PRENSA EL TIEMPO (2016/07/27) El presidente del CES, René Ramírez, habló con la agencia Andes sobre la resolución enviada que busca garantizar la democratización de la educación y evitar que las universidades "tengan dueños" ya que estas instituciones deben ser de toda la comunidad académica.
Se trata de 9 artículos y dos disposiciones (una general y una transitoria) que buscan "desvincular cualquier tipo de propiedad que se quiera tener sobre las universidades particulares”, señaló Ramírez.
El funcionario explicó que esta discusión surgió a partir de la aparición de los denominados 'Panama Papers' que revelaron la vinculación de ciertas universidades particulares con paraísos fiscales. El Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI) realizó una investigación en estas universidades que reveló que no están cumpliendo con el artículo de la LOES que plantea que estas instituciones no deben tener fines de lucro.
“Las universidades particulares han movido 2.800 millones de dólares, que no son cantidades menores. De acuerdo a las informaciones del SRI existen excedentes de 200 millones de dólares que no son reinvertidos en las instituciones”, señaló el presidente del CES.
Las universidades sacan alrededor de 197 millones de dólares anuales del país hacia paraísos fiscales los mismos que podrían ser reutilizados en las propias instituciones para mejorar la institución, lo que constituye una práctica deshonesta, dijo. Asimismo, se firman contratos entre las universidades y las empresas vinculadas a sus autoridades para "redondear (mejorar) los sueldos".
Así se descubrió, por ejemplo, que una sola universidad estaba pagando arriendos de 10 millones de dólares o que se pagan 85 millones de dólares por la marca de la institución. Estas prácticas son las que se prohibirán con la reforma a la LOES.
“Esto no implica que la universidad no pueda crear empresas, eso queda claro en el proyecto de ley, pero obviamente estas empresas tienen que tener un fin relacionado al ámbito académico y tienen que ser mayoritariamente de la universidad”, aclaró Ramírez.
Las reformas darán la potestad al CES para sancionar y al SRI para pedir cuentas. “Los artículos además de dar competencias al CES y al SRI buscan que los excedentes siempre se tengan que invertirse en las universidades, que no existan vínculos entre las autoridades de las universidades con empresas y fundaciones de ellos mismos”, aseguró.
En este sentido habrá multas de hasta el 50% del excedente que no se ha reinvertido dentro de la universidad, suspensión de los recursos públicos (si es que los hubiera), disminución de categoría, perdida de exoneraciones tributarias y destitución de las autoridades.
Otro punto que destacó Ramírez es el alto costo de aranceles que tiene el Ecuador, que es en promedio 5.600 dólares. “Estas prácticas lo que están haciendo es elevar los costos que al final del cuentas paga el estudiante o el padre de familia. Entonces estamos proponiendo que en el caso de encontrar estas prácticas el CES pueda tomar la decisión de bajar los aranceles a estas universidades”, puntualizó.
En las reformas también se plantea regulaciones a los sueldos de rectores y autoridades pues se ha encontrado que en algunos casos llegan a ganar hasta 60.000 dólares. Además se ha detectado que el nivel salarial en muchos casos no coincide con la producción académica que generan.
Según Ramírez es necesario que las autoridades ganen un sueldo de acuerdo al número de papers y libros que escriben y a cuantas tesis dirigen, pero que ese sueldo tampoco puede ser exagerado pues debe coincidir con la economía del país.
“Los rectores tienen que tener un nivel salarial que esté en función del profesor que menos gana y en función de eso establecer. Que un rector gane 40.000 o 60.000 dólares en un campo que no tiene fines de lucro resulta ofensivo”, dijo.
Las universidades tendrán el plazo de un año para corregir sus prácticas. La propuesta que este martes llegará a la Asamblea podrá ser debatida en el marco de Ley de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas o el Código de Economía Social de los Conocimientos (Ingenios), que se encuentran en segundo debate.
Ramírez señaló que para vigilar que las universidades cumplan con esta nueva normativa, tendrán que entregar estados auditados de su gestión y el SRI puede pedir además información (cosa que ahora no puede hacerlo). En caso de faltar a la normativa, el SRI comunicara al CES y este se encargará de decidir la sanción que requiera la universidad.
En el marco de esta discusión el CES presentará este jueves 28 de julio, a las 18:00, el libro “De los bancos de papel a las universidades de garaje. Impactos en las políticas neoliberales en la educación superior en Ecuador”, escrito por Kintto Lucas, exvicecanciller del Ecuador. La presentación tendrá lugar en el edificio del gobierno zonal de Guayaquil (Antiguo Banco del Progreso).