(20/5/2014 Costa Rica) El conflicto en Costa Rica por el pago atrasado de los salarios al cuerpo docente va más allá de un cambio en el sistema informático de salarios como se ha querido ver. Las causas subyacentes son analizadas en el siguiente artículo.
El 5 de mayo, a escasos cuatro días del término del gobierno de la presidenta Laura Chinchilla, e inicio del nuevo gobierno del presidente electo, Luis Guillermo Solís, miles de docentes de la educación pública costarricense, liderados por las principales organizaciones magisteriales (Asociación Nacional de Educadores, ANDE; Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE; y el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC), iniciaron una huelga indefinida para protestar por el atraso de más de dos meses en el pago de salarios a más de 13.000 docentes que laboran para el Ministerio de Educación Pública (MEP), institución que agrupa a poco más del 80% del total de los y las educadoras del país.
Desde entonces y hasta el día de hoy, incluso, los docentes se mantienen en paro y continúan protestando en las calles de la ciudad de San José y otros lugares del país, para exigir el pago de los salarios atrasados. Según lo indican los gremios de educadores, las razones que los han llevado a ejecutar estas medidas de presión han sido el incumplimiento de los deberes patronales del MEP, al no poder garantizar el pago oportuno de los salarios.
Entre otras cosas, los y las docentes denuncian no haber recibido la totalidad del salario, el no pago por concepto de recargos, el que se les depositara el salario en tractos y, en algunos casos, el ni siquiera saben lo que les pagaron. Aunado a esto, se les ha negado el derecho a conocer u obtener el desglose salarial (detalle de lo que se les está pagando), debido a que las autoridades del MEP bloquearon la página web que la institución ofreció para darles esa información, lo cual ha acrecentado el malestar de los y las docentes.
Por su parte, las autoridades del gobierno saliente, en particular el entonces Ministro de Educación, Leonardo Garnier, han sostenido que el problema del atraso en el pago fue ocasionado por el traslado del Sistema Integrado Gerencial de Recursos Humanos (SIGRH) con el que efectuaban el pago de salarios, al Sistema Integra 2 del Ministerio de Hacienda, mediante el cual el Estado está llevando a cabo el proceso de centralización del pago de salarios a sus funcionarios y funcionarias del sector público. Este cambio se da como parte del proyecto MEPDIGITAL, el cual se inició en el 2007 con el objetivo de solucionar problemas con los pagos de las planillas. Sin embargo, no es sino hasta el 7 de marzo de 2014 que el traslado de un programa a otro se empezó a implementar, con las consecuencias ya descritas: el atraso en el pago a miles de docentes con el consecuente perjuicio económico laboral.
Pese a las numerosas promesas del anterior ministro y la actual Ministra de Educación, Sonia Marta Mora, el problema al día de hoy, 18 de mayo, sigue sin resolverse, el cuerpo docente continúa en huelga, y los niños, niñas y adolescentes en sus casas, sin recibir lecciones. La nueva ministra ha reconocido que hay aspectos técnicos que no se han podido solucionar y, debido a esto, las dirigencias sindicales han decidido que la huelga indefinida continúe hasta que se pague de manera completa a todas y todos los educadores.
- Las verdaderas causas del problema del atraso al pago de los y las docentes.
El problema del no pago a tiempo de los salarios a los y las educadoras no constituye en realidad un hecho circunstancial atribuible a problemas de manejo del nuevo sistema de cómputo. De hecho, este tipo de problema viene presentándonse desde hace varios años y, la causa de fondo, es de origen estructural y tiene su raíz en la política pública de empleo que se ha venido imponiendo en Costa Rica a partir de la adopción de las políticas neoliberales en los años 80’s. Esas políticas refieren a la adopción de nuevos sistema de contratación de los y las docentes de la educación pública costarricense.
Las raíces, entonces, del problema está en los siguientes aspectos:
- El incremento en el número de docentes que son contratados/as de manera interina, es decir, a plazo fijo. Por ejemplo, para el 2009, el porcentaje de nombramientos interinos en el MEP era el siguiente: en preescolar y I y II Ciclos el porcentaje de interinos contratados fue de un 34,1%, mientras que en III Ciclo y educación diversificada académica afectó al 56,5% de los y las docentes, y en III Ciclo y educación diversificada técnica alcanzó al 57,5% de los y las docentes. Esta tendencia ha venido en aumento en las últimas décadas, lo que significa la pérdida de la estabilidad laboral de miles de docentes.
- Flexibilización de la jornada laboral. Otro serio problema que están sufriendo las y los educadores es la flexibilización de la jornada laboral a la que son sometidos, debido al tipo de jornadas laborales que se les asignan. El horario de trabajo en clase varía de acuerdo al ciclo de enseñanza que imparten: en el caso de los y las docentes de primaria, generalmente se les asignan jornadas fijas (tiempo completo, medio tiempo, etc.), pero en el caso de los y las docentes de secundaria, la jornada laboral depende de la cantidad de lecciones que se les contratan, las cuales pueden estar segmentadas durante toda la semana, con grandes cajones sin lecciones y, muchas veces, por la poca cantidad de lecciones que se les asignan en un centro educativo, los y las docentes tienen que trabajar en dos o más centros educativos para garantizarse una mayor cantidad de lecciones y poder alcanzar así un salario más favorable. A esto se suma la pérdida temporal del empleo, entre el fin y el inicio de un nuevo curso lectivo.
- Intensificación del trabajo. Las nuevas formas de contratación que se han venido imponiendo, no reconocen la sobre carga laboral que enfrentan los y las profesionales de la educación, al tener que invertir muchas horas de trabajo fuera de la jornada ordinaria asignada, para poder revisar exámenes, planear las lecciones, preparar materiales pedagógicos, entre otras tareas, que forman parte indispensable del proceso educativo.
- Pérdida de derechos laborales. Al mismo tiempo, los y las educadoras, producto de esta nueva forma de contratación, han venido enfrentando la pérdida de sus derechos laborales, teniendo que soportar salarios deprimidos, inestabilidad en las fechas de pago (como está ocurriendo justamente en este momento), y falta de continuidad o vigencia de sus derechos laborales, al quedar desempleados por algunos meses (entre el término y el inicio de un nuevo ciclo lectivo), y tener que soportar contrataciones a tiempo parcial. Eso se traduce en no reconocimiento de anualidades, no pago de la cesantía, suspensiones en el pago de la seguridad social, entre otros derechos.
En síntesis, las políticas de empleo de corte neoliberal que se ha venido aplicando en el Sector Educación costarricense desde hace poco más de tres décadas, causan inestabilidad laboral, incertidumbre y malestar entre los y las docentes y, sobre todo, precarización de las condiciones laborales. Eso es lo que está detrás del atraso reiterado del pago de los salarios a los y las docentes. Por último, es importante dejar claro dos cosas. Primero, que esta política también tiene sus efectos en el desarrollo personal, familiar y social del personal docente, y abona al aumento de la desigualdad y la exclusión social que ha venido caracterizando el actual modelo de desarrollo. Segundo, que esta política laboral inexorablemente, impacta negativamente la calidad de la enseñanza, en tanto uno de los dos componentes principales del proceso enseñanza-aprendizaje, es decir, sus trabajadores y trabajadoras, carecen de las condiciones mínimas necesarias para pode ejercer adecuamente su función educativa.
Las consecuencias de esta precarización laboral están a la vista, dos semanas de huelga y de niños/as y adolescentes en sus casas, sin poder recibir lecciones. ¿Quiénes son los responsables de esta situación? Evidentemente, no el personal docente, sino los sectores económicos y políticos que han venido aplicando las nuevas formas de contratación laboral flexibles, de corte neoliberal, en el Sector Público de la educación costarricense. Es decir, el atraso en el pago de los salarios a los y las docentes, no es ni un problema coyuntural ni técnico, sino producto de las políticas neoliberales de precarización y flexibilización de la jornada laboral.
Referencias bibliográficas:
Programa Estado de la Nación. (2011). Tercer Informe Estado de la Educación. San José, Costa Rica. Programa Estado de la Nación.
Programa Estado de la Nación. (2013). Cuarto Informe Estado de la Educación. San José, Costa Rica. Programa Estado de la Nación.