El panorama mundial de hoy y el cada uno de los países de América Latina se encuentra marcado por profundas transformaciones. Entre las más significativas se puede señalar el proceso de globalización y transnacionalización, el regreso a una economía reprimarizada, la pérdida de soberanía nacional, el crecimiento de la pobreza y la desigualdad social y, especialmente, el fenómeno de la creciente exclusión social. Una exclusión ligada al desempleo, la informalidad y la precarización laboral.
A todo eso hay que sumarle la construida incapacidad de los Estados para atender las necesidades y demandas de las mayorías, el agotamiento y vaciamiento de los sistemas políticos y de los partidos históricos, los procesos de democratización restringidos al ámbito electoral, el acelerado proceso de desarrollo tecnológico informático, las crecientes dificultades de los sindicatos para representar y lograr las demandas de las personas afiliadas, entre otros.
Enfrentado el sistema económico y político, a los requerimientos de las nuevas formas de la economía internacional y a la presencia de una competencia actuante hacia la monopolización, se ha planteado la necesidad de formar una fuerza de trabajo más eficiente, competitiva y con mayores capacidades productivas y de productividad, de modo que pueda hacer crecer la riqueza y las ganancias de las empresas.
En concreto la idea central ha sido y es la formación del “capital humano” y para ello se ha intentado transformar la educación, sus currículos, su pedagogía, su gestión y su propiedad.
Pero la formación de nuevas y funcionales capacidades de la fuerza de trabajo no era el único logro que se esperaba obtener de las reformas educativas. Las reformas también pretendían trasladar parte de los costos educativos del Estado central a los entes subnacionales: como estados, provincias, departamentos, pero también a los municipios.
En realidad lo que los reformadores querían y siguen queriendo en última instancia, era y es lograr que las familias financien la educación de sus hijas e hijos de manera directa, pero no podían comenzar por ahí, por eso empezaron con procesos de descentralización y de privatización parciales y operando a través de diversas formas de financiamiento compartido, como viene ocurriendo, por ejemplo, en las escuelas privadas subvencionadas de Chile.
Un segundo objetivo era y es la privatización de la educación, este proceso ha sido abierto o encubierto y empujado por el Estado o llevado silenciosamente a través del desprestigio de la educación pública. Sirvió a ese desprestigio los recortes presupuestarios iniciados en los 80 y continuados en los 90 del siglo pasado, al tiempo que se ampliaba la cobertura, en el lenguaje oficial. A eso se le llamó “hacer más con menos”. Además, se ha usado como instrumento la evaluación nacional e internacional estandarizada de estudiantes y más recientemente de docentes.
La evaluación tiene como objetivo declarado la búsqueda de la calidad y pretenden medir ese objetivo por medio de las pruebas estandarizadas. La calidad se alcanzaría con las reformas educativas dirigidas principalmente a cambios en la gestión, en la propiedad, en la pedagogía. Calidad y evaluación son hoy las puntas de lanza en la ofensiva en contra de la educación pública.
En el camino de hacer funcional la educación a los intereses empresariales se la ha recortado y empobrecido en sus objetivos. Se ha perdido su tendencia hacia la integralidad como proceso y como formación de personas, de sujetos y no sólo como trabajadores funcionales al sistema.
Después de recorrer un largo camino de reformas se ha llegado a la conclusión de que buenos maestros pueden hacer buena educación, pero esto ocurre después de tres décadas de desprestigio de las y los educadores y de sus organizaciones. A las y los maestros se les ha incorporado simplemente como operadores empíricos y disciplinados de las reformas ordenadas desde los gobiernos y organismos multilaterales. Por detrás de eso está el supuesto de que se trata de educadores incapaces que son responsables de los problemas por los que se atraviesa.
Es necesario señalar que el camino hacia la educación de calidad o, más bien (como preferimos llamarla), hacia la “buena educación” está plagado de obstáculos que están dentro de los sistemas educativos, pero también sustantivamente en los sistemas socio-económicos, culturales y políticos.
Las mediciones de la calidad (que no son tales) entregan resultados insatisfactorios en las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales que generan grandes escándalos mediáticos, particularmente PISA. En realidad si se observa con cuidado los resultados, se puede concluir que ellos son una fotografía de las desigualdades e inequidades sociales.
De manera general los resultados más bajos son para las personas pobres, indígenas, rurales, afrodescendientes. Esto quiere decir que si se eliminaran estas desigualdades, o se moderaran significativamente, los resultados podrían estar por encima de la media de PISA. Es necesario insistir en que para nosotros no hay, ni habrá calidad sin igualdad y equidad.
Además, el sistema, el mundo oficial y empresarial tampoco reconoce que problemas como las inadecuadas condiciones de trabajo, el papel deseducador de los medios de comunicación, la destrucción del tejido social provocado por el sistema socio-económico, el desenfrenado consumismo, son también elementos que explican los resultados considerados insatisfactorios de las pruebas estandarizadas.
La calidad no puede ser medible con pruebas estandarizadas. La calidad, hemos propuesto desde el movimiento sindical de la educación, se asocia a un proceso de formación integral de sujetos diversos y plurales, críticos y creativos.
Personas dotadas de capacidad de análisis y crítica, con cmportamiento ético con sentido colectivo y solidario, comprometidos con la defensa del conjunto de la vida en el planeta y con la democracia y con su comunidad. No hay calidad sin equidad.
Uno de los problemas más graves que enfrenta la educación en América Latina es la profunda desigualdad y exclusión social presente en sus sociedades, situaciones que se han agudizado durante las últimas décadas en que se ha impuesto el modelo neoliberal.
La amplitud de la pobreza, la destrucción del tejido social, la ausencia de horizontes de futuro y la falta de sueños, ponen en el aula a individuos agraviados en múltiples dimensiones con los cuales es cada vez más difícil trabajar procesos de formación y aprendizajes.
Una propuesta alternativa tiene que tomar en cuenta la calidad integral como el resultado del proceso de enseñanza aprendizaje en una educación que sea solidaria, socialmente referenciada, laica, en condiciones dignas, democrática, valórica, con compromiso con la comunidad, gratuita y garantizada y financiada por el Estado.
La educación pública es la única educación que garantiza la posibilidad de una buena educación para todas y todos y por lo tanto transitar el camino hacia la equidad y la justicia social y la transformación.
Combertty Rodríguez es el coordinador principal de la Oficina Regional de la Internacional de la Educación para América Latina. La Internacional de la Educación es una federación sindical con más de 35 millones de afiliados en todo el mundo.