Privatización educativa en Uruguay: políticas, actores y posiciones

En América Latina, las políticas pro privatización han asumido un rol protagónico singular en los procesos de reforma educativa, especialmente a partir de la década de 1990 (Bellei & Orellana, 2014). La consecuencia más evidente –aunque no exclusiva– de estos procesos ha sido la creciente participación de agentes privados en la provisión educativa bajo diversos arreglos institucionales. En las últimas décadas, de hecho, América Latina ha sido la región del mundo en la que la privatización de la provisión educativa ha crecido de forma más acusada y constante (Verger, Moschetti, & Fontdevila, 2017).

A su vez, como rasgo particular y paradójico, los procesos de privatización en la región corrieron en paralelo al creciente ingreso a la educación pública de sectores sociales largamente excluidos del acceso a este derecho (Bordoli & Conde, 2016). El interjuego de ambos procesos no ha hecho más que poner de manifiesto las contradicciones y desafíos que enfrentan los estados de la región en materia de integración e igualdad.

En este contexto, y a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, el caso de Uruguay destaca por haberse mantenido relativamente al margen de la agenda privatizadora ampliamente difundida en la región. Si bien durante la década de 1990 el país no estuvo exento de experimentar una progresiva desvalorización de lo estatal en torno a lo educativo en el plano discursivo-ideológico, en la comparación con otros países de la región, el sector estatal ha conservado en Uruguay un rol central en la provisión educativa y la presencia de agentes privados en la educación se ha mantenido relativamente acotada (Bellei & Orellana, 2014; Bentancur, 2008; Bordoli & Conde, 2016; Verger, Moschetti, et al., 2017).