Diario La Tercera (2016/04/09). La mayoría de los reclamos relacionados con la normativa que partió el 1 de marzo bajan en comparación al año pasado.Transcurrido un mes de la puesta en marcha de la Ley de Inclusión, normativa que entre otras materias apunta a terminar con la discriminación en los colegios, las autoridades destacan el cambio que han evidenciado los establecimientos, apoderados y alumnos, en aspectos que año a año se traducen en denuncias ante la Superintendencia de Educación.
Los resultados registrados durante marzo dan cuenta de una baja importante en las denuncias relacionadas con algunos aspectos que incluye la nueva legislación. Por ejemplo, en marzo de 2015 se realizaron 73 acusaciones por la exigencia de útiles, uniforme y textos escolares, mientras que este año, por ese mismo ítem, sólo se hicieron 33.
Semanas antes de que se comenzara a implementar la ley, la superintendencia explicó que los colegios no pueden poner medidas disciplinarias como la suspensión de clases o la devolución del alumno a la casa, ya que “se busca conciliar el derecho a la educación (...) con una disciplina que tenga a los alumnos al interior del aula y no fuera de ella”, señaló en entrevista con La Tercera el superintendente Alexis Ramírez. El llamado de la autoridad, tuvo efecto en este sentido, ya que las cifras en materia de denuncias por suspensiones o devoluciones de alumnos al hogar cayeron casi a la mitad.
Manuel Sepúlveda, director de Política Educativa de Educación 2020 indicó que “en la mayoría de las áreas que se relacionan con los elementos que son modificados por la ley, efectivamente hay una baja”.
Sin embargo, agregó que es necesario esperar más tiempo para poder hacer un análisis más concreto.
Mismo diagnóstico tiene Ramírez, quien señaló que “aunque es un período muy corto para sacar conclusiones, la puesta en marcha de la Ley de Inclusión no implica necesariamente la erradicación automática o inmediata de las prácticas discriminatorias, las que tienen, nos guste o no, una larga data en nuestra sociedad. Cambiar estas prácticas no es solo un desafío normativo, sino que cultural”.
En el caso de las medidas disciplinarias, el superintendente manifestó que estas cifras muestran un avance en el resguardo al derecho a la educación y a la integridad física y psicológica de los estudiantes. “No obstante, este es un proceso en curso, que no fue fácil en un principio, porque hubo quienes entendieron que la no devolución de los alumnos a la casa, afectaba la disciplina, y otros que tenían ‘chipe libre’, para ir al colegio como quisieran. Ni lo uno ni lo otro. Las escuelas se han dado cuenta que pueden aplicar las medidas disciplinarias
contenidas en su Reglamento Interno, siempre y cuando no contravengan la legislación vigente”.
Discriminación y útiles
Un punto donde la ley muestra un avance más lento es en las denuncias relacionadas a materias de discriminación. Según los datos oficiales, en 2015 se realizaron 67 denuncias por esta materia y este año bajaron a 66 en los primeros 30 días del año escolar.
El ítem que más sube son las acusaciones por discriminación por embarazo y maternidad que en marzo del año pasado sumaron dos y ahora ya van seis. También caen los reclamos por discriminación por déficit atencional.
Para Sepúlveda, estas variaciones “se pueden explicar porque la ciudadanía está más pendiente de que se respeten ciertos puntos. Cuando se habla de no discriminación, las familias están más atentas”. Por esto, agregó Sepúlveda, se continúan dando a conocer estos casos.
Las denuncias por exigencias de útiles, uniforme o textos escolares son las que más bajan, pasando de 73 a 33. También caen las quejas por la exclusión de clases o de actividades por no cumplir con el uniforme escolar, que disminuyeron de nueve a una.
Sobre este tema, Ramírez indicó que “antes los apoderados reclamaban porque los colegios les exigían comprar útiles de marca y textos adicionales a los que entrega gratuitamente el Mineduc, y de estudiantes que quedaban fuera de clases por no llegar con esos materiales. Este año esa imagen casi no se vio, por el importante despliegue de información que entregamos a la comunidad escolar, y por el esfuerzo de los establecimientos por cumplir con la normativa”.
De todas formas, sí hubo 15 denuncias por la exigencia de textos escolares adicionales.
Para Rodrigo Díaz, abogado de la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide), este tema es un poco más complicado. “En cuanto a los materiales o textos escolares, hay una parte que, a mi juicio, la ley no toma en cuenta. Los profesores, en uso de su autonomía profesional, pueden decidir cuáles son los libros que utilizarán. Falta potenciar esa parte”.
Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile (Conacep), señaló que como la Ley de Inclusión establece cuáles motivos por los cuales no se puede desvincular a un alumno del colegio y las familias están obligadas a adscribir a los proyectos educativos, “se ven menos denuncias. Hoy los padres entienden el reglamento del colegio”.
En ese sentido, indicó que es posible que “haya más problemas en los colegios municipalizados que en los subvencionados, porque en estos últimos los padres ya conocen el proyecto y adhieren a él”.
En esa línea, Lily Ariztía gerente de la red de colegios Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), concordó con Herrera. “Los padres en estos colegios respetan los proyectos”, indicó Ariztía.
Sin embargo, la gerente de la red SIP no se apresura en los análisis. Para ella, aún no hay una constante que permita sacar conclusiones claras del impacto de la Ley de Inclusión. “Hay que esperar hasta el fin del semestre para analizar mejor el panorama”, señaló.