DIARIO LA TERCERA (2016/07/13) El ministro de Hacienda sinceró que hoy no hay fondos para alcanzar la cobertura total.
Pese a que la ministra de Educación, Adriana Delpiano, había anunciado a La Tercera, que su par de Hacienda, Rodrigo Valdés, daría a conocer ayer a la Cámara de Diputados el plazo que maneja el gobierno para alcanzar la gratuidad universal, eso no ocurrió. Y al contrario, Valdés afirmó que “es inconducente ponerle tiempo” a esta nueva política.
Sin embargo, sí hubo espacio para proyectar cuántos serían los potenciales beneficiarios el día en que el país alcance la gratuidad universal. Para ello, la fórmula de avance definida especifica que se deben lograr ciertos niveles de crecimiento económico y en el caso de la cobertura total, se requiere un PIB tendencial de 29,5%. Cuando llegue ese momento, según los cálculos de Hacienda, la gratuidad sumará en Chile un total de 1.249.414 estudiantes (ver infografía).
Las condiciones de crecimiento económico que establece el proyecto fueron cuestionadas por los parlamentarios, ya que la promesa de la campaña no estaría asegurada. “Fue una meta muy importante, pero la realidad ha llevado a calibrarla”, afirmó Valdés.
Según el informe financiero, para cubrir la reforma a la educación superior se requiere de US$ 3.600 millones adicionales y el ministro Valdés enfatizó que “la realidad es que hoy no tenemos ese dinero. Chile tiene recursos para avanzar en gratuidad, dimos los primeros pasos, podemos llegar al 60% de vulnerabilidad, pero para avanzar en más niveles tenemos que esperar a que el Estado de Chile tenga más recursos”.
Valdés volvió a remarcar que habrá que evaluar otras necesidades nacionales cuando se piense en extender la cobertura de la gratuidad. “No podemos prometer cosas que no podemos financiar y con los dineros públicos siempre hay otras necesidades, por lo tanto, hay una ruta de gratuidad que es compatible con ir financiando otras necesidades”.
Según Hacienda, la sumatoria de las reformas en educación alcanzarían en régimen un mayor costo fiscal de 3,48 puntos del Producto Interno Bruto (ver infografía). “Dicho régimen requiere evidentemente más fondos fiscales”, agregó.
Esta cifra se aleja de la estimación de mayor recaudación que el Ejecutivo planteó en el informe financiero de la reforma tributaria, durante su discusión en 2014. En ese momento se esperaba que el Estado recaudara en torno a 3,02 puntos del PIB, es decir, unos US$ 8.300 millones, que no sólo se destinarían para la reforma a la educación, sino que además, para el mejoramiento del sistema de salud y de pensiones.
El ministro Valdés explicó que los otros proyectos de educación, principalmente carrera docente y la Ley de Inclusión, implicaron un mayor costo que el presupuestado, lo que redujo los recursos para la reforma a la educación superior.
Consultado por este error de cálculo, el senador PS Carlos Montes reconoció que, por ejemplo, “el gobierno tenía previsto una carrera docente que sólo se hacía extensiva para el sector público”. Además, advierte que en el proyecto de desmunicipalización “todavía falta ver cuánto costará exactamente la transición desde los municipios a los nuevos servicios locales”.
Para el diputado Jaime Bellolio (UDI) “de la presentación de la ministra la semana pasada y la presentación de hoy del ministro Valdés hay una sola cosa clara: el gobierno no quiere decir que no podrá cumplir con la gratuidad universal. De hecho, el ministro lo dice directamente, que no va a decir cuál es el plazo esperado para que se gatille, como dice él, la gratuidad total. ¿Por qué no lo dice?, porque esto es un gran engaño”.
En tanto, la diputada Camila Vallejo (PC) cuestionó que el proyecto establezca un mecanismo para llegar a la gratuidad total, dejando la toma de decisiones en los próximos gobiernos. “Nosotros no creemos que eso sea apropiado. Entendemos que hay que tener un equilibrio entre los ingresos del Estado versus los gastos, pero hay otras posibilidades también. Y Hacienda debería plantearse la posibilidad de discutirlas”, dijo.
El ministro Valdés explicó que en régimen la reforma no considera becas para las universidades que no adscriban a la gratuidad, pero que sí se tiene contemplado mantener un crédito. Además, señaló que es pertinente hacer “una sesión especial para analizar el CAE” y, si es necesario, “revisar la participación de la banca en el crédito”.
Además, remarcó que se requiere una revisión más precisa de los aranceles que cobran actualmente las instituciones de educación superior.