El OLPE ha analizado un conjunto de informes y documentos en los que se evidencia que los Ministerio de Educación de la región han naturalizado diversas formas de comercio educativo, ya sea generando más y mejores condiciones legales y financieras para el establecimiento de centros educativos con fines de lucro o bien mediante la compra de servicios con fondos públicos a oferentes privados, entre otros.
La participación privada en la definición del Proyecto educativo nacional
Por otra parte, el proyecto educativo del país está expresado en el “Proyecto Educativo Nacional al 2021 La educación que queremos para el Perú”, aprobado por la Resolución Suprema N° 001-2007-ED, fue elaborado con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), mediante el órgano autónomo del Consejo Nacional de Educación.
El Proyecto Educativo Nacional (PEN) es evaluado anualmente y corregido o re adaptado según esa evaluación. A partir del año 2017 y mediante el Decreto 226-2017, el Ministerio de Educación define encomendar la evaluación y el rediseño del Proyecto Educativo al Consejo Nacional de Educación (CNE).
El Consejo es un “es un órgano especializado, consultivo y autónomo del Ministerio de Educación.Tiene como finalidad participar en la formulación, concertación, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Nacional, las políticas y planes educativos de mediano y largo plazo, y las políticas intersectoriales que contribuyen al desarrollo de la educación” ( CNE, s.f.).
El CNE diseña el Proyecto Educativo Nacional (PEN) mediante el modelo de “consultoría”, y cuenta con el apoyo de USAID mediante el proyecto AprenDes.
El CNE también orientó el diseño del Proyecto Educativo Regional (PER) , que orientará la política educativa en el nivel regional y que brindarái insumos al PEN. Las definiciones del PER deberán ser contempladas en el Plan de Desarrollo Concertado Regional (PDCR). En ese sentido, los fondos y la colaboración de USAID han jugado un papel sosteniendo el diseño del proyecto educativo en el Perú.
Una vez más, la naturalización de la participación del sector privado y de la cooperación internacional en la toma de decisiones en materia de política pública en educación se expresa en la forma en que se conformó el Consejo Nacional de Educación (CNE).
Es importante poner atención al hecho de que las personas integrantes de la CNE son “designados a título personal por el Poder Ejecutivo, con un mandato de seis años”. El actual presidente del CNE, César Guadalupe Mendizabal, ha sido consultor de la UNESCO desde el año 2001 y desde el año 2013 ha sido investigador de la Universidad del Pacífico, universidad privada fundada por la Compañía de Jesús (Fuente: DINA).
Entre el equipo de Consejeros de la CNE se encuentran personalidades de la educación privada con fines de lucro y consultores del BID, de USAID y del Banco Mundial. Entre estas personas se encuentran:
Ramón Barúa, Gerente General de Intercorp Perú Ltd. Intercorp es dueño de la cadena de escuelas de bajo costo Innova Schools -que ya anunció su proceso de transnacionalización con la apertura de 50 centros educativos en México- , de Futura Schools y de otros 4 grupos de educación privados (Fuente: Intercorp Lta).
Pauly Neira, coonsultor del Banco Internamericano de Desarroll (BID) y del Banco Mundial.
Teócrito Pineda, anteriormente subdirector del Programa Aprendes de la Región San Martín y coordinador regional del Proyecto USAID/PERU/SUMA en la mencionada región.
Mario Rivera Director de Calidad de la red internacional de instituciones académicas privadas de educación superior Laureate International Universities.
Santiago Cueto, director de Investigación en el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).
León Trahtemberg, copromotor del Colegio Áleph, centro educativo privado cuyo costo mensual asciende a los US$ 800.
María Isabel León promotora de los institutos privados de formación técnica como Iberoamericana (del que es fundadora) y Centro de Estudios AVIA (Fuente: CNE).
La participación -por invitación de las propias autoridades educativas- de líderes del sector privado, incluyendo promotores y comercializadores de la educación privada , en la toma de decisiones de la política pública muestra la intención del gobierno de reorientar la gestión educativa hacia formatos propios de modelos de negocio y de comercio.
Este tipo de enfoques dentro del propio MINEDU no son novedad, pues el ex ministro de Educación de Perú (2013-2016) Jaime Saavedra, ahora Director Senior de la Práctica Global de Educación del Banco Mundial, ha criticado la incapacidad de gestión del Estado y es defensor de generar un un sistema de vouchers que no supere los US$ 400, para que las familias puedan elegir entre la oferta pública y privada.
Legislar para la ampliación de la educación privada
El caso de Perú no muestra una excepción. El Reglamento de la Ley General de Educación (2012) aprobado mediante el Decreto supremo Nº 011-2012-ED establece un rol muy amplio para la empresa privada que empieza por el apoyo económico a los procesos educativos hasta la definción de la política educativa.
Específicamente, el Artículo 17 establece que el sector privado Fomenta y apoya la educación contribuyendo a disminuir las brechas de exclusión social de acuerdo a las políticas y prioridades del Estado. Participa en el diseño de políticas educativas, coadyuva a identificar las demandas del mercado laboral y la relación de la educación con el desarrollo económico productivo del país. Promueve alianzas estratégicas con instituciones educativas para el fomento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la formación profesional de los trabajadores y estudiantes del sistema educativo, que permitan acceder a empleos de mejor calidad, suscribiendo convenios de cooperación y apoyo para la especialización laboral de los estudiantes, el mejoramiento del desempeño docente, la dotación de infraestructura, materiales educativos y recursos tecnológicos. Participa en el desarrollo e implementación de instituciones y programas educativos prioritariamente en el ámbito territorial de su asentamiento en armonía con su entorno social y natural” (p. 10).
Un ejemplo de cómo las autoridades educativas han naturalizado la expansión de la educación privada se encuentra en la exposición de motivos de la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación Decreto Legislativo Nº 882, la cual plantea “que es necesario que el esfuerzo realizado a través de las Escuelas Públicas en las que, de acuerdo al Mandato Constitucional, el Estado garantiza la gratuidad de la enseñanza, sea complementado con una mayor participación del Sector Privado” (MINEDU, 1996). Esta misma exposición de motivos propone que “es conveniente dictar normas que fomenten la inversión privada en el esfuerzo nacional de modernización de la educación”, propuesta de interprestación amplia que abre un portillo para el uso de fondos públicos en instituciones privadas con fines de lucro, entre otros.
Este decreto brindó una plataforma para el crecimiento de la oferta privada en la educación pues, además de sarguemtnar que la oferta privada es necesaria para terminar de cumplir el papel del Estado, el artículo 2 del capítulo 1 establece que “Toda persona natural o jurídica tiene el derecho a la libre iniciativa privada, para realizar actividades en la educación. Este derecho comprende los de fundar, promover, conducir y gestionar Instituciones Educativas Particulares, con o sin finalidad lucrativa”.
Ese mismo decreto deja entender que no permitir el crecimiento del sector privado en educación sería contradictorio a lo ya establecido en otras leyes del Perú, puesto que “el Congreso de la República, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 104 de la Constitución Política del Perú, mediante Ley Nº 26648, prorrogada por la Ley Nº 26665 y la Ley Nº 26679, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de dictar normas legales para promover la generación de empleo y eliminar trabas a la inversión e inequidades, entre otras materias”.
El enfoque de este decreto coincide con la mirada neoliberal que ha permeado todas las políticas públicas desde a década de los 80´s y que han debilitado al Estado como actor capaz de garantizar los derechos y de brindar los servicios públicos de manera satisfactoria. Ante este debilitamiento, las propias instituciones públicas hacen un llamado al sector privado para que brinde diferentes servicios y encuentre en la esfera de los derechos, entre estos el derecho a la educación, un ámbito para hacer negocios.
El documento “Revisando el concepto de la Educación como un bien público” de la Oficina de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO, 2016) también ha promovido este enfoque de considerar a la oferta privada como una herramienta para lograr la equidad en educación. El documento sostiene que “dada la posibilidad de que algunos queden excluidos de la educación, los actores privados pueden proveer educación a los niños cuyos padres pueden pagarla”(p.3) y agrega que el Estado debe concentrarse en brindar educación a las niñas y niños cuyas familias no pueden pagarla.
Datos de Balarín (2016) muestran que “entre el año 2000 y el 2014, la matrícula en educación básica privada pasa del 14 % al 26 % de la matrícula total a nivel nacional” (p. 182). El aumento de la matrícula en el sector privado fue aún más alto en la ciudad de Lima, donde en tan solo una década esta matrícula caso se duplicó, pasando de un 29% en el 2004 a un 50% en el 2014. El costo de mensualidad de estas escuelas varía de los US$ 50 hasta los US$ 250. En el Perú, el sueldo mínimo en el año 2018 es de US$ 285.
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…la oferta privada de costo aparentemente accesible y diverso genera una “migración” de estudiantes del sector público hacia el sector privado. Así, sin que necesariamente se esté generando un proceso de privatización, la escuela pública va perdiendo presencia…
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Balarín ha analizado cómo el mercado ha desarrollado una oferta de escuelas privadas de bajo costo para las clases medias y empobrecidas, oferta que se centra en lograr resultados en materias muy específicas, en especial lenguas y matemáticas, relegando a un segundo plano otros aspectos de la educación.
Este crecimiento de la oferta privada de costo aparentemente accesible y diverso genera una “migración” de estudiantes del sector público hacia el sector privado. Así, sin que necesariamente se esté generando un proceso de privatización, la escuela pública va perdiendo presencia y vigencia social y temrina con convertirse en un reducto de asistencialismo para la población más excluida, incumpliendo el rol de cohesión e integración social.
Esta “migración” es ratificada en el ESTADO DE LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ Análisis y perspectivas de la educación básica, del año 2017, Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) a través del Proyecto Fortalecimiento de la Gestión de la Educación en el Perú (FORGE), implementado con fondos otorgados por el Gobierno de Canadá. El documento plantea que “la matrícula en programas gestionados por el sector Educación se ha reducido en los últimos diecisiete años, como efecto de la caída tanto del número de nacimientos —que se registra de modo sostenido desde 1993— como por la importante migración de matrícula hacia el sector privado particular” (p. 78).
La oferta privada también se ha extendido en el caso de los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA), que atienden a jóvenes y adultos que se han visto excluidos del sistema educativo. El Relgamento de la Educaicón Básica Alternativa, en su artículo 53, establece la autonomía pedagógica y administrativa de los CEBAS y la posibilidad de presentar una gestión pública, privada o por convenio (p. 16).