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- The outbreak of the COVID-19 pandemic in Latin America at the beginning of 2020 forced most countries to immediately suspend face-to-face classes for several months. Given the prolongation of the pandemic, after a time governments began to design strategies to resume schooling in a non-face-to-face fashion (using virtual, blended, remote, community, and home modalities, among others).
- El desencadenamiento de la pandemia por COVID-19 en América Latina a inicios del año 2020, obligó a la mayoría de los países a suspender de inmediato las clases presenciales por varios meses. Transcurrido algún tiempo y ante la prolongación de la pandemia, los gobiernos empezaron a diseñar estrategias para retomar el curso lectivo de manera no presencial (virtual, semipresencial, remota, comunitaria, en casa, entre otras).
- El OLPE ha analizado un conjunto de informes y documentos en los que se evidencia que los Ministerio de Educación de la región han naturalizado diversas formas de comercio educativo, ya sea generando más y mejores condiciones legales y financieras para el establecimiento de centros educativos con fines de lucro o bien mediante la compra de servicios con fondos públicos a oferentes privados, entre otros. El caso de Perú no muestra una excepción.
- En el Paraguay, las narrativas de las propias autoridades contienen mensajes bastante crítica que resulta anti pública. Tanto el Plan Nacional para el Desarrollo (PND) como el propio Consejo de Administración del Fondo de Excelencia Educativo y la Investigación (FEEI). El PND identifica “déficits importantes en cobertura y calidad de la educación preescolar, básica y media”, problemas de repitencia, así como problemas para lograr un sistema eficiente (PND, 2012).
- En Uruguay, la educación pública estatal atiende al 82 % de toda la matrícula, educativa desde el nivel inicial (excluyendo a primera infancia) hasta el nivel universitario. En el año 2008, 70.000 de los 85.000 estudiantes universitarios asistían a la Universidad de la República (INE, 2008).
- En Panamá, el 30 % de la población son personas menores de 17 años. En Panamá, la legislación educativa brinda un ámbito de resguardo y reconocimiento del rol del Estado en la política educativa pública. Al mismo tiempo, se fortalecen estructuras y espacios de toma de decisión y coordinación intersectorial que habilitan la participación del sector privado en la toma de decisiones.
- La Ley orgánica de Educación vigente en República Dominicana es la herramienta por excelencia para promover la participación del sector privado en materia educativa, pues garantiza la participación de sectores empresariales y de grupos confesionales en ámbitos de toma de decisión.
- Abordar los procesos de privatización y comercio de la educación en El Salvador no puede ignorar situaciones estructurales de ese país que se impregnan en todos los procesos educativos:
- El artículo 78 de la Carta Magna establece que la educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por el Estado. En la educación estatal, incluida la superior, la ley mandata a que el gasto público no sea inferior al 8 % anual del producto interno bruto.
- De manera general, en Guatemala, la Ley 1291 Ley general de Educación, resguarda el carácter público de la educación y prioriza el papel del Estado en la gestión de la política pública educativa.
- La política educativa en Honduras: La cooperación internacional marcando la pauta de la política educativa. Lo que se observa en Honduras es la prevalencia de un Estado de corte autoritario que permite la coexistencia de un gobierno de ONG que gestionan una buena parte de la política educativa.
- En Colombia existe un nivel muy sofisticado del negocio educativo. El Estado colombiano tiene ampliamente instaurada la práctica de las alianzas público-privadas en la prestación de servicios públicos. La educación pública no es la excepción. Una de las principales formas de comercialización de la educación que se han encontrado en Colombia es la compra de servicios a grupos privados con fondos públicos.