DIARIO RADIO U (2016/05/30) Dirigentes enviarán documento con exigencias al gobierno. La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) inició una arremetida de movilizaciones y exigencias al gobierno, en el marco de la discusión de la reforma a la educación superior. Así, el 1 de junio los universitarios van a votar para iniciar un paro indefinido, ante la falta de respuestas del gobierno a sus demandas y como una medida de presión para que se les presente el proyecto antes de que ingrese al Congreso.
En este contexto, los dirigentes preparan un documento con los puntos centrales que van a exigir, y cuyos lineamientos surgieron en las asambleas realizadas durante el paro reflexivo del 17 de mayo. Uno de estos apunta a que se modifiquen los protocolos de cierre y administración provisional de instituciones y que se considere la estatización de los planteles en caso de que no cumplan con las condiciones de existencia.
“No nos gusta que la ley de administrador provisional considere que las instituciones que lucran o que tengan que cerrar, sean intervenidas por el Estado y que, al ser saneadas, se devuelvan al mismo dueño. No puede ser que el Estado invierta en recuperarle el negocio a los privados”, indicó la presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. de Santiago, Marta Matamala.
La dirigenta agregó que “el Estado debe hacerse cargo de manera permanente de esos planteles y hacerse responsable de los alumnos. Y al mismo tiempo esto sirve para hacer crecer la matrícula estatal”.
Las demandas de los universitarios se basan en tres ejes: educación pública, marco regulatorio, y gratuidad y financiamiento, explicó la presidenta de la Fech, Camila Rojas.
En materia de educación pública proponen el fin de la restricción de matrícula para las Ues, estatales y, por el contrario, restringir los nuevos ingresos en instituciones privadas que no cumplan con el marco regulatorio que establecerá la ley. También piden la creación de una red de instituciones estatales y el fin de la PSU.
Respecto del marco regulatorio, indican que se deben establecer condiciones para que los planteles accedan al financiamiento estatal. Por ejemplo, triestamentalidad en la toma de decisiones, término de las juntas directivas, elección de autoridades unipersonales como rectores, decanos y jefes de departamento.
Además, piden transparencia en el uso de recursos y establecer condiciones para existencia de las instituciones: reinversión de recursos y penalización del lucro. “En el borrador de la reforma se plantea fiscalización del lucro sin sanciones penales sino con multas y nosotros queremos que el lucro en educación sea sancionado con cárcel”, explicó el presidente de la Federación de Estudiantes de la U. Central, Gabriel Iturra.
Respecto de la gratuidad, van a exigir que se llegue a la universalidad, que se extienda el beneficio más allá de la duración formal de la carrera, que no se establezca por glosa presupuestaria sino en una ley permanente.
En el financiamiento de las instituciones consideran que deben haber aportes basales y de libre disposición para los planteles públicos, fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y condonación de las deudas.