En Chile, la aprobación de una nueva reforma educativa pone en realce las extensas y populosas movilizaciones de los últimos años que exigían, justamente, el fin al lucro, lo que hoy es una realidad tras intensas negociaciones multipartidarias y que ha incluido a varios sectores de la sociedad civil y el movimiento social, incluido el Colegio de Profesores de Chile.
En 2011 cuando miles de paraguas pretendían defender a la educación chilena de la lluvia neoliberal las protestas eran generalizadas. El movimiento estudiantil, junto al movimiento magisterial y la sociedad en general, luchaban por lo que parecía una utopía: el fin al lucro en la educación pública.
Con carteles que pedían no al endeudamiento para poder recibir educación, fin al lucro en la educación pública, estudiantes y profesores realizaban protestas y propuestas.
En 2012 el presidente de la Federación de Estudiantes de Chile, Gabriel Boric, manifestaba que “educarse tiene que ser un derecho social, garantizado por el Estado”.
En abril de 2012, la Internacional de la Educación visitó Chile en una misión de solidaridad sindical en apoyo a las movilizaciones que, al decir del presidente del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, Hugo Yasky, en las movilizaciones “se defiende la democracia, se defiende la educación como un derecho social”.
En aquél momento, y bajo la presidencia de Sebastián Piñera, la protesta se hacía gigante. 2011 y 2012 fueron años de intensas movilizaciones que no cesaban.
Y en 2013 ese clamor popular se convirtió en lucha electoral para sacar a la derecha del poder y con la movilización social un nuevo panorama político asumió las riendas del país en 2014.
No fue un año fácil, puesto que la segunda presidencia de Michelle Bachelet cargaba con la mochila de haber sido blanco de otras fuertes e históricas movilizaciones en 2006, que clamaban por el fin de la herencia de la dictadura pinochetista en la educación.
Este largo proceso de negociaciones contó con la activa participación del Colegio de Profesores de Chile, afiliado a la Internacional de la Educación, quienes propusieron una y otra vez, vías para salirse del proceso de la privatización, municipalización o descentralización de la educación. Rutas ya obsoletos que en Chile han demostrado que aportaron solamente a que la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señalara al país como el más “segregado” del mundo en materia de educación.
A inicio del 2015, finalmente, se aprobó la ley que pone fin al lucro con fondos públicos en educación.
La reforma educativa plantea, entre otros aspectos, gratuidad, más recursos desde el Estado, fin a la discriminación en la matrícula, un sistema de admisión inclusivo y fin a la expulsión arbitraria de estudiantes. Todo esto en un tránsito ordenado hacia una nueva estructura de la educación de forma gradual a partir del 2016.
Por ejemplo, entre los años 2016 y 2018, más de 730 mil estudiantes, cuyas familias hoy pagan parte de la mensualidad en los colegios particulares subvencionados, podrán acceder a una educación gratuita. Para el 2018, el 93% de los estudiantes de Chile estudiará en colegios gratuitos.
Para el año 2016, los colegios que opten por la gratuidad comenzarán a recibir dos nuevos fondos: El nuevo Aporte de Gratuidad y la nueva SEP Ampliada, para estudiantes de clase media. Además, habrá un incremento del 20% a la SEP. El Estado llegará a invertir alrededor de 145 mil pesos por cada niño y niña, duplicando los recursos con que cuentan hoy más del 50% de los estudiantes.
Uno de los problemas de la actualidad es la selección de los estudiantes para los colegios subvencionados. Para el año 2016 los colegios deberán dejar de seleccionar de forma gradual. Todos los niños y niñas, podrán postular a establecimientos que reciban aportes del Estado, sin ser discriminadas arbitrariamente y sin que les soliciten pruebas o antecedentes económicos.
Cuando los establecimientos elegidos por las familias cuenten con igual número de postulantes y vacantes, todos los estudiantes podrán ingresar automáticamente. De no haber cupos suficientes, los establecimientos deberán usar un sistema de selección aleatorio que asegure que no habrá selección arbitraria. Tendrán preferencia los hermanos de alumnos que ya estudian en el establecimiento y los hijos de los trabajadores de los colegios.
La ley impide la cancelación de matrícula por rendimiento (los y las estudiantes tienen la oportunidad de repetir un curso en la enseñanza básica y otro curso en la enseñanza media). Además, no se podrán efectuar expulsiones durante un año escolar, exceptuando faltas graves que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad educativa.
Pero a nivel de derechos laborales del magisterio también se ha avanzado.
En primer término se creó una mesa técnica para abordar el daño previsional causado por la deuda histórica. Nunca antes ningún gobierno había reconocido este problema que afecta a miles de profesores. Ya se realiza el catastro de los profesionales de la educación que sufrieron una disminución en sus ingresos debido al traspaso desde el Ministerio de Educación al sistema municipal desde el año 1981 al 1991.
“La Ley de Titularidad para miles de colegas hoy es un hecho y esto marca un precedente pues claramente hemos manifestado que en el marco de la discusión del Plan Nacional Docente, exigimos que se termine con los profesores a plazo fijo y se garanticen de una vez por todas, condiciones estables para todas las y los docentes del país”, precisó el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo.
En la actualidad, cerca de 43.000 docentes, de un total de 168.000 en ejercicio, se encuentran bajo la modalidad de “contrata”, algunos de ellos hace más de 20 años. No solo no han tenido la posibilidad de desarrollarse, si no que se les ha negado hasta la posibilidad de acceder a planes de vivienda o de otros aspectos que el docente requiera, es un docente muy frágil y tiene contrato solo hasta diciembre, sin acceso a crédito, por ejemplo.
Gajardo agregó que con la publicación de la Ley de Titularidad, se cumple parte de los acuerdos establecidos en la Agenda Corta, ya que sigue pendiente el Proyecto de Ley sobre el Bono de Incentivo Voluntario al Retiro. Por ejemplo, se otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo o “contrata” por más de tres años.
Gajardo afirmó, además, que es necesario avanzar en una gran convergencia de distintos sectores para construir una Política Nacional Docente, basada en un nuevo paradigma donde la educación sea un derecho social y no un bien de consumo.
El Colegio de Profesores de Chile celebra los avances obtenidos gracias a la movilización social en su país hoy convertidos en ley.
Guillermo Scherping, integrante del Colegio de Profesores de Chile, manifestó su preocupación por que “la educación como bien de consumo nos va a perseguir en sus efectos colaterales durante mucho tiempo aun cuando hoy día estemos girando de esa educación de bien de consumo a una educación como derecho social”.
Para Scherping “con el nuevo sistema escolar todos y todas tendrán la oportunidad de educarse sin discriminaciones sociales, culturales o económicas. Ese solo hecho ya vislumbra un futuro mejor, que rompe los candados que impuso el pinochetismo”.
El largo camino hacia el fin del lucro en la educación pública chilena no comenzó con las movilizaciones del 2011, ni las del 2006, ambas muy notorias, llamativas y populosas. Muchos de los actores sociales aún vigentes hoy han estado en esta línea de batalla desde los años ochenta. La celebración, por tanto, es grande, aunque se mantienen aspectos por los cuales seguir mejorando la educación en Chile.