Revisión de educar, no lucrar

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Los empresarios de la educación: la “sociedad civil” en la mesa del BID

El Banco Interamericano de Desarrollo sostiene plataformas de diálogo en todos los países de la región donde tiene operaciones. Estas plataformas se denominan Consejos Sociales (CONSoc) y actúan como espacios de “consulta permanente promovida por el Grupo BID e integrada por representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de cada país” (BID).

La selección de cada OSC que participa en los Consejos Sociales del BID o CONSoc se basa en la coincidencia de las actividades de estas OSC con las líneas acordadas entre el BID y los gobiernos de dichos países. El BID hace énfasis en que se trata de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y no Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) pues en la categoría de OSC el BID incluye a

“Asociaciones, instituciones académicas, grupos de responsabilidad social corporativa, grupos profesionales no lucrativos, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro (ONG), sindicatos, fundaciones, organizaciones afrodescendientes, asociaciones y comunidades indígenas, instituciones religiosas, y organizaciones formales e informales que pertenecen o representan los intereses de sus comunidades. Pueden actuar a nivel local, regional e internacional”(BID, 2016, p. 15).

Varias de las articulaciones empresariales que pertenecen a REDUCA participan de los CONSoc del BID en diferentes países.

El BID no ignora que muchos de los proyectos que financia provocan conflictos sociales. El BID informa que

“En los proyectos a gran escala especialmente los relacionados con la minería hidrocarburos, hidroeléctricos; infraestructura, transporte, existe una estrecha relación entre los impactos de los proyectos con los conflictos con la sociedad civil. En esta línea, proyectos entre $ 3 y $ 5 billones de dólares han reportado pérdidas semanales de $20 millones por retrasos en la producción ocasionados por conflictos sociales" (BID, 2016, p. 9).

En un intento de mitigar los impactos de estos conflictos (no necesariamente los conflictos, sino los impactos) en el año 2016 el BID publicó un manual sobre Consultas Públicas con Sociedad Civil: Guías para Agencias Ejecutoras Públicas y Privadas (BID, 2016). La Guía incluye metodologías para planificar e implementar procesos de consulta, así como los marcos legales correspondientes para dichos procesos.

Estos procesos de consulta, presentarían algunas oportunidades para romper el cerco informativo que suele rodear el diseño de los préstamos y de las Cooperaciones técnicas, que por lo general se manejan como procesos bilaterales entre las autoridades de gobierno y el BID o bien el BID y alguna agencia ejecutora privada o pública.

La Guía es un apoyo para los implementadores públicos y privados y el BID la presenta como una herramienta para mitigar los costos de los impactos negativos que pueden surgir a raíz de los conflictos sociales. El documento ofrece estrategias para atender situaciones principalmente en los sectores de infraestructura, economía extractiva y otros procesos con impactos medio ambientales.

La Consulta serviría además para establecer alianzas con la sociedad civil y la “reducción del potencial de conflictividad” mediante un espacio planificado del diálogo (BID, 2016, p. 13).

Fuente: BID, 2016

 

La consulta deberá tener un Plan que indique si tiene “carácter vinculante (las opiniones vertidas en el contexto de la consulta serán tomadas como decisiones parciales o finales) o no vinculante (las opiniones volcadas tendrán un alcance orientativo y serán tomadas a modo indicativo por parte de la Agencia Ejecutora)” (BID, 2016, p26). Según esta descripción, incluso cuando las consultas vinculantes y cuando las partes convocadas se expresaran en contra de un proyecto, esto no conllevaría a que se detenga un proyecto pues incluso pueden tomarse como decisiones parciales. 

 

 

 

El BID establece estas tres categorías para clasificar los proyectos que requieren ser cometidos a una consulta social:

  • La categoría A se refiere a proyectos que podrían generar impactos “ambientales negativos significativos y efectos sociales”
  • La B a aquellos con “impactos negativos localizados y de corto plazo, incluyendo impactos sociales asociados”. Estos proyectos requieren medidas de mitigación efectivas.
  • La categoría C se refiere a proyectos que no tendrían impactos negativos y para los cuales la consulta únicamente constituiría una buena práctica (BID, 2016, p. 122).

Es tarea de las agencias implementadoras de los fondos verificar en qué categoría se insertan los proyectos y llevar adelante las consultas sociales respectivas.

Si bien la guía no hace referencia a proyectos en el sector de la educación, muchos de estos pueden ser clasificados en la categoría B. Las organizaciones sindicales de la educación pueden demostrar cómo las reformas educativas, pedagógicas, administrativas impulsadas desde los proyectos financiados por el BID ciertamente pueden generar “impactos negativos localizados y de corto plazo, incluyendo impactos sociales asociados y para los cuales ya se dispone de medidas de mitigación efectivas”.

Un detalle importante es que, en el proceso de consulta, las partes “interesadas” deben tener acceso a “información sobre una amplia gama de cuestiones relacionadas con el proyecto” (p. 18). Si bien, estas consultas buscan legitimar los procesos impulsados por el BID y maquillarlos de “procesos participativos”, puede ser útil generar presión para que los proyectos vinculados al sector educativo también estén ser sometidos a procesos de entrega de información. Es decir, se puede exhortar a la “transparencia” de la que tanto habla el BID, transparencia que no ha caracterizado hasta ahora el proceso de diseño de los préstamos y las cooperaciones técnicas. 

 

Comerciantes de la educación en los CONSoc del BID

Como se explicó anteriormente, la invitación a participar en el CONSoc viene asociada a la alineación de las líneas de trabajo de los actores de “la sociedad civil” con las líneas del plan conjunto del BID y las autoridades del País.

En Costa Rica, las estrategias del BID incluyen mejorar la eficiencia del gasto en educación y orientar la propuesta educativa a las necesidades del mercado laboral (BID; 2019). La estrategia del BID en Perú para el periodo 2017 - 2020 claramente establece que el BID apoyará al país en “fortalcer el sistema de formación para el trabajo y su relación con el sistema educativo” (BID, 2017, p. 12). En Uruguay por su parte, la estrategia se enfoca en el “fortalecimiento del rol de los directores de escuela o liceo y mayor autonomía de los centros escolares; el apoyo al INEED; y la continuación del apoyo y asistencia al Plan Ceibal para la incorporación de la nuevas tecnologías en el sector educativo” (BID, 2015, p. 22).

En algunos países, algunos integrantes del CONSoc son conocidos actores de procesos de comercio educativo e incluso, integrantes de la Red REDUCA o bien actores que promueven los contenidos de emprendedurismo en los currículos educativos. A continuación se enlistan algunos casos.

País

Algunos Integrantes del CONSoc del BID vinculados al comercio educativo

Costa Rica

  • La Fundación Omar Dengo, que le vende servicios de tecnología educativa al Ministerio de Educación Pública.
  • Fundación Paniamor, que diseña y vende modelos de atención en primera infancia y de educación para el empleo.

El Salvador

  • Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social- FUSADES.
  • Fundación Empresarial para la Acción Social- FUNDEMAS.
  • Empresarios Juveniles (Junior Achievement Worldwide).
  • Vision Mundial

Perú

  • Empresarios por la Educación.
  • Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).
  • Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP).

Colombia

  • Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (aliado de Empresarios por la Educación).
  • Asociación de Fundaciones empresariales.

Uruguay

  • Desem Junior Achievement
  • Gurises Unidos (Ver)
  • Endeavor Uruguay (agencia de emprendedurismo)

 

Fuente: BID

 

Participar del CONSoc facilita el acceso a información, conversaciones alianzas y acuerdos sobre posibles “colaboraciones”, consultorías y acceso a fondos del BID. En ese sentido, participar en el CONSoc es otra forma de garantizarse incidencia en la toma de decisiones.

 

Fuentes

BID (2019) Costa Rica. Estrategia del grupo BID con el país 2019-2022. Tomado de https://www.iadb.org/es/paises/costa-rica/estrategia-y-representacion

BID (2017) Estrategia del grupo BID con Perú (2017-2021). Tomado de  http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-338576828-10

BID (2016) Consultas Públicas con Sociedad Civil: Guías para Agencias Ejecutoras Públicas y Privadas. Tomado de https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Consultas-públicas-con-sociedad-civil-Gu%C3%ADas-para-Agencias-Ejecutoras-públicas-y-privadas.pdf

BID (2015)Urguay. Estrategia del grupo BID con el país 2019-2022. Nota Sectorial de Educación.Tomado de http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39704733