Para caracterizar la situación que han venido viviendo los trabajadores de la educación en Honduras y la educación misma, habría que señalar por lo menos los siguientes procesos y situaciones
-La aprobación y puesta en práctica de una reforma educativa impuesta a la sociedad y los trabajadores de la educación, reforma que sigue en lo esencial los lineamientos definidos por organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
-La represión desatada en contra de las organizaciones magisteriales y sobre los docentes mismos, para obligarlos a que acepten disciplinadamente la reforma educativa y las políticas desarrolladas en su perjuicio.
- Precarización de las condiciones laborales de los educadores.
Desde el año 2010, los trabajadores de la educación no han tenido ningún incremento salarial, primero se analizará lo que eso implica y luego las razones por las que eso ha ocurrido.
La inflación en Honduras, desde 2009 en adelante ha sido según el Banco Central, la siguiente:
HONDURAS: Inflación como promedio anual
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 4.7 | 6.8 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 3.2 | 2.7* | |
| 100 | 95.3 | 88.8 | 84.2 | 80.4 | 75.5 | 73.1 | 71.1 |
Fuente: Banco Central de Honduras y elaboración propia
Para tener una idea del impacto que la falta de incremento salarial y la inflación ha tenido sobre el ingreso de los trabajadores de la educación, se puede hacer el siguiente ejercicio estadístico. Si se parte del supuesto que un docente ganaba 100 lempiras al terminar el año 2009, lo que ha ocurrido es que el salario real de los trabajadores de la educación ha disminuido en un 27% hasta el 2015 y que sería de alrededor del 70% en 2016. Es decir, en vez de ganar 100 Lempiras, como ocurría en el 2009, ganaría sólo 70 al finalizar el 2016. A lo anterior hay que agregar el impacto de la Jornada Extendida que ha llevado a que muchos docentes que tenían 2 turnos, ya no los puedan tener y ahora solo reciban los ingresos correspondientes a un turno. Además, cabe añadir que hay maestros suspendidos y despedidos que han perdido temporal o en forma definitiva sus ingresos.
A inicios del 2016, el presidente de la República propuso un incremento de 1.800 Lempiras para los docentes: 800 Lempiras (aproximadamente $36 dólares) se aplicarían a partir de septiembre del 2016 y los 1.000 restantes en septiembre del 2017. Los 800 Lempiras elevarían el salario en alrededor de un 8%, pero lo perdido en los 7 años pasados ya no tiene recuperación.
De cualquier modo, el salario de fines de 2016 seguiría siendo en términos reales más de un 22% más bajo que en 2009. Un profesor que en 2009 estuviese ganando 10.000 Lempiras (diez mil), ha perdido como promedio 126.000 Lempiras (ciento veintiseis mil) en los 7 años siguientes. De otra manera, el que ganaba 10.000 Lempiras en 2009, debería estar ganando en 2016, alrededor de 13.000 Lempiras, para conservar su salario real. Si esa suma individual se multiplica por los 59.000 docentes (sin incluir los de PROHECO), el Estado hondureño dejó de pagarles a los docentes una suma cercana a los 7.500.000.000 (siete mil quinientos millones de Lempiras), algo así como 350 millones de dólares. A la caída del salario real debe agregarse el proceso de devaluación de la moneda frente al dólar y la pérdida en muchos casos del doble turno.
Además, se debe recordar que el total de docentes del país incluye a más de 6.200 docentes del sistema PROHECO (Programa Hondureño de Educación Comunitaria), creado en 1998 y supuestamente destinado a atender a las comunidades que no contaban con atención educativa cercana. En el año 2016 y hasta julio, esos docentes estaban ganando 6.300 Lempiras mensuales, lo cual está más del 50% por debajo del salario medio del resto de los docentes, esto a pesar de que ellos realizan la misma tarea, aunque con menos preparación y en peores condiciones laborales y de enseñanza que los otros docentes que no son PROHECO.
La Secretaría de Educación de Honduras tiene (según información oficial del 2016) un total de 71 mil 873 empleados, de estos 65 mil 469 son docentes, incluyendo los 6 mil 200 empleados por el programa PROHECO y 6.404 más que son personal administrativo.
El Estatuto del Docente hondureño de 1997 y el PASCE[1], firmado durante el gobierno del presidente Manuel Zelaya, permitía a los docentes del país la obtención de salarios acordes con sus responsabilidades y dentro de las posibilidades del país[2]. Lo anterior era visto de otra manera por el BID en el documento Análisis de la Fuerza Laboral en Educación en Honduras[3], donde se decía a la letra: “Este convenio, que reforma el Estatuto del Docente firmado en 1997, aumenta el salario educativo en un porcentaje tan alto que pone en peligro el cumplimiento de los acuerdos del gobierno con el Fondo Monetario Internacional en cuanto al manejo del déficit fiscal” (BID, 2010, pág. 2). El golpe de Estado del 2009 que puso fin al gobierno del presidente Zelaya, eliminó en la práctica el PASCE y ha permitido desde entonces el irrespeto constante del Estatuto Docente y estuvo en la base del no incremento salarial durante 7 años.
Además del tema salarial, desde hace ocho años no se crean plazas docentes y el sistema registra cada año un incremento de miles de nuevos alumnos en los mismos espacios, por lo que cada vez hay el hacinamiento en las aulas de clases es mayor. No obstante lo anterior, se han venido implementando políticas de cierre de centros educativos y, a la par, se registran más de 36.000 centros unidocentes y hay más de 28.000 profesores desempleados.
La política salarial ha ido acompañada de una aguda campaña de desprestigio e intentos de destrucción de las organizaciones de los docentes, pero lo que es más grave es el desprestigio del trabajo de los maestros, a quienes se les culpa de la mala calidad de la educación y, en general, de todos los problemas presentes en la tarea educativa y, por supuesto, por oponerse a la reforma educativa neoliberal.
- Reformas al INPREMA y confiscación de los recursos financieros de las organizaciones magisteriales
Dentro del ataque a las organizaciones gremiales y siguiendo los lineamientos propuestos por el BID[4], el gobierno, mediante las reformas al INPREMA (Instituto Nacional de Previsión del Magisterio), la apropiación de los fondos aportados por los miembros de los Colegios Profesionales del Magisterio y la eliminación de las aportaciones a estos colegios para las tareas de servicio social a los agremiados, no sólo ha cometido un despojo, sino que además ha tratado de quitarles estas capacidades de servicios a los colegios para debilitarlos y hacerlos menos interesantes o nada interesantes para los docentes.
Con la reforma del INPREMA el gobierno determinó que se realizaría una deducción del 4% del salario base a los maestros, el 3.5% sería para la CAP (Cuenta de Ahorro Previsional) creada por la nueva ley y el 0.5% para los colegios. Los colegios deberían transferir a la CAP las cotizaciones de los últimos 4 años destinadas a la Previsión. Los cotizantes de los colegios tuvieron un plazo de 60 días para renunciar a la CAP y permanecer cotizando en los colegios. Una cantidad muy significativa de los agremiados renunciaron a la CAP y permanecieron cotizando a sus colegios[5]. También la ley determinó que los docentes sólo podrían cotizar en un colegio magisterial, pero antes de las reformas a la ley del INPREMA, los docentes podían afiliarse y cotizar en más de un colegio.
No conforme con los resultados de la reforma al INPREMA y la creación de la CAP, y especialmente por la renuncia forzada de muchos afiliados a dicha cuenta, el gobierno emprendió una fuerte embestida contra los colegios utilizando a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, con el objetivo de realizar una suerte de intensa auditoría a los colegios, cuestión para lo que no estaba autorizada por Ley alguna. Afortunadamente, los colegios han logrado ganar esta batalla y encontrar la forma de seguir recibiendo las cotizaciones y seguir prestando sus servicios previsionales a sus afiliados. En realidad, renunciaron alrededor de 2/3 de los docentes que suman un poco menos de 60 000 (sesenta mil), y no un 40% como han señalado las autoridades.
Adicionalmente, con la nueva ley del INPREMA (23 de enero de 2012), se elevó la edad de jubilación de 50 a 56 años y en la práctica se redujo el monto de la jubilación por la forma de calcular la pensión. En la ley anterior, el INPREMA tomaba en cuenta para hacer el cálculo de la jubilación, los últimos 36 sueldos globales, incluyendo quinquenios, calificación académica y otros colaterales. Con la nueva norma ahora se promedia solo el sueldo base, sin colaterales, esto baja casi a la mitad el sueldo global con que se promediaba la jubilación. Esto ha implicado que un maestro pasó de jubilarse con alrededor de un 90% de su salario al 60% o menos.
Los docentes organizados en los colegios magisteriales han opuesto una dura resistencia a la reforma educativa neoliberal en su conjunto y han tenido algunos éxitos, pero esta sigue adelante como parte de la política autoritaria y antidemocrática que ha caracterizado a los últimos gobiernos en Honduras.. El ministro de educación Marlon Escoto se ha negado reiteradamente al diálogo con los docentes organizados y, por el contrario, ha sido el orquestador de las campañas de desprestigio del magisterio y sus organizaciones. Por otro lado, el BID es el responsable, por lo menos intelectual, de gran parte de las políticas de transformación de la educación hondureña y de los ataques muy precisos dirigidos al magisterio, a sus organizaciones, a sus derechos y al empeoramiento de la situación educativa, claro sin dejar de lado el papel del BM, padre intelectual y mentor de las reformas educativas neoliberales.
A manera de conclusión
Si se hace un análisis de la realidad del magisterio hondureño hoy (2016), lo encontraremos empobrecido por el deterioro de sus condiciones salariales y laborales, desesperanzado por las campañas de desprestigio, por la ausencia de políticas dirigidas a su fortalecimiento profesional y la obtención de un status social acorde con su tarea y su dignidad. Por supuesto que ninguna calidad educativa es posible sin equidad y sin la participación organizada de los trabajadores de la educación. La exclusión y el desprestigio de los profesionales de la educación hace fracasar cualquier reforma educativa. El autoritarismo neoliberal que se centra en la evaluación como mecanismo de castigo, represión y exclusión, es el camino disciplinador que han escogido los sectores dominantes en estos países, ellos son amorosamente asesorados por el BM, el BID y otros organismos financieros internacionales.
En Honduras la represión y la exclusión se desataron violentamente con el golpe de Estado del 2009 y se agudizaron por la dura resistencia de las organizaciones de los docentes y otros sectores de la sociedad a la ruptura de la democracia representativa. Pero no se trata sólo de venganza política, se trata también de eliminar obstáculos y resistencias al avance neoliberal y su depredación de los seres humanos y de la naturaleza. Además, la educación, el aula, la escuela, la comunidad educativa, se presentan en la actual etapa como un componente y un espacio muy importante de la lucha de clases, de la disputa por la hegemonía ideológica-política, de la disputa por el sentido común de las personas en su pensar y actuar cotidianos.
[1] Programa de Ajuste Social y Calidad Educativa (PASCE), firmado en el mes de agosto 2006 y que finalizó en 2009, con el golpe de Estado.
[3] Escrito por Gustavo Arcia y Carlos Gargiulo. (Gustavo Arcia, el primero consultor y Carlos A. Gargiulo Economista Senior del Sector Social), publicado por la División de Educación (SCL/EDU), NOTAS TÉCNICAS # 7. Marzo 2010. © Banco Interamericano de Desarrollo, www.iadb.org
[4] Op cit.
[5] El titular del INPREMA, Ernesto Carías, confirmó que a la fecha (junio del 2014) entre 30 y 40 mil profesores han dejado de cotizar al CAP, lo cual representa un 40 por ciento del total de cotizantes a esta iniciativa.