Diario La Tercera (2015/11/14 ) Sin los votos de la oposición el gobierno logró aprobar el presupuesto para este beneficio. Ahora lo verá la sala de la Cámara.
La sonrisa en el rostro de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, daba cuenta de su alegría en el momento en que la Comisión Mixta de Presupuestos aprobó la glosa 05, que regula el inicio de la gratuidad para 2016. Sin embargo, esa satisfacción contrasta con la reacción de los rectores de universidades privadas porque la medida está acompañada de la reducción del 50% de los recursos en el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), lo que afecta mayormente a estas instituciones, que ya contaban con dichos fondos y no recibirán ninguna compensación.
En el caso de las universidades del Consejo de Rectores (Cruch), la reducción del AFI será amortiguada con la redistribución de $ 12 mil millones en fondos basales. Pero, los planteles privados fuera del Cruch simplemente perderán la mitad de los fondos que iban a recibir por captar a los mejores 27.500 puntajes de la PSU.
El rector de la U. Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, calificó el hecho como un “robo a mano armada”. Y su par de la U. de los Andes, José Antonio Guzmán, sostuvo que “me parece una pésima noticia, una decisión discriminatoria, una improvisación que afecta en forma significativa nuestro presupuesto para 2016”.
En el caso de la U. de los Andes, debían recibir $ 971 millones, de los cuales la mitad permite dar becas de un 50% a 200 estudiantes. Y según indicó Guzmán, “es una improvisación que se decide en pocos días, sin medir el impacto que produce este cambio de política. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para revertir esta medida discriminatoria e improvisada”.
La ministra Delpiano respondió a las críticas de los planteles privados y afirmó que “ellos tienen alumnos de altos recursos, tienen un arancel libre, cobran lo que les parezca y lo que están dispuestos a pagarles sus alumnos y nos parece que no reviste mayor tema”. Además, enfatizó que “hemos decidido bajar a sólo la mitad del AFI, porque la ley lo permite. Podríamos haber bajado aún más, pero justamente para que esto no sea de una sola vez, va a haber un porcentaje de recursos que se reparten entre las distintas instituciones”.
Además, Delpiano anunció que el próximo año el gobierno enviará al Congreso un proyecto especial para eliminar el AFI. Esto, dijo, para que “esos recursos incrementen fondos de investigación, de calidad académica, de mejora de las universidades del Estado y también de las privadas del Cruch”.
Traspié por estatales
Una de las indicaciones que presentó el Ejecutivo a la partida de Educación apunta a que se cree un nuevo programa de fortalecimiento de las universidades estatales. Sin embargo, no pudo ser votada porque el presidente de la comisión mixta, Andrés Zaldívar, estableció que se requeriría unanimidad para aceptar la modificación y la senadora Ena von Baer se opuso.
La iniciativa, según explicó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, “busca identificar más claramente los recursos que van a las universidades estatales, es un instrumento que ya se usó en educación primaria y secundaria”.
La propuesta deberá ser revisada en sala, con lo que el gobierno arriesga que se rechace por parte de los parlamentarios de regiones. “El gobierno quiere separar los fondos de las universidades estatales y las del G9, y yo me opongo, porque en la región de Los Ríos no tenemos universidad estatal y si el gobierno decide reducir los aportes a los planteles privados del Cruch llegarán menos recursos a la U. Austral de Valdivia”, criticó la senadora.
Pasa a la sala de diputados
La glosa de gratuidad continuará su tramitación en el Congreso la próxima semana, cuando deberá ser revisada en la Sala de la Cámara de Diputados. De acuerdo a la planificación parlamentaria, esto debería concretarse el 16 y 17 de noviembre y posteriormente, la semana subsiguiente, pasará a la Sala del Senado.
Si bien ayer los ánimos eran de satisfacción en los ministerios de Educación y Hacienda, los equipos deben seguir trabajando para reponer temas que quedaron pendiente como la sanción a los IP y CFT que se comprometan a ser sin fines de lucro, pero que no cumplan y también la indicación para la creación de un nuevo programa de fortalecimiento de las Ues. estatales.
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