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Análisis

30 de Agosto, 2019 | Costa Rica Costa Rica

La avanzada antisindical en Costa Rica

Carmen Brenes, Vicepresidenta Comité Regional IEAL

El punto de quiebre.

La situación económica, política y social que está atravesando Costa Rica llevó el año pasado al movimiento sindical y social del país, particularmente los sindicatos de la educación, a sostener una lucha de 90 días en resistencia de un proyecto de ley que suponía fortalecer las finanzas públicas. Este plan en realidad consiste en una estrategia macabra para cargar de impuestos a todo el pueblo costarricense; se grava la canasta básica, los medicamentos, la educación, así como las actividades de esparcimiento, entretenimiento y diversión. Todo lo que se pudo gravar se hizo para cargar sobre los hombros de los y las trabajadoras el déficit fiscal por el que atraviesa el país desde hace muchas administraciones políticas.

Esta lucha la dimos valientemente a través de foros, de marchas, de manifestaciones, de comunicados, a través de medios de comunicación que apoyan a la clase trabajadora. Luchamos valientemente durante 90 días y perdimos. Los diputados y diputadas de la derecha aprobaron un paquete fiscal que fue implementado a partir del 1 de julio del 2019 y que como ya adelanté, vino a afectar la vida de todos los trabajadores y las trabajadoras costarricenses.

Los grandes empresarios hicieron presión para quedar exonerados del nuevo plan fiscal, al igual que los y las diputadas, cuyas dietas no se verán afectadas por el pago de estas nuevas cargas fiscales.

La educación dual

Posterior a esta embestida y como parte de la vorágine neoliberal que ataca a todo el sector trabajador nacional, desde la Asamblea Legislativa se ha continuado impulsando proyectos de ley que solo pueden ser calificados como nefastos. En primer lugar, se aprobó la educación dual a pesar de 5 años de resistencia por parte de los sindicatos de la educación. Al proyecto se le lograron algunos cambios de fondo, como por ejemplo una reforma que quita el carácter de obligatoriedad del sistema de educación dual, pero estos no resultan sustanciales.

Nos preocupa que, en el contexto económico y social del país, sacar a las personas jóvenes de las aulas para darles un salario mínimo de 120 000 colones (210 dólares estadounidenses) pueda decaer en abandono de las aulas por parte de estas personas. Además, no cuentan con seguro social, no tienen derecho de cotización para pensión ni una póliza laboral, son labores remuneradas realizadas en irregularidad de condiciones, lo que expone a los y las estudiantes a condiciones de desarrollo laboral para nada óptimas. Esto generará situaciones como por ejemplo un empresario contratando 5 personas jóvenes directo desde las aulas para ahorrarse las cargas laborales que le tendría que pagar a una persona adulta a cambio del mismo trabajo.

Para financiar este proyecto quieren vulnerar en un 1% el presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), una institución emblemática del país que ha permitido a muchas personas jóvenes y adultas acceder a una formación técnica en amplia variedad de áreas. El INA ha sido origen e impulsor de muchísimas pequeñas empresas en Costa Rica, así que cualquier iniciativa que debilite este instituto es motivo de preocupación.

Los proyectos de ley antisindicales

También se están debatiendo proyectos de ley que son nefastos para los trabajadores y las trabajadoras del país en específico y para todo el pueblo costarricense en general. Inclusive están en juego hoy las condiciones laborales y de retiro de las generaciones futuras.

En primer lugar, tenemos proyectos de ley que buscan endurecer las regulaciones al derecho a huelga. Estamos en proceso de convocatoria de todas nuestras bases para resistir este nuevo proyecto antisindical y defender el derecho a huelga.

También enfrentamos 5 diferentes proyectos de ley en discusión que buscan debilitar el sistema de pensiones del magisterio. Ya en 1995 se había afectado la ley de pensiones del magisterio nacional y se disminuyó de un 100% de los últimos 12 salarios para pasar a un 60% y se aumentaron 3 años y medio de servicio. Estos proyectos se impulsan bajo pretexto de regular las pensiones de lujo, pero en realidad estas son alrededor de 1800 y son exclusivas de catedráticos universitarios.

Es evidente que el fondo de estos proyectos de ley lo que buscan es meter mano al fondo de más de 2 mil millones de colones que hemos generado los y las docentes y trasladarlo al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que es el régimen de pensiones del gobierno, mismo que está completamente desfinanciado y colapsará en el 2030. El dinero de las pensiones de los docentes no es suficiente para salvar el régimen de pensiones del Gobierno ni es tampoco responsabilidad de los docentes subsanar décadas de malas administraciones, robos y corrupción generalizada por parte de los diferentes partidos políticos que han pasado por el gobierno nacional. Sumado a esto quieren aumentar los años de servicio y los años de cotización para los y las docentes.

Finalmente tenemos la ley de empleo público, otro paquete terrible que busca precarizar aun más las condiciones laborales del sector público, a este se suma el combo fiscal 9635 según el cual el poder ejecutivo de Costa Rica emitió un decreto para congelar todas las anualidades. Ambos proyectos afectan tanto nuevas contrataciones como al sector en general.

Son muchas las luchas que vienen, son muchas las desventajas desde las que resistimos los sindicatos y toda la base que nosotros representamos. Si embargo, estamos trabajando con nuestros asesores legales para valorar los mecanismos y las instancias internacionales tales como la Organización Internacional del Trabajo y La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, entre otros.

Presentaremos denuncias de violaciones de derechos humanos, laborales y sindicales.

Seguiremos defendiendo la educación con calidad, los derechos humanos, laborales y sindicales de la clase trabajadora costarricense y el proyecto de país en el que creemos.