DIARIO EL COMERCIO (2016/12/13).
Con 78 afirmativos y 16 negativos, la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces) y Mecanismos para Asegurar la Eficiencia en la Distribución y Uso de Recursos Públicos en el Sistema de Educación Superior.
Esta normativa se trató en segundo debate desde el mediodía de este martes 13 de diciembre del 2016. La votación finalizó pasadas las 15:00.
Diego Vintimilla, asambleísta de Alianza País, aseguró que con la aprobación de este proyecto se cierra una etapa de “feriado académico y salvataje universitario” en Ecuador. Esto en relación a que el Pleno procedió a declarar extinguidos los proyectos de creación de 13 de las 14 universidades que en el 2012 fueron suspendidas por no ofrecer la calidad educativa.
Sobre el patrimonio de estos centros, en la ley se establece que se constituirá un fideicomiso mercantil. En un plazo máximo de 45 días, a partir de la publicación de la normativa en el Registro Oficial, las instituciones de educación superior deben constituir un fideicomiso. El objetivo es constituir el patrimonio autónomo con los activos de los centros, que se usarán para pagar los pasivos a favor de trabajadores, del sector público, y las acreencias y transferir en caso de que hubiera excedentes a favor de instituciones beneficiarias.
Vintimilla también reclamó porque “algunos legisladores vienen a pedir el vuelto, luego de un salvataje universitario. Como si no supieran que el patrimonio de las universidades no es de los dueños sino de los centros y debe ir a formar parte del sistema”.
Luis Fernando Torres, legislador del Partido Social Cristiano y Cambio, apuntó que con el cierre se vulneró el derecho al debido proceso. Reiteró que el paso previo al cierre era la intervención, “si tan malas eran las universidades, por qué no se siguió un proceso”.
También reclamó porque, según su opinión, centros de educación superior privados que reciben ayuda económica estatal, como la PUCE, no podrán regularse libremente. Esto en relación al tema de sueldos de empleados y docentes. “Esto pese a que la asignación estatal no financia remuneraciones sino becas”.
Torres además señaló que no estaba de acuerdo con la obligación de que universidades como la Andina tengan que repatriar sus recursos. “Por los convenios internacionales deben hacer pagos, para el funcionamiento de intercambios de fondos bibliográficos, por ejemplo”.
En torno a eso, el presidente de la Mesa de Educación, Raúl Abad, descartó que la Ley apunte a perjudicar a universidades como la Flacso o la Andina. “¿Acaso desde aquí no se pueden hacer los pagos?”, respondió.
Torres y Abad se refieren al artículo que señala nuevas reglas para universidades que operan en Ecuador bajo acuerdos y convenios internacionales. Así se dice, entre otras cosas, que no podrán mantener activos en el exterior de manera directa o indirecta, a través de subsidiarias, afiliadas o entidades relacionadas ni participar en la constitución de negocios fiduciarios.
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