OCDE, Banco Mundial y BID: el lobby por un currículo global del siglo XXI

Durante el periodo del 2002 al 2008, América Latina mostró un crecimiento económico del 4%. Este crecimiento se gestó gracias a la facilidad de acceso al crédito, el alza en el los precios de los commodities exportados por la región y con las políticas socioeconómicas de un conjunto de gobiernos latinoamericanos del campo democrático y popular que propusieron una ruptura con algunas facetas del modelo neoliberal, ampliando la política social y fortaleciendo el rol del Estado, logrando bajar los índices de pobreza hasta en 10 puntos porcentuales (FMI, 2011).

Esta reducción de la pobreza no resultó como condición inmediata del crecimiento económico, ni tuvo un origen espontáneo. Fue producto de un conjunto de políticas, entre ellas políticas laborales relativas a la formalización del empleo, mejora del salario mínimo, la cobertura de la seguridad social y la negociación sindical.

Dicha tendencia de crecimiento se revirtió a partir del año 2008 con la crisis financiera en las economías centrales. Aunado a ello, el regreso al poder de gobiernos con signo neoliberal en América Latina, ha traído una nueva era recortes de la inversión pública y la política social, limitando a su vez la regulación estatal.  Es en este contexto regional que en el año 2014 el desempleo juvenil en América Latina era del 14%.  Un año después aumentó al 15% y para junio del 2017 esta cifra alcanzó un 18,7%, triplicando el desempleo de personas adultas.  Además, seis de cada diez jóvenes que trabajan lo hacen en condiciones precarias el mercado informal de la economía (OIT, 2017).

Ante la falta de políticas de empleo formal de la población juvenil, los programas de los sistemas educativos que brindan capacitación para el empleo, se convierten en una simple “restitución” del derecho al empleo a través de la dotación de conocimientos técnicos que no logra impactar en las tasas de ocupación (SITEAL, 2015).

NO obstante, el bando Mundial y el BID insisten en que los países en vías de desarrollo deben acercar sus currículos educativos al emprendedurismo (BM, 2013) y a la innovación (BID, 2014) para responder al desempleo juvenil y a las necesidades de inclusión social de esta población. 

No son pocos los análisis que colocan la mirada en los sistemas educativos, responsabilizándolos de no mantener una correspondencia con los requisitos del mercado y de su naturaleza cíclica. Esta tendencia se observa en el Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial del año 2016, el informe Desarrollar las habilidades Correctas de la Organización para el Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) y el informe “La Generación del aprendizaje. Invertir en educación para un mundo en proceso de cambio” de la Comisión para la Educación instalada por el banco Mundial y las Naciones Unidas. 

Los tres documentos coinciden en implementar una suerte de “receta educativa” como estrategia para aumentar la competitividad de los países latinoamericanos y dotar a la juventud de competencias y habilidades para el mercado laboral. Estas “habilidades del siglo XXI” priorizan los conocimientos en matemática, informática, ciencias y un segundo idioma. También hacen referencia a las “habilidades blandas” como el liderazgo, la innovación, la capacidad de tomar decisiones y de adaptación al cambio constante. Como aporte a la conciliación del currículo educativo con las exigencias del mercado, la Comisión para la Educación propone además potenciar la participación del sector privado y empresarial en las decisiones educativas de orden público “y expandir el rol de los empleadores en el diseño y en impartir educación” (p.9).

Por su parte, los Ministerios de Educación y las instituciones de formación técnica, han respondido a estas demandas mediante reformas en los contenidos educativos y emprendiendo un conjunto de alianzas público-privadas para vincular el sistema educativo con el mundo del trabajo mediante proyectos de dotación de habilidades para el empleo en el marco de programas de transferencias condicionadas.

El estudio del año 2016 sobre Escasez de Talento del Grupo ManPower Latinoamerica (empresa dedicada a la tercerización del empleo para obras de infraestructura y servicios) afirma que América Latina presenta altos niveles de desigualdad porque “no es innovadora” y que la población joven tiene dificultad encontrando empleo porque “no es suficientemente” emprendedora (Manpower, 2016).  Desde esta perspectiva, la responsabilidad de la pobreza y de la exclusión recae sobre las propias personas, no sobre la gestión política ni la estructura económica. Es decir, se traslada la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a fuentes de trabajo formal y se recarga este rol sobre las personas. 

Este tipo de enfoques nacen y se fortalecen en un modelo económico en la que el Estado se des-responsabiliza de garantizar un conjunto de derechos, entre ellos el empleo, y las personas se ven obligadas a responder individualmente a la dinámica del mercado, sin que medie la regulación ni la gestión estatal.  Desde esta perspectiva, el desempleo se lee como un fracaso individual y no como el resultado de una estructura socio económica. 

Al confrontar la existencia de programas de emprendedurismo y de formación de jóvenes para el empleo con el discurso de la incertidumbre del mercado de trabajo del futuro, se evidencia una contradicción. Por un lado, se insiste en la necesidad de capacitación y de adquisición de herramientas para insertarse en el mercado laboral, pero por otro se advierte que no hay una lectura clara del comportamiento laboral de ese futuro y por tanto, no hay garantía de que se cerrarán las brechas de inclusión y de ocupación. 

Queda en evidencia un cinismo estructural: se propone reducir la desigualdad social y la pobreza con un paquete curricular en matemática o en informática, ignorando el contexto socio político y la estructura establecida desde un modelo económico.  Ese mismo modelo ya anunció que no hay certeza sobre la posibilidad de absorber la mano de obra –incluso la calificada- pero le exige al sistema educativo que continúe calificando a las personas en función de un mercado de trabajo que exige un conjunto de habilidades. Al mismo tiempo, crece la lasitud de las políticas de empleo y la promoción del emprendedurismo como formato de trabajo aspiracional, en especial para las personas jóvenes en contextos de exclusión social.

La des-responsabilización del Estado en materia de política de empleo también encuentra eco en la argumentación sobre el carácter cambiante e incierto del mercado de trabajo del futuro y en la existencia de un paquete de habilidades indescifrables, tan sorpresivas y novedosas, que ningún Estado latinoamericano podría prever. Junto con esa suerte de incertidumbre aceptada y asimilada por actores públicos y privados, parece surgir un mandato social para ser suficientemente emprendedor e innovador a fin de encontrar un nicho de subsistencia, ante un Estado incapaz de proteger el derecho al empleo en el mercado del futuro.

Promover un sistema educativo para el emprendedurismo parece estar funcionando como un eufemismo ante la ausencia de políticas de empleo, sería necesario que, junto con los programas de capacitación para el empleo, micro créditos y las reformas a los currículos educativos, se refuercen los servicios estatales de intermediación de empleo y la promoción de prácticas empresariales para la contratación de personas en condición de primer empleo. Para esta primera tarea, se requiere que el Estado regule las condiciones de empleo y establezca pisos salariales y cuotas de participación juvenil en el mercado laboral. 

También sería importante que las poblaciones juveniles, encuentren espacios para reforzar su sentido de colectividad y construir una noción de sí mismos como sujetos del derecho al trabajo, no solamente del derecho a la adquisición de contenidos y habilidades. La causa por el derecho al empleo forma no se puede construir a solas ni de forma coyuntural. Para esta segunda tarea se requiere acercarse a espacios con una mirada crítica del momento actual y con espacios para construir propuestas efectivas. Los movimientos estudiantiles deben encontrar esos espacios en el marco del Movimiento Pedagógico Latinoamericano.