Tal como se analizó en la breve reseña histórica de las reformas neoliberales de la educación en Honduras, las transformaciones no son recientes ni están fuera de contexto. Tras un largo camino de ajustes, la llamada tercera ola de transformación educativa en Honduras puede situarse en 2011, con la aprobación de la ley Fundamental de Educación.
Esta ha cual ha establecido nuevos parámetros para la educación del país, por ejemplo: se cambia el artículo 21 que establece que el último año de la educación prebásica (de 5 a 6 años) sea obligatorio, asimismo se cambia el artículo 31 que indica que la administración de los recursos humanos y financieros estará a cargo de la Secretaría de Educación Pública y se realizará de forma descentralizada a nivel departamental, se transforman las Escuelas Normales para dar paso a los Centros Especializados de Formación Docente con rango universitario lo cual ocurrirá gradualmente hasta el 2018; se obliga a cumplir con un periodo de 200 días de clases, y se indica que el gobierno debe destinar un presupuesto para conceder becas y transferencias condicionadas a los educandos en condiciones de vulnerabilidad.
También se eliminan las graduaciones de sexto grado de primaria, puesto que la reglamentación señala que la educación básica consta de nueve años, con edades de referencia desde los seis a los 14 años y se divide en tres ciclos secuenciales y continuos de tres años cada uno. Además, la Ley Fundamental de Educación eliminó los bachilleratos como el de ciencias y letras y algunas carreras como la de perito mercantil y contador público, las cuales pasarán a llamarse bachillerato científico humanista y bachillerato técnico profesional en administración y finanzas, respectivamente.
Pese a todas las críticas y a las importantes luchas realizadas por el magisterio, en el 2014 se terminaron de redactar los reglamentos que establecen los lineamientos para poner en ejecución la Ley Fundamental de Educación. Estos reglamentos siguen causando polémica al darle soporte a temas que se considera que menoscaban la educación púbica en Honduras. Uno de los aspectos más importantes es que el Reglamento General de la Ley le concede participación a las empresas privadas para brindar servicios tecnológicos y educativos en la educación formal, además estos reglamentos establecen la gratuidad por rangos de edades: el primer ciclo, que va de primero a tercer grado, las edades son de 6 a 8 años. El segundo ciclo, que va de cuarto a sexto grado, las edades son de 9 a 11 años. El tercer ciclo, que va de séptimo a noveno año, las edades son de 12 a 14 años. Esto ocasiona que si los/as estudiantes se pasan de esos rangos establecidos tendrán que buscar otras alternativas de estudio con empresas privadas (Suazo, 2013). En síntesis, el carácter que se le imprime a la reforma educativa tanto en la Ley Fundamental de la Educación como en sus reglamentos, lejos de fortalecer la educación pública y gratuita, promueve la privatización de la misma, situación que ha causado controversia y malestar entre muchos sectores de la población, y muy especialmente, entre el magisterio.
El ministro de educación Marlon Escoto, designado por el presidente Porfirio Lobo (Partido Nacional) y continuó en su cargo con el actual presidente Juan Orlando Hernández (Partido Liberal), se embarcó radicalmente en la reforma educativa de orientación neoliberal y se ha enfrentado cotidianamente con los gremios de docentes a partir de la consideración de que son los principales responsables del rezago educativo y un dique para alcanzar la calidad de la misma. Sin embargo, en un informe de 2011 denominado “Quiénes serán los futuros docentes del 2013” los resultados arrojaron que el rendimiento académico de los aspirantes a docentes de ese año no superó el 40%.
Por ejemplo dice que “en el año de 1966 el estudio Coleman en USA, el informen Plwoden en 1969 en Inglaterra determinaron que más del 60% del Rendimiento académico es explicado por factores socioeconómicos, la labor del docente es menos potente en explicación de esta variable. En Honduras en el año 2010 en un estudio de factores asociados se determinó que el 59% del rendimiento es explicado por estos mismos factores socioeconómicos, un 30% por factores de la Escuela incluyendo el docente y un 10% por otros factores. Los estados con altos índices de pobreza están condenados según estas investigaciones ya que las desigualdades sociales no parecen reducirse, la brecha entre ricos y pobres aumenta”.
Según lo que ese mismo Informe de 2011 argumentaba, los docentes tendrían una “responsabilidad” inferior al 30% de los resultados escolares, ya que ese 30% corresponde a la escuela y al docente. En otra parte señalaba: “la inversión del estado en la escuela oficial es baja, las brechas no se reducen”.
El Informe además señala que “lamentablemente” los datos coinciden, “aunque no expliquen totalmente. Los departamentos con bajo desempeño docente, tienen alumnos con bajo rendimiento académico, además la zona donde viven los alumnos y los docentes tiene un índice de Desarrollo Humano Bajo, en otras palabras donde hay pobreza impera la baja calidad educativa, allí los alumnos y los docentes no obtienen buenos resultados. Bajo Desempeño Docente, Bajo Rendimiento Académico y Bajo Desarrollo Humano”.
Entonces queda claro que para las propias autoridades los bajos rendimientos de los estudiantes y docentes en las pruebas estandarizadas, están vinculados a la pobreza, al escaso capital cultural y a un bajo índice de desarrollo humano, como factores que complementan o explican la pobreza. Mirado desde esta argumentación hay que decir que los informes de las autoridades que hemos citado extensivamente, son bastante razonables para explicar los bajos resultados académicos, pero entonces surge con más fuerza la pregunta sobre ¿cómo explicar la actitud de las autoridades en contra de los docentes y sus organizaciones, especialmente en 2014? La respuesta podemos encontrarla en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Escrito por Gustavo Arcia y Carlos Gargiulo. Gustavo Arcia, el primero consultor y Carlos A. Gargiulo economista Senior del Sector Social, publicado por la División de Educación (SCL/EDU), en marzo del 2010, denominado: “Análisis de la fuerza laboral en educación en Honduras”, publicado en 2010 y del cual citaremos algunos párrafos clave:
“Actualmente el salario magisterial está regulado por el Programa de Ajuste Social y Calidad Educativa (PASCE), firmado en el mes de agosto 2006 y que finalizó en 2009. Este convenio, que reforma el Estatuto del Docente firmado en 1997, aumenta el salario educativo en un porcentaje tan alto que pone en peligro el cumplimiento de los acuerdos del gobierno con el Fondo Monetario Internacional en cuanto al manejo del déficit fiscal”.
Como puede apreciarse los salarios son considerados altos, pero lo más grave para el BID, es que ponen en riesgo los acuerdos con el FMI. Después de muchas luchas sindicales el Estatuto del Docente fue aprobado en 1997, esto logró dar un nuevo aire a las acciones realizadas por los grupos magisteriales. Dichas acciones se encaminaron a defender los beneficios presentes y futuros de las conquistas docentes en temas como los incrementos salariales y la defensa de los derechos de los maestros.
El análisis continúa complementando lo anterior al señalar que: “por muchos años el gobierno ha enfrentado paros esporádicos y huelgas prolongadas en el magisterio por no poder resolver algunos problemas estructurales.
Además, los problemas de atraso en los pagos y el no cumplimiento pleno de lo firmado por las autoridades, que conformaría una suerte de deuda histórica con los docentes, no sería posible de resolver de acuerdo al BID, porque la dirigencia gremial se enfrenta a un conflicto de interés y no quiere una solución definitiva ya que: “…la solución permanente al problema salarial les restaría peso político, poder de convocatoria, y posibilidades de avance en el terreno político nacional”.
En resumen el BID plantea: hacer ver a la población que los sindicatos son enemigos del interés público, que deben transformarse de sindicatos de tipo industrial a sindicatos tipo académicos (léase sin reivindicaciones laborales), que se deben disminuir los salarios bajo el argumento que son impagables, que se debe eliminar el requerimiento de pertenecer a un gremio para ser maestro, que se deben medir los resultados a través de las pruebas estandarizadas y publicarlos para que los padres, como “clientes” que son, puedan pedir cuentas a los maestros, desmantelar los sindicatos como se ha hecho en otros países, ligar el salario al desempeño (obviamente medirlo con las pruebas estandarizadas), siguiendo el ejemplo chileno y peruano, que se debe sacar al sindicato de las negociaciones salariales y laborales.
Más allá de las medidas tomadas para destruir y/o debilitar gravemente a los sindicatos de docentes, la reforma educativa ha avanzado poco en otros planos. Se sigue intentando resolver los problemas de la “calidad” por la vía cuantitativa, se insiste en los 200 días de clase, se ha impulsado la doble jornada y/o jornada extendida de clases de manera inconsulta con los padres y madres de familia y con los docentes, el beneficio de esto, además de lo académico, tendría que ver con el proporcionar alimentos en la escuela y mantener a los niños y jóvenes alejados del peligro de las calles; se ha implementado en los colegios públicos la obligación de ir a clase de matemáticas y español el día sábado, también en los privados que tenían horarios similares a los públicos; se ha eliminado la repetición en primer grado de primaria y en los demás se han ampliado los exámenes de recuperación para evitar los aplazados y la deserción.
Los exámenes sólo valen el 30% de la nota y lo demás pasa por asistencia participación, como compensación de estas facilidades se elevó la nota de aprobación de 60 a 70%. Las cifras han mejorado tanto en repetición como en deserción, pero no queda claro que esto sea el resultado de mejoras en el proceso educativo y no responda a un maquillaje de los procesos y las cifras para mostrar avances y conseguir aprobación y apoyo internacional y créditos y tratar de cumplir en parte con las metas del milenio y las demandas de la EPT.
Uno de los caminos elegidos por el gobierno para golpear y debilitar a los gremios de docentes fue el traslado de los fondos de previsión de los colegios al INPREMA, los colegios se opusieron a la medida e instruyeron a sus bases para renunciar al programa de previsión de servicios médicos, el diario El Heraldo consignaba el 30 de junio que: “Todo indica que la Cuenta de Ahorro Previsional (CAP), creada mediante las reformas hechas al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), va rumbo al fracaso. Y es que cada vez son más los profesores que renuncian a esta iniciativa, establecida para permitirle al docente el acceso a los servicios médicos después de su jubilación, ya que son un gremio que pierde este derecho al momento del retiro. El titular del Inprema, Ernesto Carías, confirmó que a la fecha entre 30 y 40 mil profesores han dejado de cotizar al CAP, lo cual representa un 40 por ciento del total de cotizantes a esta iniciativa”.
Los docentes han recibido otros golpes en sus ingresos pues al establecerse la doble jornada, aquellos que tenían jornada plena no pueden ejercerla y deben renunciar a ella con lo cual sus ingresos disminuyen a la mitad y esto no es compensado por los ingresos provenientes de la doble jornada. La jubilación ha disminuido y se ha elevado la edad para la misma y con la nueva norma se promedia solo el sueldo base.
El Estatuto del Docente hondureño (1997) y el PASCE firmado en 2006 durante el gobierno del presidente Manuel Zelaya permitían a los docentes del país la obtención de salarios acordes a sus responsabilidades y dentro de las posibilidades del país, aunque el BID no lo considera así. El golpe de Estado del 2009 que puso fin al gobierno del presidente Zelaya por sus orientaciones progresistas y cercanías con el ALBA, eliminó en la práctica el PASCE y ha dejado pendiente el tema salarial con tendencia a su deterioro.
El año 2009 con el golpe de Estado y la oposición radical y prolongada de la sociedad al mismo y en la cual los gremios magisteriales tuvieron una notable presencia marcó el fin del pacto histó