Diario La Tercera (2015/10/24). Gratuidad en educación superior implica, según ha explicado el gobierno, que los estudiantes beneficiados no deban pagar ni un solo peso para financiar sus carreras. Y, debería significar también que el 100% de los recursos para costear la medida fueran entregados por el Estado. Pero un estudio de Clapes UC revela que, según la fórmula anunciada por el Ministerio de Educación, 18 planteles se verían obligados a cofinanciar esta política pública.
El economista y experto en educación de Clapes UC, Carlos Williamson, explicó que “con esta propuesta improvisada se está obligando a muchas instituciones a cofinanciar la gratuidad porque los recursos que antes ponían los estudiantes no serán cubiertos en un 100% por el Estado”.
Williamson añadió que “la fórmula no garantiza los recursos, de modo que existe el peligro de que esta política se haga sobre la base de dejar desfinanciadas a las instituciones teóricamente favorecidas, pero que finalmente serían perjudicadas”.
Según la proyección que hace el estudio, el número actual de potenciales beneficiados en las 28 universidades que ingresarían a la gratuidad es de 140.600, considerando la encuesta Casen 2013. A estos alumnos se sumarán posteriormente quienes se matriculen en 2016.
En el análisis de Clapes se muestra que entre los planteles más perjudicados está la Utem y la U. de La Serena, las que debieran cubrir el 100% de la brecha. Esto, según el investigador se produce porque en esos casos el arancel regulado sería igual que el de referencia actual. “Por lo tanto, como ya no hay copago, los recursos extra para llegar al valor real de la carrera tendrán que ser puestos por la universidad”, sostuvo Williamson.
El director de Finanzas de la U. de La Serena afirmó que “a esta fecha no es posible determinar si la universidad deberá financiar con sus recursos los efectos de la gratuidad, principalmente porque no existe información clara respecto de las variables que afectarán los cálculos”. Lo que sí será complejo, explica, “es el financiamiento del reajuste de las remuneraciones”.
El rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez, ha puesto en duda su ingreso a la gratuidad y afirmó que “si yo como Estado digo que vamos a implementar gratuidad, bueno debo absorber los costos de ese modelo en cada institución. Pero si usted va a entregar un 80% de los recursos y lo demás va a asumir que la institución lo tiene que poner, eso es un cofinanciamiento”.
El senador de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker coincide con esta tesis y dijo que “muchas instituciones no van a alcanzar a cubrir el déficit y tampoco el Estado va a poder compensar cada caso, porque el ministro de Hacienda ha sido claro en que no hay ni un peso más”.
Por su parte, el rector de la U. Católica de Temuco, Aliro Bórquez, planteó que “se supone que los recursos de la gratuidad van destinados a los estudiantes más vulnerables, los que en nuestra universidad representan sobre el 85%, y curiosamente recibiremos menos recursos que el 2015 para atender a estos mismos estudiantes”. Y agregó que “fue un error crear los aranceles regulados, o debió tenerse en cuenta que si estos eran menores que el arancel de referencia, debió mantenerse este último, que genera menos perjuicio de brecha”.
El autor del estudio señaló que es “incomprensible ofrecer a un grupo de instituciones de educación superior que participen en un esquema que les genera un déficit, sabiendo que la gratuidad es un beneficio evidente para los estudiantes actuales y, en consecuencia, poniendo presión a adscribirse a este modelo para evitar que ‘se incendie la pradera’”
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