El proceso de privatización de la educación en Chile se debió, en gran medida, a un “terrorismo de Estado”, asociado directamente con la dictadura militar de Augusto Pinochet, que gobernó el país durante 17 años (1973-1990) y suprimió todos los mecanismos democráticos de participación ciudadana. Fue en ese contexto donde se llevaron a cabo profundas transformaciones políticas, económicas y sociales que marcaron el rumbo del país durante casi dos décadas y que aún hoy siguen repercutiendo en la vida de todos sus habitantes. Sin terrorismo de Estado, incluso con un gobierno de derecha, con una política económica neoliberal, pero con algunos espacios democráticos vigentes, no hubiera sido posible que se destruyera el sistema educativo chileno.
Una de las principales acciones impulsadas por la dictadura fue la adopción a ultranza del modelo neoliberal, lo que significó un cambio radical en el rol que venía desempeñando el Estado y el mercado en la economía chilena. Pero el neoliberalismo no permeó únicamente el ámbito económico, sino también el político y social. Además, la consolidación de este modelo llegó a ser tan profunda, que Chile se convirtió en la década de los ochenta en el principal referente para los/as promotores/as del modelo en otros países de América Latina.
La educación chilena no escapó de la intervención neoliberal, todo lo contrario, fue objeto de fuertes reformas que impulsaron su privatización y mercantilización. De esta forma, la educación pasó de ser concebida como un derecho humano garantizado por el Estado, a un bien de consumo regido por la lógica del mercado capitalista y al Estado el responsable de subsidiarlo. El proceso de reforma en el marco de la dictadura dio como resultado un sistema educativo compuesto por colegios municipales, colegios privados y colegios privados subvencionados por el Estado.
El primero de ellos surgió como resultado del traspaso de la administración de los centros educativos, desde el Ministerio de Educación hacia los gobiernos municipales, con un claro objetivo de descentralización de la educación pública. Sin embargo, con este cambio los colegios pasaron a depender claramente del contexto particular de cada municipio y su comuna, en donde existen múltiples factores económicos, sociales y geográficos que pueden incidir en la calidad de la educación que ofrecen. Si a ello sumamos la dependencia de ciclos electorales, la educación pública pasa a depender de la voluntad del Alcalde de turno.
Como consecuencia de lo anterior los colegios municipales se encuentran en una situación de desventaja con respecto a las otras modalidades del sistema educativo, puesto que no tienen la posibilidad de acceder a los mismos recursos y de contar con el personal suficiente de apoyo educativo pedagógico, para brindar una educación de calidad. Esto, a su vez, contribuye con la reproducción de la desigualdad social, ya que los/as estudiantes –quienes en su mayoría pertenecen a las clases bajas y marginadas- no reciben las herramientas que les permitirían alcanzar mejores oportunidades de vida.
Por otra parte se encuentran los colegios privados subvencionados por el Estado, los cuales fueron creados en la primera etapa de privatización de la educación que llevó a cabo la dictadura de Pinochet. Posteriormente se modificó su esquema de financiamiento con el objetivo de introducir el sistema de copago, que obliga a las familias a asumir una parte de los gastos de la educación de sus hijos/as. El copago o el sistema de financiamiento compartido, contribuyó a la segmentación educativa en función del status socioeconómico de las familias, ya que que solamente los/as niños/as y jóvenes de clase media y alta son los que pueden asistir a este tipo de colegios. No obstante, incluso para las familias de clase media, este sistema ha significado un enorme sacrificio económico para poder cubrir el pago de la educación de sus hijos/as, ya que los costos son muy elevados y exceden su capacidad de pago. En definitiva los administradores de las escuelas eligen a las familias según su capacidad de pago, y se evapora la promesa que los padres elijan las escuelas.
La segmentación y la exclusión generada por el copago, se profundiza con el proceso de selección de estudiantes que se practica en los colegios subvencionados, sobre el cual se ha negado el ingreso de niños/as y jóvenes, en razón de su proveniencia social, sus problemas familiares, sus conductas, e incluso por cuestiones ideológicas y religiosas.
Una última característica del sistema educativo chileno es el financiamiento por voucher, con el cual cada estudiante se hace dueño/a de un cupón que porta hacia la escuela, colegio o universidad, en la cual se va a matricular. Una vez que se completa el trámite de inscripción, el financiamiento se transfiere, según su asistencia a clases, automáticamente a la institución pública o privada. Bajo esta lógica, los fondos de los centros educativos dependen del número de estudiantes que asistan a sus instalaciones, por lo que nuevamente se evidencia que la distribución de los recursos no se realiza de manera equitativa. Así, la educación pública se desfinancia, con ingresos variables en consecuenciaq que sus costos son fijos.
La reforma educativa actual
El modelo educativo impuesto por la dictadura demostró, con el transcurrrir de los años, su fracaso desde el punto de vista del derecho social y un gran éxito desde el punto de vista de la destrucción de la educación pública y gratuita”. Es por esta razón y con el firme deseo de superar ese pasado adverso para el pueblo chileno, que el gobierno actual de Michelle Bachelet (2014-2018), dio inicio a un proceso de reforma educativa basada en el concepto de educación pública y gratuita, poniendo fin de esta manera al lucro en el campo educativo. El objetivo es que la educación sea reconocida nuevamente como un derecho humano y no como un bien de consumo, además de que todos y todas las ciudadanas tengan la oportunidad de acceder a una educación pública y gratuita de calidad.
La actual reforma educativa promueve cinco grandes transformaciones:
La primera de ellas está asociada con el tema tributario. La propuesta consiste en generar, mediante una reforma tributaria, los ingresos necesarios para financiar los cambios en el sistema educativo, por una educación pública y gratuita para todos y todas las chilenas. Con el rechazo de la derecha y la vacilación de sectores de centro derecha se consiguió promulgar la reforma tributaria que recoje un 2,5 % más de PIB para educación. El 1 % más rico de los chilenos que tributaba solo un 12% ha pasado a tributar un 19%.
La segunda transformación es la ley de inclusión. Con esta ley se pone fin al lucro, al copago de la familia y a la selección de estudiantes. De esta manera se está desplazando al mercado del ámbito educativo y se le otorga al Estado un papel más activo. La idea es que el Estado aporte los recursos necesarios para sustituir gradualmente la mensualidad que pagan las familias. Además, se espera eliminar el lucro en los centros educativos, con el fin de que los recursos estatales se inviertan efectivamente en mejorar la calidad de la educación. Y, por último, se estaría eliminando la selección arbitraria de los/as estudiantes para que puedan escoger con libertad la institución educativa a la cual desean asistir. Ello permitirá, en su desarrollo, recuperar la integración social en la Educación Pública, como atributo no solo social sino pedagógico y cultural. Se rompe así la lógica del modelo de concebir la educación pública como “proveedor de última instancia”.
En tercer lugar, se encuentra el proceso de revisión y rectificación del Sistema Nacional de Evaluación Escolar, para el cual se contó con la participación del Colegio de profesores, académicos expertos que elaboraron una serie de recomendaciones dirigidas a mejorar la dinámica de dicho sistema. Con esta reformulación se estaría otorgando apoyo pedagógico a las escuelas, liceos y a los/as docentes desde el nivel estatal, con el fin de superar debilidades y dejar de evaluar estandarizadamente para los Ranking y sellos de mercado, rasgo distintivo de la educación como bien de consumo..
En cuarto lugar, es el proyecto de Ley de Desarrollo Profesional Docente, que contempla elevar en un 30% el salario básico de los/as docentes, aumentar las regulaciones del Estado para una buena formación Inicial Docente, consagrar el perfeccionamiento gratuito para todos y todas y un plan adicional permanente durante los primeros cuatro años de ejercicio docente, se avanza en democratizar los requisitos para ingresar a pedagogía, incrementar las horas no lectivas para trabajo profesional, entre otros aspectos. Asimismo, se ha iniciado en gradualidad la gratuidad de la educación superior y se encuentra próximo a iingresar el proyecto de Ley de Educación Superior, con la cual se garantizará la gratuidad en la educación superior y se crearán centros de formación técnica y dos universidades estatales.
Finalmente, la reforma también incluye la Ley de Nueva Educación Pública, cuyo objetivo es que la administración de los centros educativos esté a cargo del Estado, en un nuevo sistema nacional de administración descentralizada y participativa y se construya una nueva escuela pública, que recupere el sitial de referente de buena educación. El proyecto de ley que recoge lo sustantivo de la propuesta presentada por el Colegio de profesores, se encuentra en segundo trámite en el Senado, donde se espera que avance exitosamente.
Obstáculos para la implementación de la reforma educativa
Aunque el proceso de reforma ha avanzado a un paso constante, gracias a la decisión política de la presidenta Michelle Bachelet, consideramos que existen obstáculos que pueden dificultar su consolidación. El principal obstáculo es quizá la oposición de un sector minoritario pero influyente de la Democracia Cristiana, que no desea suplantar el modelo de mercado que rige actualmente, sino más bien perfeccionarlo.
Otros obstáculos pueden surgir con la implementación de la Ley de Educación Superior, ya que existen sectores con fuertes intereses que pueden verse afectados ya que en las universidades el negocio es transversal, es total. De ahí su fuerte oposición a esta ley.
Por todo lo anterior, es fundamental desarrollar un trabajo activo y directo con los/as docentes, estudiantes, padres y madres, y demás personas vinculadas al sistema educativo, para que conozcan, entiendan y apoyen los cambios propuestos en el sistema educativo, porque esos cambios son para su beneficio.
En este sentido la labor de los sindicatos es importante promoviendo desde su acción la información, participación y defensa activa de las reformas en escuelas y colegios, atender las consultas del personal, de los/as estudiantes y sus familias.
Para concluir, es necesario reconocer que posiblemente aparezcan más obstáculos en el camino, que persista la fuerte oposición de los sectores económicos afectados por estas medidas. Incluso, habría que reconocer que hay un sector de la economía que se convenció de que recuperar la educación municipal que ha sido destruida y configurar un nuevo sistema de educación dirigido desde el Estado, es una necesidad también del mercado, también de la economía, porque la privatización no consiguió el desarrollo educativo que requería el propio desarrollo económico del país.
Por eso, nuestro llamado es por la defensa de la reforma educativa que le devuelve a los/as ciudadanos/as chilenos el derecho ciudadano a una educación pública, gratuita y de calidad, que pone fin al lucro y a la lógica de mercado en el sector educativo, y comienza a vincular estrechamente el sistema público de educación con un nuevo plan de desarrollo nacional.