La lucha contra la mercantilización de la educación en todas sus formas ha sido definida como línea estratégica de la Internacional de la Educación para los próximos años. En América Latina, además, esa lucha la han venido protagonizando los sindicatos de la educación desde los años noventa. Ahora, las organizaciones afiliadas y el Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina dan una vuelta de tuerca y renuevan la lucha contra la mercantilización de la educación con el Proyecto de Respuesta Global frente a la mercantilización educativa, en el marco del proceso del Movimiento Pedagógico Latinoamericano.
Así se decidió en el último Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, órgano asambleario cuatrienal, cuya séptima edición se celebró en julio de 2015 en Ottawa (Canadá), reuniendo a miles de sindicalistas de la educación de los cinco continentes.
De manera unánime, el Congreso aprobó la resolución 1.1, en la que se constata la “cada vez mayor implicación y promoción de actores privados en la gobernanza de la educación” y la necesidad de desarrollar una estrategia de respuesta global para contrarrestar su influencia, “especialmente cuando sus actividades tengan un impacto negativo respecto al acceso y exacerben las desigualdades en los sistemas educativos.”
Avalado por el consenso de trabajadoras y trabajadores de la educación de todo el mundo, surge así el proyecto de Respuesta Global ante la Mercantilización de la Educación.
Se trata de una estrategia de intervención que permita a las organizaciones sindicales colocarse al frente de un amplio proceso de denuncia y movilización, y reclamar las políticas públicas necesarias para impedir que el lucro se convierta en el motor de nuestros sistemas educativos.
La actividad de agentes transnacionales, como Pearson PLC, atraviesa todo el ciclo del proceso educativo; desde la producción de materiales y libros de texto, de formación en línea y software educativo, pasando por el diseño de sistemas de evaluación nacional para docentes y estudiantes y el diseño de evaluación global como las pruebas PISA, o la creación de grandes cadenas de escuelas privadas de bajo coste en países del Sur, donde Pearson tiene una presencia cada vez mayor.
Pero, además, Pearson produce investigación y ofrece servicios de consultoría educativa a los gobiernos, influyendo y dictando políticas educativas a nivel mundial. Representantes de estas corporaciones participan así directamente en la definición de la agenda pública educativa, a pesar del potencial conflicto de intereses que la combinación de estas actividades genera.
Nos encontramos así ante un fenómeno global de ‘privatización’ de los procesos de toma de decisión respecto a las políticas educativas, que empiezan a definirse en función de intereses corporativos.
La actividad de estos oligopolios de la industria educacional tiene serias implicaciones para la calidad educativa, para el rol del Estado como garante del derecho social a la educación y para el futuro de nuestras democracias. El lucro no puede ser el motor que determine qué se enseña, cómo se enseña, cómo se evalúa, o cómo se gestionan nuestros centros educativos.
En ese sentido, la X Conferencia Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, celebrada en Santiago de Chile en mayo de 2015, reafirmó en su declaración final la necesidad de una estrategia político-organizativa que hiciera frente no sólo a la comercialización, sino a “la introducción de la lógica de mercado en el ámbito educativo, incluso en los sistemas públicos, y en todos los niveles”.
Asimismo, el Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina expresó el apoyo y participación en el Proyecto de Respuesta Global frente a la mercantilización educativa, en el marco del proceso del Movimiento Pedagógico Latinoamericano.
Algunos de los temas relacionados con la mercantilización a nivel mundial son las Escuelas privadas de bajo costo, la industria de la evaluación estandarizada, la expansión de alianzas público-privadas, el papel de agencias internacionales -como el Banco Mundial o el Banco Interamericano del Desarrollo- a la hora de impulsar la agenda privatizadora en los países del Sur, consultocracia, filantrocapitalismo, acuerdos de libre comercio, justicia fiscal etc.
Se trata de desvelar las distintas caras de la mercantilización educativa, tanto en nuestra región como a nivel global y, en definitiva, de abrir un debate en torno a las consecuencias que tiene, para el desarrollo democrático de nuestras sociedades, la comercialización y mercantilización de servicios públicos que son derechos humanos fundamentales, como es el caso de la educación.