Aporte de filantropía privada a la cooperación para el desarrollo aumenta cada año, dejando mucho que desear en cuanto a mecanismos de control y rendición de cuentas.
En el año 2017, el OLPE publicó un análisis sobre las tendencias de comercio educativo en América Latina en el que revisaba la forma en que los fondos de la cooperación y de la filantropía aceleran y ponen en marcha redes de negocios con la educación pública, en forma de alianzas público-privada. Estas son redes que tienen niveles globales, regionales y nacionales que operan de manera articulada, aunque también, en abierta competencia por los recursos disponibles, y desde el momento de aquella publicación se han fortalecido.
Una de las razones por las que esto ha sucedido, es que los fondos no reembolsables que provienen de gobiernos, el Banco Mundial, el BID y otros donantes multilaterales, suelen ser puestos a disposición vía concursos o convocatorias que exigen a los postulantes condiciones bastante complejas en cuanto a capacidad operativa, estructuras contables, auditorías, sostenibilidad financiera, etc. Estas condiciones colocan a las ONGs y a las Fundaciones internacionales como las principales competidoras de estos fondos, y deja por fuera a organizaciones más pequeñas con menos estructura de ejecución.
Cuando son designadas como las ganadoras de los fondos, las ONGs y las Fundaciones Internacionales suelen subcontratar a esas otras organizaciones que quedaron por fuera del concurso inicial, generando redes de proveedores de servicio de segundo y hasta de tercer nivel.
Impulso del financiamiento privado
Estas redes de negocios no se dan por casualidad, están claramente enmarcadas en la Declaración de Incheon y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que llamó a la participación privada en el diseño, el financiamiento e incluso la implementación de la política educativa.
Hay al menos dos documentos de Naciones Unidas que refuerzan el énfasis en el financiamiento privado de la educación. El Informe sobre Inversión Global 2014 “Invirtiendo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible: un Plan de Acción” (ONU, 2014) establecía que para sostener todas las acciones necesarias para alcanzar los ODS, había una brecha de financiamiento de hasta USD $ 2.5 trillones de dólares anuales por cada año desde el 2015 hasta el 2030.
Una vez planteado ese desafío, en noviembre del 2019 Naciones Unidas publicó el documento “Financiamiento para el Desarrollo: Cooperación para el Desarrollo Internacional y otros asuntos sistémicos Interrelacionados” como resultado de la tercera reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos en Financiamiento al Desarrollo del Comité de Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas ( Trade and Development Board). En este se estableció que la cantidad de recursos necesarios para lograr los Objetivos de la Agenda 2030, requiere que se unifiquen los recursos de cooperación al desarrollo y los recursos de deuda y de inversión, pues por separado, estos recursos no son suficientes (ONU, 2019).
El documento consideraba que las estrategias utilizadas hasta el momento por los países en desarrollo para atraer recursos privados que “apalanquen” o complementen los presupuestos públicos, estaban perdiendo vigencia. Por todo ello, Naciones Unidas recomendó re-vigorizar el flujo de fondos de la cooperación Norte Sur y fomentar el “financiamiento mancomunado” (“pooled financing”) para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Adicionalmente, el documento expresaba que la participación de recursos privados en el financiamiento al desarrollo podía ser conveniente para los países de renta media, los cuales no cumplen los criterios de elegibilidad para recibir fondos no reembolsables.
Recursos para la educación condicionados
Actualmente, muchos de los recursos de la cooperación tienen como requisito o condición la participación del sector privado como “garantía” de transparencia o agilidad, entre otros. Sin embargo, incluso Naciones Unidas admite que existe una zona “gris” en el financiamiento a los fondos dedicados a costos de intermediación, administración y consultorías (ONU, 2019, p. 5).
Esta afirmación no es menor considerando que el mismo informe señala que en el periodo 2013 al 2017, solamente un 25% de los recursos de la cooperación al desarrollo se canalizaron a través de presupuestos estatales. Es decir, un 75% de los recursos se canalizaron por vías de agencias de cooperación, fundaciones, ONGs y otras estructuras privadas (ONU, 2019, p. 6), sin posibilidad de reportarse por canales oficiales o públicos.
El documento sobre “Financiamiento para el Desarrollo: Cooperación para el Desarrollo Internacional y otros asuntos sistémicos Interrelacionados” consideró que debido a la “insuficiencia” (inadequacy) del financiamiento de fuentes públicas nacionales o internacionales, era necesaria la participación del financiamiento privado “innovador” mediante fuentes de financiamiento híbrido que articulen donaciones, fondos no reembolsables con deuda y capital de inversión especulativo.
Este impulso a la inversión privada se refleja en que el aporte de la filantropía privada al flujo de cooperación al desarrollo, pasó del 1.9% en el 2009 al 3.7% en el 2017. Según datos de la OCDE a los que se refiere la ONU, la contribución de las fundaciones privadas sumó 13.9 billones de dólares del 2017 al 2015 (ONU, 2019, p.13).
El peso de estos recursos es más significativo para sectores como la salud y la educación, a los que se dirigen el 62% de los fondos de la filantropía privada. Otros sectores que son foco de estos fondos son la agricultura y el bosque (9%) y el fortalecimiento de la sociedad civil (8%). Mientras que África recibe el 28% de los fondos de la filantropía privada y Asia el 17%, América Latina recibe el 8% y Europa el 2% (ONU, 2019, p.13).
Otro reflejo de esta tendencia es que en el 2021 la firma “Rockefeller Philanthropy Advisors” (RPA, 2021) publicó un artículo ofreciendo asesorías a filántropos y donantes que buscan consejería para colocar fondos en educación. En este se registraba que en el 2020, los donantes de Estados Unidos entregaron 71 billones de dólares a proyectos educativos, lo cual representó el 15% de todas las donaciones de ese país. Los fondos se destinaron a “facilitar la colaboración entre gobierno y empresas y a lograr mayor escala e impacto” (traducción propia).
Un 57% de los recursos se dirigió a la educación primaria, media o secundaria, un 49% a educación para el empleo y un 4% a la educación en primera infancia. El llamado de Rockefeller Philanthropy Advisors es a que los inversionistas se animen a inyectar recursos en temas que ya han demostrado logros, como son los proyectos en educación socio-emocional, preparación para el trabajo y mecanismos de evaluación y medición.
Consecuencias de inversión privada
El impulso del financiamiento con recursos de inversión y fondos filantrópicos privados en educación es clave para el análisis por varios motivos.
En primera instancia, porque la filantropía tradicional que actuaba en los años 80s y al inicio de los años 90s solía colocar recursos, sin participar directamente de la ejecución de los recursos, en la mayoría de los casos.
Por el contrario, los inversionistas y filántropos de la actualidad, principalmente si actúan como inversionistas que colocan fondos de especulación o de deuda, suelen tener una participación mucho más activa. Pueden participar en la definición de criterios para seleccionar unos proyectos o iniciativas sobre otras, en la definición de indicadores de lo que se va a medir y dónde se va a poner el foco para decidir si su inversión tuvo impacto o no, e incluso, pueden decidir quién o quiénes implementan los recursos, cuándo se hacen los desembolsos, etc.
En segundo lugar porque, como se ha mencionado previamente, el 75% de los fondos del sector privado filantrópico se canaliza a través de canales no públicos y no estatales, que no están sometidos a procesos de rendición de cuentas, reportes oficiales, transparencia ni pago de impuestos (p. 15).
Y por último, porque queda en evidencia que desde Naciones Unidas están promoviendo alianzas público-privadas que fomentan mayor participación privada en el financiamiento - y con ello, en la definición del rumbo de la política pública de todos los países, incluyendo los de nuestra región.
Desde el Movimiento Pedagógico Latinoamericano y desde la Red de Trabajadoras de la Educación debemos mantenernos alertas sobre estas dinámicas si queremos resguardar el caracter público y gratuito de la educación, que debe ser garantizada y financiada por el Estado.
Fuentes
ONU (2016). Public-Private Partnerships and the 2030 Agenda for Sustainable Development: Fit for purpose? Elaborado por Jomo KS, Anis Chowdhury, Krishnan Sharma, Daniel Platz para el Despartamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidad. Publicado en el DESA Working Paper No. 148 ST/ESA/2016/DWP/148 https://www.un.org/en/desa/public-private-partnerships-and-2030-agenda-sustainable-development-fit-purpose
Rockefeller Philanthropy Advisors (2021) Education and Philanthropy: A Topic Brief for Donors https://www.rockpa.org/education-and-philanthropy-a-topic-brief-for-donors/
ONU (2019) Financing for development: International development cooperation and interrelated systemic issues* https://unctad.org/system/files/official-document/tdb_efd3d2_en.pdf