El presente artículo es una síntesis del documento enviado como respuesta por parte de FeNaPES a la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL), organización que forma parte de la Internacional de la Educación(IE) a nivel mundial, y que recientemente en su Congreso desarrollado en 2015 en Canadá lanzó una Campaña Mundial en contra del Comercio Educativo y de Privatización de y en la Educación. Cabe recordar que el último Congreso de FeNaPES resolvió la afiliación de nuestra Federación a dicha organización internacional.
Participaron en su elaboración:
Por el Centro de Estudios Investigación y Formación de la FeNaPES: Manuel Oroño y Eduardo Sánchez.
Por el Comité Ejecutivo de FeNaPES: Virginia García Montecoral (Presidente) y José Olivera (Secretario General).
Por la Secretaria de Relaciones Internacionales: Lourdes Acosta y Emiliano Mandacen.
1- Introducción.
Este trabajo pretende refrescar el debate que desde la mayoría de los sindicatos de los trabajadores de la educación hemos impulsado durante décadas en nuestro país.
No obstante, claro está que han surgido nuevas formas más o menos encubiertas y más o menos explícitas para dirigir recursos públicos desde la educación pública hacia el sector privado. Esto lleva implícito no sólo los aspectos económicos en cuanto a la financiación del sistema público estatal de enseñanza; sino todo lo relativo a la elaboración de las políticas públicas desde fuera de su legítimo gobierno. En efecto, se llega a situaciones que rondan lo insólito como que una empresa es contratada (incluso mediante licitación internacional) para evaluar las escuelas y luego la misma empresa le vende al Estado “recetas”, libros, cursos de perfeccionamiento y demás materiales para que “su” evaluación futura sea mejor.
Trataremos de responder preguntas tales como: ¿En qué consiste la estrategia privatizadora en nuestro país?
¿Existen datos específicos que muestren el proceso de desarrollo de la privatización y el comercio educativo en Uruguay? ¿FENAPES está en condiciones de realizar una investigación específica que le permita argumentar la presencia de la privatización y el comercio educativo? ¿Es pertinente que la Federación participe de la campaña frente a la privatización y el comercio educativo en su país?
2- Privatización y comercio educativo.
Existe mucho escrito sobre esto tanto a nivel de elaboraciones propias a partir del desembarco neoliberal en los noventa como de trabajos realizados por compañeros de la IEAL. Así que sólo diremos que:
• la educación es un derecho humano fundamental y por lo tanto es el Estado el que tiene la obligación de garantizarla para todos los habitantes;
• cualquier acción (u omisión) que niegue lo anterior implica entrar en el terreno de la mercantilización educativa.
Con esto decimos que existen actualmente muchas formas que el sistema capitalista a través de empresas, organizaciones y organismos -multinacionales sobretodo- logran aumentar sus ganancias a costa de los escasos recursos que los gobiernos destinan a los sistemas públicos de enseñanza.
3- Uruguay: algunos números.
Parece oportuno recordar algunas cifras para empezar. El sistema educativo público uruguayo abarca aproximadamente el 85% de la matriculación del país y comprende: educación inicial, primaria, secundaria, técnica-tecnológica, terciaria y universitaria. No se cobra matrícula ni existe examen de ingreso a ningún nivel.
En personas implica aproximadamente: 750.000 estudiantes, 50.000 docentes y 15.000 funcionarios
(administrativos, auxiliares de servicio); y en centros educativos involucra unos 3000. La Universidad, además tiene a su cargo el Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela (el mayor el país), que forma a los médicos y además atiende a una población de varias decenas de miles y es el hospital de referencia nacional para muchas patologías.
Una particularidad uruguaya es la forma de gobierno del sistema educativo público. Por un lado, la enseñanza universitaria está bajo la órbita de la Universidad de la República (UdeLaR, Ente Autónomo) con un Consejo Directivo Central cogobernado entre docentes, estudiantes y egresados.
Por otro lado, la enseñanza pública no universitaria (inicial, primaria, secundaria, técnica y terciaria) es dirigida por el Ente Autónomo ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) con un Consejo Directivo Central integrado por tres docentes designados políticamente y dos docentes electos por sus pares.
Ambos organismos -ANEP y UdelaR- tienen una amplia autonomía, aunque no total, respecto al Gobierno Nacional y no están subordinados al Poder Ejecutivo, aunque exista formalmente un Ministerio de Educación y Cultura.
Es importante señalar que si bien el sistema público de educación goza de amplia potestad en la toma de decisiones y elaboración de la política educativa, no tiene autonomía financiera. Es decir, los recursos que se destinan son potestad exclusiva del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, siendo este uno de los principales escollos para avanzar en la consagración del derecho a la educación.
No obstante, desde el punto de vista económico, y para los apologistas de la oferta y la demanda, se trata de un “nicho de mercado” con un presupuesto en bruto de unos 2500 millones de dólares.
4- Privatización y comercio educativo: caso uruguayo.
a) Convencional: instituciones educativas privadas.
Le llamamos así a la enseñanza privada que existe desde hace muchos años y que consiste en que una empresa (laica o confesional) se constituye para impartir educación en cualquier nivel educativo y que cobra por ello. En nuestro país concurren alrededor de cien mil estudiantes a dichos centros, concentrándose más de la mitad sólo en Montevideo, abarcando desde el nivel inicial hasta el universitario.
Estas empresas están expresamente exoneradas de impuestos por la Constitución de la República en aras de la libertad de enseñanza. Decimos esto porque paradójicamente no están exonerados de impuestos los organismos públicos de enseñanza.
Sólo a manera de aportar un dato ilustrativo sobre este tratamiento privilegiado hacia las instituciones privadas de educación podemos señalar que en el año 2014 se las exoneró de 47 millones de dólares de aportes al Instituto de Seguridad Social como aporte patronal. Si deben aportar los trabajadores que en ellas trabajan.
b) Sui Géneris: Liceos público de gestión privada.
Apartirdelaprofundacrisisdelaño 2002 ycomopartede la reacomodación del capitalismo surge una institución educativa privada a nivel secundario -Liceo Jubilar- que luego tendrá otras réplicas similares, llegando en la actualidad a 7 centros que funcionan en distintos puntos del país, y que una de sus particularidades es que no cobra matrícula a los estudiantes e incluso ofrecen becas económicas.
¿Cómo es posible su financiación?
En primer lugar, como ya señaláramos, no pagan ningún tipo de impuestos; y luego porque obtienen colaboraciones de otras empresas, fundaciones y personas físicas.
Por ejemplo, la obra del Jubilar “fue apoyada por la Fundación Católica holandesa Kirche in Not, la cual aportó el capital necesario para poder construir el edificio y sostener los primeros meses”(liceojubilar.edu. uy).
Además, la legislación uruguaya permite a cualquier empresa exonerar parte de sus impuestos si aporta económicamente a liceos o escuelas ya sean públicas o privadas.En definitiva esta modalidad de privatización logra redirigir recursos económicos desde el Estado hacia empresas privadas que a su vez se ven legitimadas para intervenir en el quehacer educativo.
Otro liceo de este tipo es el llamado Impulso y en su página web tiene escrito: “Estos proyectos no son sostenibles sin la posibilidad de que las empresas privadas hagan donaciones deducibles de impuestos. Las empresas donan, a modo de ilustración, 100 dólares o 100 pesos y el costo real para ellas es de 18,75, porque el 75% de lo que donan lo pueden aplicar directamente a impuestos y el otro 25% es un gasto deducible de renta. El costo neto es de 18,75% de lo que se dona. Eso permite multiplicar el dinero a ese costo y conseguir los volúmenes necesarios para financiar el funcionamiento del liceo. Esto es valor creado por las empresas privadas que en vez de ir a impuestos va a este tipo de proyectos”.
En fin, a través de la propaganda descalificadora de la educación pública, de la captación de inversionistas y de la desatención del Gobierno se abren paso estos modelos educativos privatizadores que son “comprados” como buenos por gran parte de la sociedad.
El liceo Impulso lo dirige una fundación homónima cuyo directorio lo integran destacadas figuras del ámbito político y empresarial del espectro más neoliberal. Las principales empresas que han aportado recursos son: FNC (Bebida), Gerdau Laisa (Siderurgia), Grupo Disco (Cadena de Supermercados), Oca (Financiera), Unión Capital (Administradora de Fondos Provisionales), Banco Itaú, Marfrig (Industria cárnica), Saman (Industria arrocera) y Stiler (Empresa de Construcción)
c) Tercerizaciones de servicios en la educación.
Esta modalidad no es nueva. Se trata del desplazamiento de los trabajadores estables de la educación, principalmente personal de servicio y mantenimiento (aunque también docentes) por otros contratados por una empresa privada. Por ejemplo, es muy común tercerizarel servicio de limpieza, de alimentación, mantenimiento y seguridad de las instituciones educativas en todos sus niveles. Esto trae como consecuencia rebaja de condiciones de trabajo y salario para los trabajadores subcontratados, pérdida de la plantilla estable de funcionarios de los centros educativos y problemas de cumplimiento del trabajo por parte de la empresa. Todo eso, además, sin asegurar que no se “gaste” más dinero del que si se pagara el salario a un trabajador efectivo de la plantilla escolar.
d) Propiedad intelectual.
Seguramente exista un título más sustantivo de lo que diremos acá, pero al menos funciona para centrar la cuestión. Nuestro sistema educativo público tiene una larga historia de producción teórica y práctica de pedagogía, didáctica e investigación en todos los campos que abarca el conocimiento humano.
Sólo el ejemplo del Instituto de Profesores Artigas al respecto, desde su fundación en 1950 hasta su desarticulación por parte de la dictadura cívico-militar e