Las políticas y la administración de la educación superior han sido objeto de varios análisis que contribuyen a la comprensión de los procesos en los que están incluidas esas políticas, mediante la adopción de marcos de evaluación y regulación complejos, y a veces contradictorios, fruto de orientaciones, compromisos y perspectivas –a nivel local, nacional, regional y mundial.
En el caso brasileño, se han efectuado importantes cambios en las políticas de educación superior como expresión de la materialización de la acción del Estado/gobierno, mediados por un contexto sociocultural más amplio, así como por las reglamentaciones, evaluaciones, regulaciones y dinámicas de financiación que afectan los procesos de organización y administración de la educación superior (DOURADO, 2010, 2011).
Merece destacarse la complejidad de ese proceso, sus ambigüedades y contradicciones, fuertemente afectadas por incidencias de carácter más amplio y transnacional que afectan este campo, sus políticas y dinámicas de administración y financiación, especialmente el proceso de financiarización presente en la educación superior y la institución de nuevos actores en este campo.
En el caso brasileño, ese desafío es enorme, teniendo en cuenta el escenario de histórica privatización de la educación superior en el país; los bajos índices, neto y bruto, de matrículas; la existencia de instituciones de calidad cuestionable; y la necesidad de consolidar la expansión pública y las acciones afirmativas en este campo realizadas por los gobiernos de Lula y de Dilma.
La discusión sobre las mencionadas políticas se articula con procesos más amplios que la dinámica intrainstitucional, sin olvidar, entretanto, la verdadera importancia de las instituciones y de la regulación, resultantes de su función social y relacionadas con su organización, cultura y administración. Por lo tanto, es fundamental tener en mente que el proceso educativo y las políticas educativas, como expresión de materialización de la acción del Estado/gobierno, están mediados por un contexto sociocultural más amplio, así como por las reglamentaciones, regulaciones y dinámicas de financiación que afectan los procesos de organización y administración de la educación superior (DOURADO, 2010).
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