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La política educativa en Uruguay: Experimentos y alianzas empresariales para lucrar

En Uruguay, la educación pública estatal atiende al 82 % de toda la matrícula, educativa desde el nivel inicial (excluyendo a primera infancia) hasta el nivel universitario. En el año 2008, 70.000 de los 85.000 estudiantes universitarios asistían a la Universidad de la República (INE, 2008).

La forma de privatización mayormente observada en el Uruguay es la configuración de redes de empresas privadas que venden servicios al Estado y entre sí, para gestionar diferentes componentes de la política educativa. Para el negocio de estas redes es muy beneficiosa la narrativa del Instituto Nacional de Evaluación Educativa -INEEd, la Fundación aliada de la Federación de Cámaras Empresariales del Uruguay, Eduy21 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE, sobre cómo la calidad educativa puede mejorar si se corrige el centralismo técnico de la Administración Nacional de Educación Publica (ANEP) y se da mayor autonomía los centros educativos para que puedan decidir sobre sus proyectos pedagógicos y asignar los recursos que necesiten, incluyendo el personal docente.

Se observa que la venta de diferentes servicios educativos se ha organizado como un “clúster productivo” en el sector educativo. Un clúster es, de acuerdo con Porter (1998), citado por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT; 2016) “un grupo de empresas interconectadas y de instituciones asociadas geográficamente próximas, en un campo particular, ligados por actividades e intereses comunes y complementarios”.