La Comisión de la Educación, estructura que asesora al Banco Mundial, ha invitado a inversionistas privados dedicados a la filantropía a decidir sobre la carrera docente, mediación pedagógica y presupuestos educativos.
Los nichos en los que los inversionistas privados colocan sus recursos han evolucionado. Si antes lo hacían en industrias más tradicionales, recientemente los fondos de inversión y la filantropía volvieron su mirada hacia la llamada “inversión de impacto social”. Esta es la colocación de recursos económicos que se hace para generar algún beneficio ambiental o social, pero con el requerimiento de que genere rendimiento financiero.
Una de las áreas donde se ha empezado a poner en práctica este sistema es el sector de la educación. En marzo del 2022, la Comisión de la Educación presentó el Fondo de inversión llamado “Fondo la Mayor Acción” (the greater Share Fund, en inglés). Su propuesta es llevar al mundo de la educación “las prácticas y las estrategias de inversión que usan los “fondos con mayores rendimientos” y las ONGs de mayor impacto”. El término “share” se refiere a las acciones de una empresa. Share también significa compartir. Claro está que es un buen juego de palabras.
Sin embargo, no estamos hablando de donaciones libres de agenda. Al igual que lo hacían en otros nichos, al invertir su dinero en alguna iniciativa, proyecto social o “nicho temático” para generar nuevos negocios, los inversionistas de impacto exigen datos que demuestren la solidez y las oportunidades de crecimiento, como forma de motivar la inversión. Esto nos hace suponer que los centros educativos que reciben inversión tendrán aún más presión por generar datos de desempeño para garantizarse el presupuesto educativo que requieren.
Además, los filántropos esperan tener retorno económico de su inversión, así como evidencia que muestre el impacto social y/o socioambiental. Por lo general lo hacen para observar si pueden “escalar” los resultados de su inversión, es decir repetir en mayores dimensiones para lograr mayor retorno.
Esto no representa una solución a largo plazo para los sistemas educativos porque ningún inversionista, incluso si es un inversionista de impacto, está obligado a repetir su inversión si no hay rendimiento económico o si no considera convincentes los datos que recibe. Igualmente, un inversionista puede perder interés en un tema o iniciativa que está financiando y retirar sus recursos en cualquier momento. Cuando decide retirarse de una iniciativa, el inversionista puede pedir la devolución de su inversión, así como el pago de la ganancia que esperaba recibir.
De la filantropía tradicional a inversiones de impacto
La filantropía tradicional que conocimos en los años 80s y 90s solía colocar recursos sin esperar un retorno de los mismos. Algunas veces, sin participar directamente de la ejecución de los recursos. Por el contrario, los inversionistas de impacto suelen tener una participación mucho más activa.
Pueden participar en la definición de criterios para seleccionar unos proyectos o iniciativas sobre otras, los indicadores de lo que se va a medir y donde se va a poner el foco para decidir si su inversión tuvo impacto o no; pueden decidir quién o quiénes implementan los recursos, e incluso, cuándo se hacen los desembolsos, etc.
Esta participación ya puede notarse pues el “Fondo la Mayor Acción” anunció que quiere “reinventar” la visión de la fuerza laboral en educación y propone testear o experimentar con modelos educativos que puedan “escalarse”. Una amenaza evidente a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la educación.
Se trata de una nueva modalidad en la que los países deben competir por los recursos disponibles para educación. Más que una lógica en la que cada Estado establezca presupuestos públicos que garanticen el derecho a la educación pública, la Comisión tiene la visión de que se invierta en los proyectos e iniciativas que puedan mostrar resultados costo eficientes.
La aspiración es experimentar con modelos replicables y escalables a nivel mundial y, principalmente, que sean suficientemente atractivos para que un inversionista coloque ahí sus recursos y no se los quiera llevar por pérdida interés en el “nicho educativo”.
Especular con el presupuesto educativo
Pensar que la política pública se puede financiar con fondos de especulación y fondos de inversionistas, es una propuesta antipedagógica: esté método no garantiza estabilidad en la disponibilidad de los recursos y coloca una condición de rendimiento económico y retorno de la inversión que no es coherente con el sentido de la política pública.
Se debe recordar que la Comisión de la Educación (Education Comission), que impulsa estas soluciones, se conformó con el objetivo de presentar una agenda de acción para el financiamiento educativo global, y jugó un papel clave en las reuniones de primavera del Banco Mundial en el 2017, cuando presentó una propuesta para instaurar la Oficina Internacional para el Financiamiento Educativo (International Finance Facility for Education- IFFE).
¿Quiénes financian a la Comisión de Educación? Según el sitio de la Comisión, sus financiadores incluyen a las Fundaciones Atlassian, LEGO, Mastercard, Rockefeller y a los Fondos de Echidna Giving y las ONGs Education Cannot Wait, WISE, así como los gobiernos de Noruega, Holanda y el Banco Interamericano de Desarrollo- BID y UNICEF.
En noviembre del año 2016 esa Comisión presentó el informe “La Generación del aprendizaje. Invertir en educación para un mundo en proceso de cambio”.
En su reporte anunciaba que para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relativo a la educación de calidad, se requería “una revolución en el financiamiento educativo” y recomendó “movilizar nuevos financiamientos de una amplia gama de recursos, incluso mediante el establecimiento de un nuevo mecanismo de inversión educativa que ayude a adaptar el financiamiento de bancos multilaterales de desarrollo” (p.9).
Así, el “Fondo la Mayor Acción”, que trae inversión de filantropía privada a un fondo mundial, es el diseño o la solución propuesta para contar con el financiamiento para la educación que se propuso identificar en el 2016.
Uno de los argumentos que usa la Comisión para atraer inversiones de filántropos es que el 70% de los estudiantes no están preparados con las habilidades para unirse a la fuerza laboral y que, a partir de la pandemia, muchos países han recortado sus inversiones en educación.
El hecho de que Naciones Unidas, a través de la Comisión de la Educación, promueva la participación de recursos de especulación privada en el presupuesto educativo, abre el portillo a nuevos riesgos de desfinanciamiento de la educación pública. Desde el Movimiento Pedagógico Latinoamericano y desde la Red de Trabajadoras de la Educación se llama a resguardar pública y gratuita es un derecho, que debe ser garantizado y financiado por el Estado. El Estado es el responsable de garantizar el financiamiento de la educación pública.
Fuente:
The Educaction Comission. Publicación de Marzo de 2022. Greater Share: A new fund investing in learning teams for learning transformation https://educationcommission.org/updates/greater-share-a-new-fund-investing-in-learning-teams-for-learning-transformation/