de la educación.

Adicionalmente, se considera que otro factor que también ha motivado al gobierno a aplicar esta medida, ha sido el rechazo que el movimiento magisterial expresó al golpe de Estado perpetuado por los grupos dominantes en el 2009. Entonces, para estas organizaciones, está claro que la medida está orientada a debilitar y desarticular al movimiento magisterial, hasta donde les sea posible.

Las organizaciones magisteriales reconocen en este momento, haberle quitado esos recursos a sus organizaciones, ha tenido un impacto muy fuerte en su accionar. Algunas de las consecuencias negativas que ha tenido esa medida, hasta ahora son: a) una dráctica reducción en los ingresos que percibían.

En algunos casos esta reducción ha sido de hasta un 90% de los ingresos  mensuales, lo que consecuentemente ha redundado en un fuerte recorte de sus actividades; b) algunos colegios magisteriales, específicamente el PRICPHMA y el COPRUMH, habían adquirido préstamos con el INPREMA para cubrir parte de los gastos de construcción de sus edificios, y ante esta medida, en este momento no tienen capacidad de pago, lo cual ha aumentado las deudas y los intereses que ahora el INPREMA quiere cubrir con las hipotecas de los edificios de estos colegios magisteriales; c) ante esta situación, las organizaciones magisteriales han tenido que disminuir la atención de algunas necesidades de su afiliación.

Por ejemplo, se han visto obligados a reducir los programas de capacitación docente que las organizaciones magisteriales organizaban sobre diferentes temas; por otra parte, se han visto en la necesidad de reducir sus planillas para reducir gastos; además, debido a que muchos docentes tienen muchas cuotas atrasadas con las organizaciones magisteriales, se han quedado sin el seguro que les cubría en el caso de fallecimiento de algún familiar.Como consecuencia de toda esta situación hay personas afiliadas que han perdido la confianza que tenían en las organizaciones magisteriales y estas su credibilidad, lo cual ha provocado que en algunos casos se retiren de las mismas.

Para hacerle frente a esta dura situación, las organizaciones magisteriales han planteado estrategias, tanto individuales como colectivas. Por ejemplo, algunas organizaciones han suscrito convenios para enfrentar deudas; han ideado diferentes estrategias para lograr atraer las cuotas de la afiliación. También han presentado acciones de inconstitucionalidad contra esta reforma, sin embargo, hasta ahora esas acciones no han producido los resultados deseados.

En conclusión, el traslado de los fondos que por cotizaciones hacían las y los profesores a los colegios magisteriales al INPREMA, ha significado una descapitalización de los colegios magisteriales, se han visto reducidos los derechos laborales y muchos beneficios que anteriormente gozaban. No obstante, los dirigentes de las organizaciones magisteriales han expresado que muchos maestros y maestras continúan afiliados a sus organizaciones, siguen teniendo confianza en ellos, y continúan dando las luchas que sean necesarias para hacer valer los derechos de las y los trabajadores de la educación, a mejores condiciones laborales y por una educación pública que responda a las necesidades de las grandes mayorías de la población.

La estrategia del BID

El Banco Interamericano de Desarrollo en su documento Análisis de la Fuerza Laboral en Educación en Honduras en su página 34 expresa con claridad una estrategia que debería ser seguida por el gobierno de ese país para debilitar a los sindicatos docentes, así: “La cultura política de Honduras no ha podido mantener a los gremios dentro de un marco de responsabilidad y rendición de cuentas, generando estrategias de corto plazo que no reducen el poder de convocatoria negativo de los gremios. Hay países en la región donde los gremios fueron prácticamente desmantelados una vez que el Gobierno entendió como montar alternativas abiertas a los maestros que eran más atractivas que la oferta gremial”, (pág. 35).

En el párrafo anterior el BID sintetiza su pensamiento y objetivos, se trata finalmente de desmantelar a los gremios de docentes para poder hacer avanzar la reforma educativa neoliberal. Pero dado que los gremios tienen una fuerte adhesión de sus afiliados por las luchas desarrolladas y logros alcanzados, es necesario restarles capacidad de servicio a sus miembros para lo cual el BID propone: “Competir con los gremios en el mejoramiento de los beneficios no salariales que sirven de punto de contacto entre los gremios y la membrecía: mejores paquetes de seguros de salud, y vida, mejoramiento del acceso a fuentes de financiamiento personal o a través de la creación de cooperativas de ahorro y préstamo en colaboración con la banca privada”, (pág. 34).

Independientemente de su posición política, los gremios tienen un mercado de membrecía que tratan de aumentar a través de la provisión de beneficios y servicios no salariales. En este mercado interno los gremios se comportan como instituciones sin afán de lucro que ayudan a sus miembros a obtener préstamos de corto y largo plazo, a ampliar sus seguros de salud, vida y otros riesgos, descuentos por funerales, hospitalización y cuidado médico, a tener acceso a centros de recreación familiares durante sus vacaciones y beneficios típicamente