Voces del gobierno y de los grandes medios de comunicación afirman, directa o soterradamente, que los docentes no queremos retornar a las aulas porque, según dicen, nos encontramos cómodos con la situación actual. Esta perspectiva, cuya pretensión es afectar la imagen del magisterio colombiano, desconoce que la práctica pedagógica se fundamenta en la interacción social. La producción y reproducción de la cultura –propósitos misionales de todo sistema educativo– no es viable sin la sensibilidad y la afectividad. La relación pedagógica no puede prescindir del contacto y la presencialidad, ni suplantarse con la mímesis de la virtualidad y los artificios de la pantalla. En este sentido, desde los primeros meses de la pandemia, Fecode ha solicitado al gobierno colombiano garantizar el pronto retorno a las aulas. Pero nuestras propuestas han sido ignoradas bajo la estela de una campaña de desprestigio y estigmatización.
Mienten quienes aseveran que las exigencias del magisterio colombiano para retornar a la presencialidad escolar de manera segura y digna pretenden resolver problemas estructurales. Las garantías planteadas por la Federación no hablan de la reforma pendiente al Sistema General de Participaciones, que, en las últimas dos décadas, le ha arrebatado a la educación pública más de 192 billones de pesos gracias a las políticas neoliberales. Tampoco se busca saldar la “deuda histórica” del Estado con el sistema educativo en lo que se refiere, por ejemplo, a la dignificación de la profesión docente o a la disminución del parámetro de estudiante por aula y acabar con el hacinamiento escolar. No estamos solicitando en estos momentos la correcta implementación de la jornada única, que, vale recordar, ha sido una demanda histórica del magisterio para derogar, de una vez por todas, la implementación de la doble jornada surgida en el gobierno de Guillermo León Valencia en 1965. Las garantías solicitadas por Fecode para el retorno tampoco pretenden presionar al gobierno para cumplir los acuerdos firmados en el 2019.
Las condiciones para llevar a cabo la alternancia (modalidad gradual para el retorno a la presencialidad escolar) tienen lecturas distintas desde la federación y el gobierno nacional. Para el Ministerio de Educación Nacional (MEN), las garantías se traducen en adecuaciones de orden logístico y el cumplimiento de una “lista de requisitos” cuya importancia no se pone en duda. Por supuesto que los cinco requisitos, tantas veces repetidos, son necesarios e imprescindibles: ventilación adecuada, distanciamiento social, uso de tapabocas, lavado de manos y seguimiento riguroso a las comunidades educativas.
No obstante, durante los once meses de pandemia se ha dilatado la inversión requerida. Aunque los 400 mil millones de pesos destinados para la alternancia reflejan cierta responsabilidad del gobierno, a día de hoy se ha ejecutado sólo un poco más de 64 mil millones (el 16 por ciento del total). Es clara la necesidad y urgencia de la presencialidad escolar, pero culpar al magisterio por la demora es un irrespeto con los maestros y maestras de Colombia, cuando se tuvo todo el 2020 para declarar la emergencia educativa. Además, ¿ha pensado el MEN qué hacer con esas instituciones que, en el Chocó, Putumayo, Sucre o La Guajira, o en los cinturones de pobreza de las ciudades capitales, que no cuentan con instalaciones de agua potable y luz? ¿Acaso desconoce el MEN que en las escuelas y colegios de Colombia la presencia de papel sanitario y jabón hace parte de la ficción?
El mínimo cumplimiento de este "check list" no se consigue sólo con voluntad, discursos o campañas publicitarias millonarias, sino con la inversión oportuna y diligente de recursos. Hemos manifestado y demostrado en múltiples ocasiones la existencia y disponibilidad de los mismos. Pero propuestas como destinar un par de puntos del IVA para preparar el sistema educativo no fueron escuchadas. Recordemos que el gobierno, desde el inicio de la pandemia y amparado en el estado de emergencia, ha emitido cientos de decretos, pero de todos ellos, ninguno se ha focalizado en garantizar la universalización de las condiciones de bioseguridad para el retorno escolar.
En cambio, no podemos olvidar que en el 2020 el gobierno solicitó un préstamo al FMI y otro al BM para endeudar aún más al país. Y qué decir del escándalo desatado cuando el ejecutivo intentó otorgar un préstamo a una compañía privada por 370 millones de dólares (3 veces más lo destinado en adecuación de colegios para la alternancia) en plena crisis social. También resulta memorable el gasto de 9 mil millones de pesos destinados a comprar carros blindados que, según se argumentó desde el Palacio de Nariño, eran necesarios para la “protección presidencial”; asimismo, los más de 3 mil millones de pesos invertidos en el “posicionamiento de la imagen del presidente” con dinero del fondo para la Paz. A todo esto, cabe sumar la reducción del presupuesto para ciencia, tecnología e innovación, que actualmente no llega al 1 por ciento del PIB.
Las garantías a las que hemos hecho referencia expresan nuestra visión de la educación como un Derecho Humano que debe ser garantizado por el Estado en condiciones dignas y seguras. En primer lugar, solicitamos inspecciones de verificación con criterios médicos lideradas por el Ministerio de Salud que ofrezcan seguridad para el regreso a las aulas. Pero la renuencia del gobierno a aceptar las condiciones previas y verificables despierta diferentes preguntas: ¿por qué no se habla desde el MEN de la situación epidemiológica de las comunidades educativas (nivel de contagios locales) como un indicador de la alternancia? ¿Qué sucede con los estudiantes que conviven con familiares de la tercera edad? ¿Y con aquellos que, para llegar a su colegio, deben hacer dos o tres desplazamientos en transporte público? Sin duda, aislar al estudiante de su contexto desemboca en desatender situaciones asociadas al proceso educativo.
Es por esto último que hemos solicitado la instalación de enfermerías escolares con personal calificado. Se trata de vincular el sistema de salud al sistema escolar –como ocurre en la gran mayoría de colegios privados–, de tener una concepción integral del significado de la escuela, y de garantizar un seguimiento efectivo a las comunidades educativas. Nos obstante, la lista de chequeo antes mencionada deja en manos de cuidadores, padres y madres de familia el seguimiento de las condiciones de salud de las y los estudiantes. Si es irresponsable presionar el retorno a las aulas sin las condiciones epidemiológicas (control de la pandemia en positividad y ocupación de camas UCI que hoy supera el 70 por ciento en las grandes capitales), lo es más aun negar el derecho de las instituciones educativas de contar con personal de enfermería.
En tercer lugar, y debido a la precariedad del sistema de salud de los maestros y maestras, solicitamos que el MEN gestione ante el Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo la inclusión del covid como enfermedad profesional para el magisterio. Esta demanda se advierte elemental para una población que, como el personal de salud, trabaja con la comunidad y satisface un derecho fundamental. Las diferencias entre una incapacidad por una enfermedad profesional y una común, así como las garantías para el núcleo familiar en caso de fallecimiento del docente, son evidentes. En una situación como la actual este sería un gesto de empatía gubernamental con el magisterio colombiano.
Igualmente, la alternancia es una modalidad que, al combinar la virtualidad con la presencialidad, produce cambios en la dinámica laboral y adaptaciones aceleradas que han significado ingentes esfuerzos por parte de los docentes. La división de un grupo en tres o cuatro subgrupos, la planeación para las clases presenciales, los encuentros sincrónicos, el trabajo remoto y la elaboración de guías físicas para quienes carecen de conectividad, demanda el nombramiento de docentes que se vinculen a las instituciones educativas y apoyen el proceso educativo. Es impresentable que, con las listas de elegibles y bancos de hojas de vida existentes, se cuestione la ampliación de la planta docente en vez de priorizar su impacto positivo en las comunidades educativas y en el mejoramiento de la calidad en la educación. De otra parte, el modelo de alternancia no es efectivo si el gobierno no asume su responsabilidad para clausurar la brecha digital y facilitar el acceso de equipos a estudiantes. Este tema, que fue protagónico al inicio de la pandemia y del que tanto se ha hablado, fue poco a poco dejado a un lado.
Todas estas garantías para el retorno a clases presenciales han sido expuestas y socializadas durante la pandemia, pero la respuesta por parte del gobierno siempre ha sido la misma: existe una falta de presupuesto. También ha sido frecuente la falsa insinuación sobre la escasa voluntad de trabajar por parte de los maestros y maestras. Más infame resulta escuchar que el magisterio en Colombia elude las necesidades educativas de los niños y niñas. La verdad es que todas las exigencias representan una inversión asumible y posible, además de significar muestras claras de una democracia sólida. Hacemos un llamado urgente al gobierno nacional para que escuche a las y los maestros, pues el rumbo de la educación no se puede decidir silenciando las voces de quienes entregan su tiempo y su vida por construir una sociedad que anhela la paz con justicia social.
Publicado originalmente en la silla vacía: La Silla Llena | Más recursos, menos discursos: lo que se necesita para volver a la presencialidad (lasillavacia.com)