La sustancial reducción de recursos presupuestarios está causando severos perjuicios a la educación en el campo, constataron hoy participantes en una audiencia pública sobre el tema convocada por la Cámara de Diputados de Brasil.
De 34 mil 781 estudiantes que ingresaron al Programa Nacional de Educación en la Reforma Agraria (Pronera) en 2009, la cifra se redujo a solo 210 el pasado año, de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) dados a conocer durante la sesión.
También se supo que los recursos presupuestarios para la educación en el campo disminuyeron de 70 millones de reales (casi 19 millones de dólares a la tasa de cambio actual) en 2008 para menos de 12 millones de reales (unos tres millones de USD) el pasado año.
Para 2018, al Pronera le fueron destinados apenas tres millones de reales (menos de un millón de USD), cuando en realidad necesita cerca de 16 millones de reales (alrededor de cuatro millones 200 mil USD) para poder mantener los cursos vigentes, señaló el diputado del Partido de los Trabajadores (PT) Padre Joao.
Estadísticas del Ministerio de Educación dadas a conocer en la audiencia indican que en las 60 mil escuelas existentes en el campo, sin incluir las localizadas en comunidades indígenas o asentamientos de afrodescendientes (quilombolas), trabajan más de 340 mil profesores.
En una de cada dos de esas escuelas, reseñó la agencia Cámara Noticias, no tienen computadores, dos de cada tres están ubicadas en localidades sin acceso a internet y ocho de cada 100 no tiene siquiera electricidad.
La matrícula total en esos planteles es de cinco millones y medio de estudiantes en la educación básica, casi el 70 por ciento de ellos en la enseñanza fundamental y un 6,5 por ciento (345 mil plazas) en el nivel medio.
Según la secretaria de Políticas Sociales de la Confederación Nacional de Trabajadores en la Agricultura (Contag), Edjani Rodrigues, el desmantelamiento de la educación en el campo encuentra entre sus causas principales la enmienda constitucional impulsada por el gobierno de Michel Temer para limitar por 20 años los gastos públicos.