La reforma educativa reciente en Honduras tiene un marcado carácter neoliberal y ha supuesto políticas muy agresivas hacia las y los maestros y sus organizaciones sindicales, especialmente desde el año 2009 con el golpe de Estado y agravándose después de 2011. Pero las transformaciones tienen trasfondos anteriores.
Los intentos de transformar la educación en Honduras hacia las propuestas neoliberales tienen ya una cierta historia en el país. Se puede decir que ellas comenzaron con el gobierno del presidente Rafael Leonardo Callejas que llegaba a la presidencia presionado e influido por las propuestas del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Callejas inició su mandato en 1990 y planteó un conjunto de reformas enmarcadas en el llamado Consenso de Washington, pero en lo educativo no hubo avances importantes con esta orientación. Su propuesta se denominó Programa de Modernización de la Educación y comprendía, en lo esencial, aspectos vinculados a la reestructuración de la Secretaría de Educación, la descentralización educativa, la obligatoriedad de un año de educación preescolar, la creación de programas de educación bilingüe y la formación de docentes con grado universitario para preescolar y primaria.
Una segunda etapa reformista en el espacio neoliberal se da a partir del cambio de gobierno que sitúa en el poder al liberal Carlos Reina (1994-1998). Aquí se aplica la reforma llamada Escuela Morazánica. Dicha reforma se centró en cuatro ejes principales: la gestión, la calidad y equidad, el perfeccionamiento docente y el financiamiento.
En 1994 se crea el FONAC (Foro Nacional de Convergencia), a partir de iniciativas desde instancias gubernamentales “con la intención de promover un verdadero diálogo y la tan necesaria concertación con la sociedad civil”. El año 2000 el FONAC, logró formular, socializar y validar un documento denominado Propuesta de la Sociedad Hondureña para la Transformación de la Educación Nacional. Los ejes en los que se fundamentó la propuesta realizada por el FONAC se basaron principalmente en la ampliación y la diversificación de la cobertura educativa desde la equidad, la evaluación de la calidad, la modernización de la gestión, la eficacia del sistema educativo nacional, el desarrollo del currículo articulado con los cambios generados a través del transcurso del tiempo y la aplicación de un sistema de evaluación y acreditación de la calidad. Esta propuesta de transformación de la educación nacional surgió debido a una consultoría realizada por parte del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), la Corporación Justicia y Democracia (de Chile) y la Agencia Danesa de Asistencia Internacional para el Desarrollo, la cual se enfocó, según el estudio del Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina (PREAL) con sede en Chile y de la Fundación para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andreu (FEREMA) en 2002, en detectar las causas de la problemática que se venían dando en torno a la agenda política y gubernamental. La propuesta del FONAC sería un importante soporte de la tercera ola de reforma educativa en Honduras que inicia en 2011.
El Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) fueron implementadas a partir de 1998. Según el discurso oficial ellas habrían sido creadas para atender a niños y niñas en zonas remotas donde no había un centro educativo del sector público, lo cual no siempre se cumplió; los docentes eran contratados por la AECO (Asociación Educativa Comunitaria) que la integraban y la integran alcaldes, patronatos y otras autoridades de la localidad.
Actualmente (mayo 2015) el salario de estos docentes es de siete mil lempiras, muy por debajo de los 12 mil que gana para empezar un profesor de primaria, contratado por la Secretaría de Educación. En este año 2015 el programa PROHECO cuenta con unos 6,200 docentes, de los cuales el 45 por ciento no tiene título. A partir de 2018 y de acuerdo a la Ley educativa vigente, se le exigirá al docente de dicho sistema tener su título de educación, ya sea a nivel primario o de técnico universitario o licenciatura, para que pueda laborar en él.
Este sistema no ha sido exitoso para la educación hondureña pues aunque puede haber resuelto parcialmente un problema de cobertura, lo ha hecho al costo de sacrificar la “calidad” pregonada por el discurso oficial neoliberal con docentes mal preparados, mal pagados y con condiciones materiales y pedagógicas de trabajo muy precarias y atendiendo a una población (extremadamente) pobre y empobrecida. En realidad el sistema buscaba introducir la participación de las autoridades locales, las familias y las comunidades en el manejo de las escuelas generando una descentralización localizada y fundamentalmente controlar y precarizar a los docentes haciendo depender sus contratos de la AECO e impidiéndoles su organización laboral y profesional.
La tercera ola de transformación educativa en Honduras, de abierta tendencia neoliberal, se vino a estructurar de manera amplia e intensa con la aprobación de la llamada Ley Fundamental de Educación (2011), la cual ha establecido nuevos parámetros para la educación del país. Esta ola con el claro antecedente de persecución del movimiento sindical y social, especialmente a los cuerpos magisteriales, del golpe de Estado del 2009.
Como el propio ministro Marlon Escoto ha denunciado en mayo de este año 2015, el sistema de gestión escolar ha fracasado y ha propiciado corrupciones y extorsiones diversas, como falta de pagos a docentes, fraudes y extorsiones con la creación de plazas falsas y otros delitos, como cobrar los cheques y pagarles menos a los docentes.