El proceso de avance de la privatización y comercialización de la educación pública en todos los niveles está amparado en un marco legal e institucional de carácter global y con aplicabilidad regional. Este marco legal incluye la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, firmada por 193 países, así como las agendas de préstamos para la educación impulsadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto con las autoridades educativas de los países.
Esta praxis de las instituciones internacionales responde a un modelo y a una mirada del desarrollo que termina por naturalizar la participación del sector empresarial privado en las diferentes etapas de la política educativa, priorizando el cumplimiento de metas e indicadores. Esta naturalización brinda las condiciones para que la comercialización y la privatización de la educación continúen avanzando. Así, expresiones como las escuelas privadas de bajo costo y la compra por parte del Estado de diversos servicios educativos a grupos privados, son únicamente una consecuencia, y no un fin, de un enfoque mundial y regional sobre la educación con énfasis en resultados medibles.
En los diferentes documentos revisados se habla de la sociedad civil como un espacio donde el sector sindical es un actor más, junto las ONG´ s y las burocracias de la cooperación internacional. Las diferentes estructuras globales (ONU y sus agencias, Banco Mundial) insisten en posicionar a los diversos grupos de la sociedad civil como actores con legitimidad de participación y representación, intentando relativizar el papel político del sector sindical, su poder de representación y movilización real. Los documentos de la Agenda 2030 repiten ese mecanismo mediante el cual parece establecerse un nuevo contrato social que otorga a las ONG´ s y a la burbuja filantrópica con la misma capacidad de participación y de toma de decisiones que el sector sindical.
La comercialización de la educación en América Latina no ocurre como un fenómeno comercial aislado de las autoridades educativas. En muchas ocasiones, las dinámicas de los Ministerios de Educación los hacen apoyar, impulsar e incluso protagonizar procesos privatizadores (incluyendo el out-sourcing).
A continuación se comentan un conjunto de documentos que han sido revisados y analizados y que facilitan la comprensión de este escenario de naturalización institucional para la participación privada en la política educativa.
Agenda 2030 y el ODS 4 naturalizan y promueven la participación privada en la educación.
Se han revisado un conjunto de documentos publicados por las agencias de Naciones Unidas que tienen a su cargo agendas educativas como la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF, en las que se expresa su apoyo a las alianzas público privadas en educación y a la participación del sector educación en las diferentes etapas de la política educativa.
En el 2006 la UNESCO publica el documento “Alianzas con el sector privado: haciendo la diferencia” en el que recomendaba a los países en desarrollo promover un acompañamiento entre gobiernos y sector empresarial privado para conseguir avances en la educación (p.5).
En el año 2013, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la UNICEF y UNESCO elaboraron de forma conjunta el documento “La inversión más inteligente: Marco para la participación del mundo empresarial en la educación”.
Este es un documento elaborado por UNESCO, UNICEF y el Pacto Global de las Naciones Unidas, que orienta a la articulación del sector privado para convertirse en actores claves en la política educativa (p.11), ya sea para apoyar la cobertura, la infraestructura, la elaboración de contenidos o el acceso y uso de las TIC ´s. El documento brinda estrategias para que las empresas se vinculen al mundo educativo (p.6). y promueven que estas se organicen y se articulen en el marco de la Coalición Mundial de empresas por la Educación.
La publicación señala que las empresas tienen un “peso político” (p.11) que puede estar dirigido a participar en las políticas educativas y generando alianzas con los gobiernos para aportar tecnología, contenidos innovadores y conocimientos para mejorar la gestión en educación (p. 13). También se propone el acompañamiento del diseño de contenidos educativos para que estos sean pertinentes con las exigencias del mercado y garantizar que el proceso educativo brinde habilidades para el empleo (p.29).
La IEAL ha advertido cómo los marcos legales están normando y naturalizando la participación del sector privado en diferentes fases de la política educativa a nivel mundial.
El Plan de Acción de la Agenda 2030 (2015) lanzado en el marco de la Declaración de Incheon con la presencia de sindicatos afiliados a Internacional de la Educación llama a que se garanticen más recursos, incluyendo de fondos de cooperación y de “fuentes emergentes” para financiar la educación, (p.vi). La Declaración establece que el sector privado juegue un rol para otorgar un carácter pertinente a los contenidos educativos (p.14).
Con el establecimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS , las agencias de las Naciones Unidas han reiterado el llamado para que el sector privado sea un actor central en lograr el cumplimiento de los ODS, partiendo de que las soluciones a los desafíos de desarrollo global no pueden venir exclusivamente de los gobiernos. La Adenda de Acción de Addis Adeba de la Tercera Conferencia Internacional de la Financiación del Desarrollo (2015) brinda a su vez el marco de implementación y de financiación para la Agenda 2030 y llama a los gobiernos, sector empresarial y sociedad civil a buscar acuerdos para financiar el desarrollo (ONU, 2015).
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible parten de que los Estados no son autosuficientes para cumplir con la agenda 2030. Por ello designan al sector privado como un actor clave en el proceso de cumplimiento de estas metas y por tanto en la política pública. Cumplir con las metas educativas que suponen los ODS, implica entonces naturalizar e incluso promover la participación del sector privado.
Los ODS se constituyen en una hoja de ruta global y, a diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM, plantean metas que también deben ser cumplidas por los países ricos. Otra diferencia con relación a los ODM, es que los ODS abren la puerta al sector privado y a la cooperación para acompañar la financiación de la agenda pública. Las metas de desarrollo de los países se guiarán por los ODS, y con ello se normaliza, se institucionaliza la participación del sector privado en la toma de decisiones para los procesos del desarrollo.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, enfocado en Educación, que establece metas claras en cuanto a finalizar los estudios (meta 4.1), (meta 4.1), cuido y educación en la primera infancia (meta 4.2), educación para el empleo (meta 4.4), acceso en igualdad de condiciones (meta 4.5) alfabetización (meta 4.6) y la formación de docentes, entre otros.
A partir de este documento se han repetido las exhortaciones hechas por la UNESCO y la UNICEF para que el sector privado juegue un rol en proponer estrategias innovadoras para lograr el acceso y la cobertura, especialmente colaborando con plataformas en línea para la educación virtual y
La meta 4.1 fija “para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces”. Para el cumplimiento de esta meta, la Declaración de Incheon propone dar seguimiento a los aprendizajes mediante mecanismos de medición estandarizados y la creación de bases de datos, de manera que se orienten las decisiones en materia de política educativa con base en la perspectiva de “costo-beneficio” (p.11).
Otras iniciativas de las Naciones Unidas como la Alianza Global por la Alfabetización lanzada en septiembre del 2016 también señalan que sin el sector privado no se podrá avanzar hacia la meta 4.6 que fija “para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética”.
La burocracia internacional continuará avanzando en la dirección de las alianzas público privadas para el cumplimiento de las metas de los ODS. En materia educativa, las agencias de la ONU también continuarán apoyando la participación privada en las diferentes facetas de la política educativa. Esa participación del sector privado en la financiación, en el apoyo para la innovación, en la generación de estrategias de gestión, en la recolección de datos, en la propuesta de contenidos, etc., es el nuevo mandato global dado por la Agenda 2030. El financiamiento internacional se pondrá a disposición de proyectos educativos que no riñan con ese mandato. Un ejemplo de esto es la propuesta del banco Mundial para la creación de la Unidad Internacional de Financiamiento Educativo, que se analiza a continuación.
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Elaboración con base en revisión de: Naciones Unidas (2015) Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Agenda de Acción de Addis Abeba). UNESCO (2015) Declaración de Incheon. Educación 2030. UNESCO &UNICEF (2013) La inversión más inteligente: Marco para la participación del mundo empresarial en la educación. UNESCO (2006) UNESCO-Private Sector Partnerships: Making a Difference. |
La Agenda 2030 en educación: una agenda para el endeudamiento
Durante las denominadas “Reuniones de primavera” del Banco Mundial en el mes de abril de 2017, la Comisión de la Educación presentó una propuesta para generar la Unidad Internacional para el Financiamiento Educativo (International Finance Facility for Education). Esta unidad centralizaría las gestiones de préstamos para la educación del Banco Mundial, BID e incluso UNICEF.
La Comisión Internacional para el Financiamiento de Oportunidades Educativas Globales (Education Comission en inglés) se conformó con el objetivo de reunir evidencia para presentar una agenda de acción para el financiamiento educativo global. En noviembre del 2016 esa Comisión presentó el informe “La Generación del aprendizaje. Invertir en educación para un mundo en proceso de cambio”. Ya en ese reporte la Comisión recomendaba “movilizar nuevos financiamientos de una amplia gama de recursos, incluso mediante el establecimiento de un nuevo mecanismo de inversión educativa que ayude a adaptar el financiamiento de bancos multilaterales de desarrollo” (p.9).
Durante la presentación del mes de abril de 2017, la Comisión propuso ante el Banco Mundial la creación de una Unidad Internacional para el Financiamiento Educativo. La comisión identificó que para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 relativo a la educación de calidad, los países deberían destinar al menos del 6% al 8.5% de su PIB a la Educación. Para la mayoría de países de América Latina, esto implicaría mayor endeudamiento.
La comisión ha identificado que esta inversión en educación implica movilizar al menos US$13 billones de dólares anuales hasta el 2020, por ejemplo en el caso de los países de renta baja y media, las necesidades de financiamiento pasarían de los US$23 billones de dólares en el año 2020 a los 71 billones en el 2030.
La Comisión propone que la Unidad Internacional de Financiamiento Educativo sea un ente que potencie la capacidad de endeudamiento entre los países, estableciendo menores cuotas de interés (buy-downs) como estrategia de atracción para el endeudamiento. Además, la propuesta señala que se condicionaría la entrega de préstamos a los países dispuestos a “reformar sus sistemas educativos en función de resultados” (p.2), así como la “mejor distribución de recursos” en la educación.
Esta es una evidencia de cómo, la agenda 2030, puede guiar hacia mayor endeudamiento y mayor participación de actores privados en la agenda educativa.
Como ya se mencionó, en noviembre del año 2016 la Comisión había publicado el Informe “La Generación del aprendizaje. Invertir en educación para un mundo en proceso de cambio”. En este documento resalta que el mandato que había recibido fue identificar formas para “movilizar y poner en marcha recursos para” garantizar la educación. La Comisión recomienda que la inversión en educación se guíe según los resultados en educación y los procesos de reforma y propone “el establecimiento de un nuevo mecanismo de inversión educativa que ayude a adaptar el financiamiento de bancos multilaterales de desarrollo” (p.5).
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Elaboración con base en revisión de: Education Comission (2017) A Proposal to Create the International Finance Facility for Education. Education Comission (2016) La Generación del aprendizaje. Invertir en educación para un mundo en proceso de cambio.
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