Un proyecto del Centro Democrático que será presentado en la nueva legislatura busca declarar la educación como un servicio público esencial, hecho que, en términos prácticos, prohibiría los paros de maestros en Colombia.
La iniciativa, de autoría de la senadora Paloma Valencia, tiene como objeto proteger aún más el derecho a la educación “estableciendo que se trata de un servicio público esencial, y por ende no puede ser susceptible de paros”.
De acuerdo con Valencia, los estudiantes no pueden pagar “los platos rotos por las exigencias, que a través del cese de actividades, hacen los profesores en el país”.
“Si la educación es un servicio público esencial, no importa que lo presten privados, como ocurre en el caso de los servicios públicos, debe tener las mismas condiciones para todos los colegios e instituciones del país”, dijo la senadora uribista a RCN Radio.
La parlamentaria argumenta que ningún paro puede perjudicar la actividad escolar y que los derechos de los niños son superiores a todos los demás.
“Aquí lo que se debe defender son los derechos de los niños, que según la Constitución, son superiores a todos los demás, y los derechos de los colombianos que estudian y que quieren terminar sus carreras a tiempo”, argumenta Valencia.
Esta iniciativa ya generó resistencia por parte del gremio de docentes. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, se pronunció a través de twitter.
El gremio de educadores expone que la protesta es un derecho fundamental en una democracia y que “coartarla, restringirla, reprimirla, amenazarla, es un paso irrefutable hacia la dictadura”.
Desde Cartagena, Medardo Hernández, miembro del Sindicato de Educadores y Trabajadores de la Educación de Bolívar (Sudeb), también rechazó la propuesta manifestando que los paros de Fecode que se materializan en las regiones no son “un juego”.
“Los paros de Fecode que se materializan en las regiones no son un juego, ni es deliberadamente en contra de la comunidad educativa. Por el contrario, es en defensa de la educación pública, porque este es un país donde la financiación de la educación pública es crítica. Según la OCDE, Colombia es el país latinoamericano que menos invierte en educación. Solo el 3,9 por ciento de su Producto Interno Bruto es lo que se invierte en la educación”.
Hernández fue enfático al señalar que dicha propuesta es un “atentado al derecho integral de asociación sindical”.
“Venga de donde venga ese tipo de propuestas, sea cual sea el nombre del legislador, no deja de ser un atentado al derecho integral de asociación sindical contemplada en la carta política vigente. Pues el derecho de asociación sindical sin la posibilidad de denunciar, rechazar, movilizarse, incluyendo el cese de actividades, resultaría inocuo”.
Aprovechó para hacerle una invitación a la senadora Paloma Valencia para que se ponga acorde con el acuerdo firmado entre Fecode y el Ministerio de Educación. “El primer punto de este acuerdo es una reforma estructural del artículo constitucional que en materia de financiación de la educación pública se tiene. Fecode está pidiendo mínimo el 7 por ciento del PIB para que se invierta en educación”.