La mandataria afirmó que el sistema anterior “recargaba a los municipios con funciones que no son propias de la sociedad en su conjunto”. Sin embargo, en el nuevo modelo todavía permanecerían vicios de lo que se creó en dictadura
Este jueves la Presidenta Bachelet promulgó el proyecto de Ley de Nueva Educación Pública, una regulación que se planteaba como sus principales compromisos de campaña. La mandataria lo calificó como un día histórico y explicó en qué consistirán los grandes cambios que pretende aplicar este nuevo modelo.
“Dejar atrás un sistema educacional que recargaba a los municipios con funciones que son propias de la sociedad en su conjunto. No pasa solamente por perfeccionar un modelo de gestión. Tiene que ver con poner a cada niño en el centro de nuestras preocupaciones, asegurándole la mejor formación que como país podemos darle. Ya no será preocupación de los municipios competir con otras comunas en base a mediciones obsoletas. Tampoco será preocupación de los directores conseguir los recursos para funcionar”, dijo.
Sin embargo, y a pesar de los bombos y platillos con los que se presentó la iniciativa, existieron críticas por parte del mundo académico. Fue el caso de Mario Sobarzo, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas. El académico expresó que faltaron muchos aspectos para abordar en la ley.
“Todavía sigue existiendo el voucher; hay promesas que se va a terminar, pero no se ha terminado. También la educación pública sigue bastante empobrecida, porque no hay un avance completo en el sistema y todavía quedan bolsones en que sigue existiendo la posibilidad de selección, y hay una posibilidad de que eso se amplíe en el caso de un gobierno de derecha”, sentenció.
El investigador agregó que se debe poner hincapié en “avances en el sistema de financiamiento basal, hasta el sistema que significa construir un verdadero modelo nacional de educación pública que esté construido en todos sus niveles, tanto vertical como horizontalmente”.
Desde el Colegio de Profesores también han salido a cuestionar la medida llamando incluso a los legisladores a rechazarla. Desde el Magisterio argumentaron, entre otras cosas, sería “gravísimo” traspasar los colegios públicos desde los municipios a los nuevos servicios locales de educación, sin que se haya solucionado el problema de la deuda que mantienen muchos municipios con los profesores.