A nivel regional también se ha naturalizado la participación de los actores privados en educación. Por un lado, el sector empresarial privado de catorce países se ha articulado alrededor de la RED REDUCA, conformándose en un socio de los Ministerios de Educación y aumentando su capacidad de propuesta. Se ha dado seguimiento a foros, encuentros y otros espacios estructurados organizados por los sectores empresariales privados de la región en los que se establecen propuestas de política educativa, incluyendo propuestas para el uso de los fondos, evaluación docente y estudiantil, contenidos educativos, gestión institucional, manejo de datos, participación de la comunidad, etc..
En el marco de la Red Latinoamericana por la Educación, REDUCA, los sectores empresariales de América Latina se han organizado y articulado para incidir en la toma de decisiones en materia de política educativa. Las estructuras que se suman a REDUCA son grupos nacionales de empresarios, en los que en algunas ocasiones participan organizaciones de la sociedad civil.
Se han revisado los documentos publicados por el grupos empresarial Mexicanos Primero de México, Grupo Faro en Ecuador, EDUCA en República Dominicana, el Foro Educativo Nicaragüense “Eduquemos”, Educar 2050 de Argentina; Educar 2020 de Chile; Juntos por la Educación de Paraguay y Unidos por la Educación de Panamá.
Los documentos publicados por los grupos empresariales de Panamá, República Dominicana, Argentina, México y Paraguay contienen claros ataques a los gremios y sindicatos docentes y principalmente, presentan propuestas para excluir al movimiento sindical de la toma de decisiones.
EDUCA en República Dominicana
En República Dominicana EDUCA, agrupa a sector empresarial y a la sociedad civil organizada. EDUCA está convocando al Congreso Internacional Aprendo, cuyo programa incluye paneles sobre el tema de calidad, aprendizaje basado en resultados y uso de las tecnologías en el proceso educativo.
EDUCA ha publicado dos documentos con análisis de la política educativa. Un documento es del año 2016 y contiene el análisis sobre la Calidad del Gasto Educativo en República Dominicana. Un análisis exploratorio de la vigencia del 4%. En este análisis, Educa plantea que una manera de “evaluar la eficiencia del gasto en educación” es que el aumento en salarios docentes traiga una mejora en el rendimiento educativo (p. 53) y sugiere que los incentivos (aumento en los salarios) docentes se vinculen a los rendimientos escolares (p. 134). Además critica que el sistema de jubilaciones representaría un 29% del presupuesto educativo en el año 2025 (p. 129).
El documento también analiza que el Ministerio de Educación (MINERD) es el responsable de retener el 1% del salario que se debe trasladar al sindicato ADP, así como a las cooperativas de ahorro y crédito. Luego de dicho análisis, Educa recomienda que “dados los efectos nocivos que producen las prácticas de retenciones compulsivas a los esfuerzos de la sociedad de dignificar la carrera docente, se sugiere eliminar la disposición de que el MINERD sea el agente de retención de los sueldos del personal del Ministerio a favor de terceros, fuera de lo dispuesto por ley” (p. 133). Esto puede interpretarse como un llamado del sector empresarial articulado en EDUCA para que el gobierno elimine el cobro de la cuota sindical.
Un segundo documentos publicado por EDUCA es “Formación y carrera docente: profesión que cambia vidas”, memoria del XIX Congreso Internacional de Educación “Aprendo” 2015. En este documento se incluyen quince estudios diversos. Uno de ellos describe un estudio que analiza el uso del tiempo en las aulas, luego de la implementación de la jornada extendida. El resultado es que el tiempo de los docentes en primaria está dedicado un 65% a tareas académicas y en el caso de secundaria, la dedicación a tareas exclusivamente académicas es de un 73%. El documento es favorable a las escuelas de jornada extendida y se deberá poner atención al enfoque y abordaje de los procesos de inversión (y préstamos) y Alianzas Público Privadas que fomenten este modelo
Proyecto Educar 2050 de Argentina
En Argentina Proyecto Educar 2050 es una asociación privada con apoyo de grupos financieros como las Fundaciones del Grupo Peterson (Fundación Banco Santa Fe, Fundación Banco Santa Cruz, Fundación Banco San Juan y Fundación Nuevo Banco Entre Ríos), Grupo Santander Río y MasterCard, así como de corporaciones locales. En el año 2015 Educar 2050 lanzó la campana #Yovotoeducación, como estrategia para posicionar la educación en la agenda de discusión electoral. En su informe “Anuario del 2015” Educar 2050 informa que brindó capacitación a once mil docentes y que financió 200 proyectos de equipamiento tecnológico en centros educativos.
Este rol de “financiador” de equipamiento tecnológico es coherente con todo el andamiaje argumentativo a favor de la educación informatizada y tecnológica que la asociación defiende en la publicación “El futuro ya llegó pero no a la Escuela Argentina”.
Este documento, del año 2015, argumenta que tanto la tarea docente dentro del aula como la mediación pedagógica que se implementan están obsoletas y que la solución está en desarrollar una propuesta pedagógica tecnológica, basada en procesos de conectividad y formación en línea. El documento argumenta que las tecnologías también son el mecanismo para superar la inequidad y exclusión escolar (p .9). Esta pedagogía tecnológica permitiría potenciar en el país un “pensamiento tecnológico” que le permita responder a los retos de una “sociedad cambiante” y requeriría que el trabajo docente consista en un rol de “facilitador” (p. 41). En la página 46, el documento recomienda hacer cambios en la contratación docente, específicamente mediante “el nombramiento por cargo (…) y sustituyendo la importancia de la antigüedad por la idoneidad creciente”.
Finalmente el documento propone mejorar el sistema de monitoreo a la calidad de la educación (p. 47), lo cual es coherente con las políticas impulsadas por el Banco Mundial, el BID y más recientemente, la Comisión de la Educación (que actúa como aliada del Banco Mundial).
Juntos Por la Educación en Paraguay
En Paraguay el grupo Juntos por la Educación se compone de empresarios y organizaciones de la sociedad civil. En su documento de Propuesta para la Agenda Educativa (2013), Juntos por la Educación llama a un “nuevo contrato social educativo” orientado por la rendición de cuentas en educación. De hecho, la propuesta pone un fuerte énfasis en los procesos de evaluación y de gestión de datos sobre los centros educativos. De 30 acciones propuestas a corto y mediano plazo, 22 se refieren a los procesos de evaluación y gestión de datos en diferentes niveles. Entre otras cosas, el grupo propone desarrollar acciones a corto plazo para que Paraguay ingrese a las pruebas PISA y para que en general se impulse “la institucionalización y el fortalecimiento de los sistemas de información, evaluación e investigación” (p.34) y para que el estado paraguayo conforme un instituto Nacional de Evaluación Educativa que monitoree el desempeño tanto a nivel de estudiantes y de docentes, como de las instituciones educativas.
Un segundo foco de atención es la formación docente (acompañada por la evaluación). En el documento, el sector empresarial critica que el Estado paraguayo no tiene una estrategia para fiscalizar los procesos de formación inicial docente y que la formación en servicio ocurre de forma aislada y proponen que se diseñe un Plan Nacional de Formación de Formadores (p. 45). El grupo empresarial señala el hecho de que la formación docente inicial pone el foco en el contenido de la materia y no en las herramientas para la mediación pedagógica.
El documento señala que “el docente ha sido ignorado en el proceso de reforma, por lo que, en muchos casos, aún las intervenciones más costosas y mejor diseñadas desde órganos centrales han fracasado” (p. 37). Aún así, sugiere que la forma de mejorar la calidad de la educación es “...ajustar, derogar según convenga los marcos legales vinculados a las políticas docentes: Ley General de Educación, Ley del Estatuto del Educador, Ley de Educación Superior, Ley del Calendario Escolar, Ley de Becas, Ley de ANEAES” (p. 46) por cuanto estas legislaciones retrasan y “desordenan” la toma de decisiones en materia de formación y contratación docente. El documento empresarial culpa al gremio de generar constantes huelgas en razón del pago y del derecho al escalafón de la carrera docente y argumenta que el “pagos de beneficios constituye un foco de conflicto entre el MEC y el gremio docente, incluso, el motivo de numerosas y prolongadas huelgas docentes. No se tiene evidencias de que el escalafonamiento docente redunde en mejores prácticas docentes” (p. 43).
Otra propuesta presentada por el sector empresarial es la creación de un Consejo Nacional de Educación y Trabajo, que regule y ordene la oferta de capacitación para el trabajo según las necesidades del mercado laboral. También han solicitado que se promueva “la investigación y la innovación en el campo de la educación” e incorpore más TICs en el proceso educativo.
Chile 2020 en Chile
En Chile, el grupo empresarial Chile 2020 presentó una propuesta de que denominada “Plan Nacional de Educación: 30 prioridades para el 2030” en la que el grupo empresarial analiza los fondos disponibles para destinar a la educación, previendo “una cifra aproximada: entre 6.500 y 7.500 millones de dólares anuales hacia el año 2030”. Este monto estaría destinado a financiar servicios educativos en las áreas de cobertura de educación inicial, educación primaria y educación superior. Es importante tomar en cuenta que las reformas educativas en Chile han previsto mayor financiamiento estatal de la educación superior. De cara a esta reforma, el sector empresarial organizado en Chile 2020 presentó un Proyecto de Ley de Reforma a la Educación Superior. La propuesta, junto con la su declaración sobre la Ley del presupuesto 2018 fue llevada ante la Comisión de Educación y Cultura del Senado y mostraba la intención del sector empresarial de defender el trato preferencial a los institutos de formación técnica, solicitando que se les tratara bajo el mismo criterio de las universidades, de forma que sus estudiantes pudieran recibir financiamiento estatal.
Además de esa propuesta, Chile 2020 publicó el documento Hacia una educación intercultural: propuestas para la reflexión-acción en contexto migratorio que contiene contenidos para docentes que atienden a estudiantes migrantes. La publicación está dirigida a las y los docentes, constituyéndose en contenidos y metodologías para el trabajo en aula, es decir, el grupo empresarial ha acuñado la expertise en materia de mediación pedagógica en el aula.
Unidos por la Educación en Panamá
El capítulo de REDUCA en Panamá lo constituye Unidos por la Educación, un grupo que se describe como liderado por empresarios. El principal objetivo de Unidos por la Educación es tener influencia en la opinión pública y desarrollar opinión pública en materia de educación. El grupo se ha enfocado en campañas mediáticas, en las cuales se incluye el lobby para que Panamá participe en las pruebas PISA. Unidos por la Educación pone su énfasis en las campañas mediáticas y a su vez, informa que cuenta con participación de directivos del diario nacional La Prensa, en su propia Junta Directiva. En el año 2016 se organizó la Cumbre de Excelencia Educativa en las Cámaras de Comercio en Panamá, Colón y Chiriquí de Panamá, donde se invita a actores sociales, entre ellos padres y madres de familia, y se debate el tema del contenido curricular y la formación docente. La discusión por la calidad es el debate central.
Grupo Faro en Ecuador
En Ecuador, el Grupo Faro se promociona como un espacio desde el cual el sector empresarial y la sociedad civil pueden “generar políticas públicas más cercanas a los ciudadanos y ciudadanas” e impulsan una agenda de investigación en miras a incidir en los distintos “momentos del ciclo de diseño de las políticas públicas”, sin limitarse a la política educativa, pero incluyéndola (Grupo Faro, s.f.).
En esa línea de investigación, Grupo Faro publicó un Análisis Jurídico sobre las enmiendas constitucionales a las competencias de los gobiernos locales. Dichas enmiendas han incluido cambios en materia de construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa en los municipios ecuatorianos. En dicho documento se explica que anteriormente a la Constitución del Ecuador del año 2008, las municipios podían tomar las decisiones en materia de infraestructura educativa de forma autónoma. Actualmente, con las enmiendas a los artículos 261 numeral 6 y 264, numeral 7, las acciones municipales en materia de planificación, construcción y equipamiento de los inmuebles educativos, requieren la aprobación del Ministerio de Educación (p. 24). Esto implica que los municipios continúan siendo capaces de tomar decisiones en materia de infraestructura, pero requieren el visto bueno del gobierno central.
Es importante poner atención al hecho de que un grupo empresarial como Faro esté dándose a la tarea de aclarar que los gobiernos locales continúan teniendo la capacidad de ejecución en materia de infraestructura.
Foro Educativo Nicaragüense “Eduquemos” en Nicaragua
En Nicaragua, el sector empresarial articulado en el Foro Educativo Nicaragüense “Eduquemos” participa en la plataforma de empresas y ONG´s conocida como “Jornada Nacional Permanente por la Educación” (JNPE). En el marco de la JNPE, el Foro publicó el estudio sobre “Inventario de la Inversión que realizan ONG´s, fundaciones y empresas en la educación pública en Nicaragua” en el que recuperan 32 experiencias de alianzas público privadas (APP´s) en educación que se alinean con las estrategias del gobierno (p. 51). El 87% de estas APP´s se desarrollan en el ámbito de primaria y secundaria y se centran en procesos de formación docente e innovación pedagógica, promoción de la participación de estudiantes y mejoramiento de la infraestructura, entre otros.
La invitación de Naciones Unidas al sector privado
En el año 2013, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la UNICEF y UNESCO elaboraron de forma conjunta el documento “La inversión más inteligente: Marco para la participación del mundo empresarial en la educación”.
Este es un documento elaborado por UNESCO, UNICEF y el Pacto Global de las Naciones Unidas, que orienta a la articulación del sector privado para convertirse en actores claves en la política educativa (p. 11), ya sea para apoyar la cobertura, la infraestructura, la elaboración de contenidos o el acceso y uso de las TIC´s. El documento brinda estrategias para que las empresas se vinculen al mundo educativo (p. 6). y promueven que estas se organicen y se articulen en el marco de la Coalición Mundial de empresas por la Educación.
La publicación señala que las empresas tienen un “peso político” (p. 11) que puede estar dirigido a participar en las políticas educativas y generando alianzas con los gobiernos para aportar tecnología, contenidos innovadores y conocimientos para mejorar la gestión en educación (p. 13). También se propone el acompañamiento del diseño de contenidos educativos para que estos sean pertinentes con las exigencias del mercado y garantizar que el proceso educativo brinde habilidades para el empleo (p. 29). El Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, ya ha advertido cómo los marcos legales están normando y naturalizando la participación del sector privado en diferentes fases de la política educativa a nivel mundial.