El año 2014 y lo que va del 2015 están marcados por la discusión de reformas en el plano educativo de enorme trascendencia en Chile. Este país fue concebido y usado desde los años ochenta como un referente paradigmático acerca de las transformaciones que el neoliberalismo consideraba debían realizarse en lo educativo y en otros temas centrales del sistema social.
Dado lo anterior, las discusiones y los conflictos en juego en esta coyuntura son de carácter sistémico aunque no se refieran al conjunto del sistema económico, social y político. Pero lo que la discusión sobre lo educativo pone en juego es la lógica total y totalitaria de un sistema que plantea a la mercantilización del todo y a la ganancia como los ejes de la sociedad.
El cuestionamiento de la transformación de los derechos en mercancías es el nudo de la cuestión, por eso la derecha capitalista y neoliberal ha reaccionado con toda la fuerza que le ha sido posible frente a las propuestas de cambio que empuja el movimiento social. El éxito del movimiento abriría grietas significativas en el sistema, aunque el actual conflicto es ya la manifestación de grietas que pueden ser ensanchadas.
El sistema educativo chileno se había convertido en uno socialmente segmentado y reproductor de la desigualdad social. Su estructura está compuesta por: colegios privados para ricos, colegios privados subvencionados por el Estado para la clase media y los colegios municipales para pobres y marginados diversos.
La desigualdad y la segmentación social eran retroalimentados no sólo por la privatización, contribuían a ello de manera intensa la selección de estudiantes practicada por los colegios privados subvencionados, que excluían por motivos soportados en la proveniencia social y ésta sustentada sobre la desigualdad social, los problemas de estructura familiar, los comportamientos de los estudiantes (sus conductas) e incluso razones ideológicas y religiosas.
Otro elemento que cerraba la pinza de la desigualdad y la reforzaba era el llamado “copago” o financiamiento compartido entre los colegios privados subvencionados por el Estado y las familias. El copago ha llevado a duros esfuerzos de las familias para asumir el costo de la educación y a la segmentación educativa en función del status socioeconómico de las familias. Todo esto operaba a favor del lucro con la educación o la educación como negocio y no como derecho humano irrenunciable.
Actualmente se vive una coyuntura reformista en Chile, ella no se ha derivado de un proceso de racionalización desde el poder, ni desde la ciencia acerca de los resultados y los problemas suscitados por la privatización, desregulación y mercantilización de la educación chilena. Ella se originó en el desarrollo de importantes luchas sociales, donde participaron los trabajadores de la educación organizados (el Colegio de Profesores) y los estudiantes organizados, especialmente desde los primeros años de este siglo, arrancando desde los de educación secundaria y sus movilizaciones a partir del 2006 (la llamada “huelga de los pingüinos”) y de los universitarios en 2011. Estas movilizaciones crearon las condiciones y el apoyo social como para generar un clima político y un sentido común social que demandaba y demanda las reformas.
En 2013 el cambio de gobierno de la derecha, encabezada por el presidente Sebastián Piñera, hacia la coalición Nueva Mayoría, encabezada por Michelle Bachelet, facilitó la presentación de proyectos de reforma educativa en el Congreso Nacional que han ido concretándose poco a poco, aunque con modificaciones impulsadas por la derecha y los componentes más conservadores (Democracia Cristiana) de la coalición gobernante.
La primera reforma abarca y enfrenta tres planos esenciales: el tema de la mercantilización de la educación, la eliminación de la selección de estudiantes y el tema de la carrera docente.
El primero tiene que ver con la transformación de la educación en mercancía y por lo tanto, en un espacio de negocio, de lucro. Aquí son dos cuestiones claves las que se confrontan, el lucro y el financiamiento compartido. Como es sabido, Chile tiene un esquema de privatización fundamentalmente sustentado en escuelas privadas financiadas por el Estado, esta fue la propuesta y la realidad de la primera etapa de privatización emprendida por la dictadura de Pinochet, posteriormente se dio paso a la complementación de dicho financiamiento con pagos exigidos y realizados por los padres de familia, el llamado financiamiento compartido o copago.
La reforma legislativa ya aprobada elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro con la educación, pero no elimina las escuelas privadas subvencionadas que actualmente tienen alrededor del 70% de la matrícula de la educación básica y media, es decir, no hay un proceso de estatización de la educación.
La eliminación del lucro presenta algunas dificultades de concreción en cuanto a que se mantiene el derecho a una justa remuneración del dueño involucrado, aunque no puede pagarse a personas y familiares que no tengan actividad real en la escuela y, por otro lado, no desaparece la figura del arrendamiento de los espacios escolares, aunque se le somete a regulación. El arrendamiento ha sido una de las formas privilegiadas para obtener el lucro. Según un informe elaborado por el Ministerio de Educación para el Congreso, de los 6.017 colegios particulares subvencionados que hay en Chile, 4.374 tienen lucro potencial, lo que representa un 72% de ese tipo de sostenedores o dueños. Sostenedores es el nombre eufemístico que se le da a los dueños del negocio, es decir, los empresarios propietarios de los colegios. También se habla de gestión pública y privada como una manera de eludir nombrar la mercantilización y la explotación de los trabajadores de la educación por los empresarios del ramo.
Otro elemento fundamental de la reforma es la eliminación de la selección de estudiantes practicada por las escuelas privadas subvencionadas y no así, por las municipales que representan el espacio de lo público estatal, aunque hay un pequeño número que lo hace, como el Instituto Nacional de Santiago, en el Chile de hoy. Este aspecto es una forma directa de cómo se expresa la desigualdad económico-social en lo educativo y contribuye significativamente a fortalecerla y reproducirla ampliamente, consolidando la segmentación social, reconocida incluso por la OCDE abierta partidaria del sistema chileno. La selección representa no sólo un sistema que fortalecía la desigualdad, sino que también contribuía a la discriminación por motivos sociales, religiosos, de estructura familiar, etc.
Lo anterior es lo que se ha avanzado hasta mayo del 2015, pero hay otros espacios pendientes de ser reformados, uno se refiere a la eliminación de la municipalización de la educación pública, esta era la idea inicial del gobierno que consistía en crear un sistema nacional autónomo descentralizado y más de 60 servicios locales de educación a cargo de administrar los actuales establecimientos municipales.
El tercer punto esencial tiene que ver con la carrera docente, tema largamente demandado por el Colegio de Profesores. El gobierno había consensuado inicialmente con el Colegio la llamada “agenda corta”, sobre la cual no se ha llegado a un acuerdo definitivo. A pesar de esa circunstancia el gobierno ha venido difundiendo elementos que estaban contenidos en ella así: el bono de incentivo al retiro de los docentes que se quieran jubilar (alrededor de 35,000 dólares), la titularidad de los profesores a contrata (beneficiaría a más de 40,000 docentes), el mejoramiento del ingreso mínimo de ingreso a la carrera (podría ser de 800,000 pesos mensuales, unos 1,300 dólares) y la disminución del agobio laboral el cual alcanzaría en 3 años al 35% de horas no lectivas o frente a aula.
Hasta ahora no hay propuestas sobre el pago de la “deuda histórica”, la razón fundamental para no abordar el punto por parte del gobierno sería al parecer el alto costo financiero de la misma. Hay que recordar que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) ha señalado al gobierno que este punto debe ser resuelto, pues constituye una injusticia y una discriminación en contra de los trabajadores de la educación que fue realizada por la dictadura.
El tercer pendiente tiene que ver con la reforma de la educación universitaria, transformada en el mayor espacio de privatización y lucro de todo el sistema educativo.
Las posturas entre el gobierno y los trabajadores de la educación son diferentes en varios puntos como se puede apreciar en los documentos citados y han llevado a importantes movilizaciones del Colegio de Profesores, de organizaciones estudiantiles y sociales.
Una huelga de docentes realizada en junio del 2015 buscó consensuar con el Congreso los puntos presentados por el Colegio de Profesores respecto a la carrera docente, para lo cual está trabajando una comisión con la participación del congreso y los directamente involucrados.
Las decisiones que se vienen proponiendo y tomando en Chile son, como ya se dijo, fundamentalmente el resultado de la lucha de los involucrados, es decir, trabajadores de la educación, estudiantes de los diferentes niveles educativos y padres y madres de familia y otros sectores populares que las han apoyado.
Por otra parte, es necesario destacar que la educación no es sólo un espacio de interés económico para el sistema capitalista neoliberal, sino también un vital elemento de control político e ideológico. Es por eso que ha sido un agudo espacio de conflicto. La derecha ha defendido abierta y agresivamente la privatización argumentando que las reformas atacan la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos y que se provocaría una catástrofe por el cierre masivo de escuelas privadas subvencionadas por el Estado. Además, plantean que el gobierno debió haber comenzado solucionando los problemas de calidad de la educación pública y no interferir con lo que según ellos estaba funcionando bien, lo privado.
Otro punto muy importante y también resultado de las luchas es la promesa de gratuidad de la educación universitaria, de modo de que este nivel educativo deje de ser otro instrumento de segmentación social y desigualdad. Al respecto el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, expresó a la Radio Universidad de Chile, a que de no modificarse la actual estructura formativa en el modelo educativo, serán los de siempre quienes lleguen a dirigir los destinos de la nación: “Es por eso que, la única forma en el mundo, en que eso pueda ser reconvertido es una muy fuerte educación pública. Por eso, es el gran desafío, volver a fortalecer el sector para que dé una verdadera equidad, que disminuya esta desigualdad. Mientras no hagamos un esfuerzo en ese sentido, probablemente, los profesionales de Chile van a seguir saliendo del cinco o diez por ciento de los mejores colegios del país”, concluyó Vivaldi.
Los sistemas de evaluación y selección que hoy existen en Chile son reproductores de las desigualdades sociales, esto es válido para los diferentes niveles educativos, la educación perdió en gran medida su capacidad de ser un instrumento de movilidad social y se transformó en uno más de generación de desigualdad.
Las transformaciones anunciadas y algunas aprobadas plantean dudas significativas, como es que el lucro se mantiene en la educación privada y subvencionada, pero si ese lucro logra ser efectivamente controlado, en el largo plazo, la educación privada subvencionada podría retroceder en su importancia cuantitativa.
Además, el fin al lucro mantiene la educación privada subvencionada e incluso no sólo puede no desaparecer sino que podría crecer, de hecho hay planteamientos que señalan que con la gratuidad puede darse un moderado desplazamiento de estudiantes del sistema público al privado, pues el sentido común hegemónico compartido por una parte significativa de la población y que ha sido construido desde 1973 en adelante, es que la educación privada es mejor que la pública, entonces ¿qué impediría a los padres que piensan esto cam