El día 28 de octubre de 2015 se votó favorablemente y el Senado de la Nación Argentina aprobó la modificación de la Ley de Educación Superior en lo que respecta a la gratuidad.
Esta modificación garantiza la responsabilidad principal del Estado en el financiamiento de la educación superior y la gratuidad de los estudios de grado en las universidades públicas.
Desde la Internacional de la Educación para América Latina nos unimos a las celebraciones de nuestras afiliadas argentinas CTERA y CONADU ante este nuevo paso adelante en la defensa de la educación pública y agradecemos todo el trabajo que en este tiempo llevó a cabo la compañera Diputada Nacional del Frente para la Victoria Adriana Puiggrós.
La diputada Puiggrós se dedicó durante estos años a impulsar la iniciativa y a trabajar incansablemente para lograr esta conquista que representa el afianzamiento de un derecho social y humano fundamental como es la educación para todos y todas. Puiggrós, destacó que “esta ley saca el ladrillo principal de la construcción de la ley del 95”.
La Cámara alta dispuso los cambios de varios artículos de la Ley 24.521, que se sancionó en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem. La nueva norma establece la responsabilidad “indelegable y principal” del Estado en la educación superior, considerándola un “bien público” y un “derecho humano”. Cabe aclarar que este proyecto ya había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados en mayo del año 2013, y en esa oportunidad el mismo había sido votado por todos los bloques excepto el Pro y el diputado Eduardo Amadeo.
"Valoramos y festejamos este nuevo avance en defensa de la educación pública, porque va en sintonía con nuestra lucha histórica contra la privatización y la mercantilización de la educación superior. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que esta nueva ley le da autonomía a las universidades en relación a la fijación de los salarios y desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) venimos batallando por un régimen salarial centralizado", señaló Carlos De Feo, Coordinador de Educación Superior de la Internacional de la Educación para América Latina.
Desde la Internacional de la Educación para América Latina nos unimos a las celebraciones de nuestras afiliadas argentinas CTERA y CONADU ante este nuevo paso adelante en la defensa de la educación pública y agradecemos todo el trabajo que en este tiempo llevó a cabo la compañera Diputada Nacional del Frente para la Victoria Adriana Puiggrós.
La diputada Puiggrós se dedicó durante estos años a impulsar la iniciativa y a trabajar incansablemente para lograr esta conquista que representa el afianzamiento de un derecho social y humano fundamental como es la educación para todos y todas. Puiggrós, destacó que “esta ley saca el ladrillo principal de la construcción de la ley del 95”.
La Cámara alta dispuso los cambios de varios artículos de la Ley 24.521, que se sancionó en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem. La nueva norma establece la responsabilidad “indelegable y principal” del Estado en la educación superior, considerándola un “bien público” y un “derecho humano”. Cabe aclarar que este proyecto ya había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados en mayo del año 2013, y en esa oportunidad el mismo había sido votado por todos los bloques excepto el Pro y el diputado Eduardo Amadeo.
"Valoramos y festejamos este nuevo avance en defensa de la educación pública, porque va en sintonía con nuestra lucha histórica contra la privatización y la mercantilización de la educación superior. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que esta nueva ley le da autonomía a las universidades en relación a la fijación de los salarios y desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) venimos batallando por un régimen salarial centralizado", señaló Carlos De Feo, Coordinador de Educación Superior de la Internacional de la Educación para América Latina.