Por Israel Montano, para el blog Worlds of Education de la Internacional de la Educación
Las recomendaciones en El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2018 (WDR por sus siglas en inglés) muestra que el Banco Mundial no ha aprendido de sus errores, y continua dando malos consejos sobre la política educativa. En El Salvador, como en otros países, en lugar de ser una parte de la solución, el Banco es, de muchas maneras, responsable de la supuesta crisis de aprendizaje. El WDR no ofrece nada de análisis del propio rol del Banco Mundial a la hora de imponer una agenda educativa que no responde a las prioridades de los gobiernos nacionales necesidades para garantizar el derecho fundamental a una educación pública, gratuita y de calidad socialmente referenciada, para cada niña y niño. En El Salvador, la políticas del Banco han tenido un fuerte impacto negativo. Este texto explica por qué.
Del año 1991 al año 2018, el Banco Mundial le entregó al El Salvador préstamos por US$ 331 millones de dólares para financiar reformas educativas. Casi todas esas reformas venían cortadas con tijeras: Establecer un currículo mínimo basado en competencias, evaluar a docentes y a alumnos, distribuir los fondos según el rendimiento y continuar implementando estructuras paralelas de gestión educativa, fuera del control del Ministerio de Educación. El Banco Mundial continúa implementando políticas que debilitan el derecho a la educación y debilitan la capacidad del Estado para garantizarlo. Es decir, el banco financia una anti-política educativa.
Después de casi dos décadas de guerra, El Salvador firmó los acuerdos de Paz en 1992. La firma de la Paz abría oportunidades para que las comunidades recuperaran el tejido social, los sectores más excluidos de la población ingresaran a la vida política y para que el Estado se hiciera presente ahí donde, por causa de la guerra, llevaba tantos años ausente, o, mejor dicho, tantos años ejerciendo violencia contra la población. No obstante, lo que se impuso fueron las políticas neoliberales que han hecho mucho daño al país: actualmente el 41% de las familias viven por debajo de la línea de la pobreza y la violencia de las maras (pandillas). El 36% de las niñas, niños y adolescentes del país viven sin su padre o sin su madre o sin ambos. Esto se debe a la migración de los progenitores a EE.UU., a que la violencia de las maras (pandillas) cobró la vida de alguno o bien, al abandono. Es decir, las maestras y los maestros atendemos a una población infantil que no siempre cuenta con un entorno familiar seguro y de protección, en condición de pobreza y con una alta exposición a diferentes formas de violencia.
Para nosotros las maestras y los maestros, un primer gran golpe que le dio el Banco Mundial a la educación salvadoreña fue el programa EDUCO. El Programa de “Educación con Participación de la Comunidad” (EDUCO) se inició en 1991 y consistía en darle dinero a los papás y las mamás de las comunidades para que se organizaran en las Asociaciones Comunales para la Educación (ACE) y junto con algunos directivos de escuelas conformaran los Consejos Directivos Escolaresy se hicieran cargo de la educación en el nivel de primaria. Al finalizar el programa también estaban administrando algunos negocios de educación secundaria.
La excusa para lanzar EDUCO fue que después de la guerra, cualquier proceso que se impulsara desde el gobierno central, tomaría mucho tiempo en ser organizado. Entonces, las ACES y los Consejos Directivos Escolares tuvieron la jerarquía legal para contratar docentes y decidir qué tipo de servicios y materiales se usarían en sus comunidades.
La plata venía - por montones - del Ministerio de Educación (MINED) a las ACES y a los Consejos Directivos. Fueron estos grupos de papás y mamás, sin ninguna capacitación técnica ni pedagógica, los responsables directos de los docentes de las zonas rurales. El dinero era manejado de forma poco transparente por algunos actores de la comunidad quienes además decidían sobre el proceso educativo sin ningún criterio pedagógico ni didáctico y las y los docentes tenían que someterse a un sistema de contratación antojadizo, basado en el servilismo y el amiguismo político. Se montaban las escuelas en alguna casa o en algún salón que tuviera la comunidad y nadie las obligaba a invertir en una infraestructura adecuada, con las condiciones necesarias para el deporte y el juego, para laboratorios, para bibliotecas, comedores escolares, nada de esto.
Según el propio Banco Mundial, de los casi US$ 59 millones de dólares que se repartieron en las comunidades, el 44% lo financió el Banco, el 51% el gobierno salvadoreño, el 5% USAID y el 0.2% UNICEF. Un total y US$ 26 000 000 provenían del proyecto de Rehabilitación del Sector Social, que fue un préstamo del Banco Mundial en el año 1991. Ese dinero hubiera servido para mejorar un sistema educativo nacional que garantizara una propuesta pedagógica con mirada de equidad, que realmente aportara a la recuperación del tejido social, que diera una buena formación inicial a docentes y una buena capacitación en servicio. Lo cierto es que esa plata no se usó para fortalecer la educación, se usó para hacer pequeñas mafias en las comunidades.
Para nosotros maestras y maestros, el Banco Mundial, mediante su programa EDUCO, apoyó y financió una anti- política en educación, porque hizo que el Estado y el gobierno no se hicieran responsables de la educación. Eso fue gravísimo porque en ese momento, después de la guerra, el país necesitaba un Estado que se hiciera presente y que empezara a garantizar y a hacer efectivos los derechos negados por tantos años, entre ellos el derecho a la educación.
El Banco aún prefiere la desigualdad en el 2018
Como maestras y maestros nos tienen que preocupar una Reforma educativa que afectará profundamente a nuestra juventud y que está financiando el Banco Mundial mediante el Préstamo llamado “Excelencia e Innovación en Educación Secundaria-Programa EXITO” del año 2005 por un monto de US$ 85 millones de dólares y el otro es el Proyecto de “Mejora de la Calidad educativa” del año 2011 por un monto de US$60 millones de dólares. Todo este dinero está impulsando una reforma en la educación secundaria, dirigida a generar dos tipos de educación secundaria: una para muchachas y muchachos que si tendrían mejores oportunidades y otra educación secundaria para jóvenes pobres.
Por un lado, el Banco está financiando el modelo de jornada extendida, para que las y los jóvenes permanezcan más horas en el centro educativo. Este formato tiene sus bemoles, pues no se están creando las condiciones laborales y de infraestructura para que la jornada extendida respete los derechos y necesidades tanto de estudiantes como docentes. Por otro lado, el banco está impulsando el modelo “flexible” de educación semi-distancia y a distancia para adolescentes empobrecidos y de zonas afectadas por el conflicto social. Estos modelos se enfocan en brindar algunas competencias en las asignaturas de lengua, aritmética, ciencias y, en algunas ocasiones, se propone el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) para apoyar esta modalidad.
Este segundo modelo nos preocupa mucho. Entendemos que El Salvador es un país joven, donde el 55% de la población es menor de 30 años y el 26% de las y los jóvenes de 15 a 24 años no se encuentran estudiando ni trabajando. No obstante, la mirada del Banco de generar un modelo de educación secundaria para “pobres” que la aleja del centro educativo los aísla y les entrega apenas algunas competencias para que puedan insertarse en el mercado laboral.
En un país como El Salvador, afectado por tanta violencia, el centro educativo debe ofrecer un espacio seguro, de contención y de integración y cohesión social. Además de venir al colegio a estudiar matemáticas y español, estos muchachos y muchachas vienen al centro educativo a aprender el valor de la participación, de la democracia, del trabajo colaborativo, de la historia de su país y de su región. El Banco Mundial sigue queriendo imponernos la política educativa sin entender el valor transformador de la educación...o quizás, justamente porque si entiende este valor, es que el banco combate tanto la educación. Es también por esto, porque en ANDES 21 de junio valoramos la fuerza de transformación y de igualdad que puede generar la educación, es que la vamos a seguir defendiendo como un derecho social, que no puede conformarse desde la mirada de un banco y de su club de consultores y “expertos”.
Israel Montano es Secretario General de ANDES 21 DE JUNIO, afiliada a la Internacional de la Educación América Latina.