Diario La Tercera (2015/09/24). Medida permitirá a estudiantes decidir sobre reglamentos internos y actividades extra programáticas. Comienza la cuenta regresiva para el proyecto de Nueva Educación Pública, el que tiene que ingresar antes de que termine septiembre al Congreso. En esa línea, uno de los temas que el Mineduc se había comprometido a revisar es el rol de los consejos escolares en los establecimientos.
Hoy la legislación chilena permite que el sostenedor le entregue poder resolutivo al consejo escolar en algunas áreas, pero esto cambiaría. Así, el proyecto establecerá al menos dos ámbitos en los cuales la facultad resolutiva de los consejos escolares quede establecida por ley: programación de actividades extracurriculares y reglamento interno. “Tendrán incidencia en todo lo que es convivencia escolar, los estatutos internos que regulan eso, y el uso que se le da a la jornada escolar completa a través de las actividades extracurriculares. Esto hace que los consejos escolares tengan sentido, es un avance”, explicó Gonzalo Navarrete, alcalde de Lo Prado y presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).
Sobre esto, Mario Venegas (DC), integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, indicó que los reglamentos de los colegios “deben ser construidos con la participación de la comunidad”, aunque manifestó que podrían haber “reglamentos tipo”, o sugerencias que los colegios podrían aceptar.
La Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) remarcó que el cambio es positivo. “Apoyamos estas instancias, ya que es un compromiso que tiene el ministerio con los estudiantes. Es una herramienta para fomentar la organización”, indicó Ricardo Paredes, vocero de la Cones.
Distinta es la visión de Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar. “La participación de las comunidades locales es importante, pero hay que tener cuidado con distorsionar las características de ciertos órganos de los colegios”, enfatizó.
Dudas por transición
Gonzalo Navarrete se mostró preocupado por el hecho de que el “Acuerdo Nacional por el Fortalecimiento de la Educación Pública” aún no haya sido aprobado por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. El convenio establece los mecanismos para transparentar y regular los déficit financieros de los municipios y busca entregar además garantías de calidad en la transición al nuevo sistema de educación pública. “El atraso del convenio es algo grave. El que no se firme pone en riesgo de desaparecer durante la transición a la educación pública, porque no van a estar los mecanismos adecuados”, enfatizó el edil.
En el marco de la transición, el proyecto propondrá abrir un concurso público para definir las plazas de los futuros servicios locales de educación, con opción preferente para los funcionarios que están hoy en el sistema.
“Dos tercios de los 10.000 funcionarios que hay hoy en el sistema van a poder pasar a los servicios locales. Para el resto habrá incentivo al retiro y otros mecanismos. Los demás podrían quedar en los municipios en otras labores”, aseguró Navarrete.
Sin embargo, los alcaldes advierten problemas en torno a un traspaso así y no directo, como se pensaba que podría ser. “Los funcionarios de las corporaciones municipales son empleados con contrato bajo la normativa del Código del Trabajo”, remarcó Emilio Bocazzi, presidente de la Asociación de Corporaciones Municipales y alcalde de Punta Arenas. “Lo lógico es que el proyecto reconociera que hay capacidades y buscara formas de retenerlas”, remarcó el edil.
“Era parte de los compromisos del gobierno mantener la estabilidad de los funcionarios que hoy están en el sistema”, criticó Christian Vittori, alcalde de Maipú.
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