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Lector de noticias

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27 de Febrero, 2018 | Argentina

La lenta destrucción del Plan Fines.

El gobierno porteño anunció el cierre de sedes del programa para terminar la escuela.

El Ministerio de Educación de la Ciudad clausuró doce sedes del programa. La decisión afecta a 500 alumnos y 80 docentes.

 “Cuando la educación deja de ser considerada un derecho y pasa a ser concebida como mercancía, como lo hace este gobierno, suceden estas cosas: se corta por lo más fino, se desfinancia al que más apoyo necesita, se destinan los fondos para los que más tienen cuando en verdad lo que el Estado tendría que hacer es exactamente lo contrario: nivelar, trabajar para la igualdad de oportunidades.” El que habla es Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y secretario gremial de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera). Lo dice en respuesta a la decisión del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires de cerrar doce sedes donde se cursaba el Plan Fines, el programa implementado desde 2008 que permite terminar la escuela secundaria y primaria a adultos de todo el país. Se trata de sedes de la zona sur de la ciudad, ubicadas en Boedo, Soldati, Pompeya, San Telmo y Lugano. 

“La zona sur de la ciudad es justamente la que concentra mayor desocupación. La más pobre y la más golpeada por el recorte de presupuesto en Educación”, continúa López, en diálogo con PáginaI12.

La medida perjudica a unos quinientos alumnos de la ciudad, que no podrán continuar con sus estudios. “La decisión afecta por supuesto, nuevamente, a los más vulnerables”, dice el titular de UTE y, además, tiene relación con la obstrucción por decreto del Poder Ejecutivo a la paritaria nacional para los docentes: “Una cosa tiene que ver con la otra: el Fines era un programa de financiamiento mixto entre la Nación y las jurisdicciones. Ahora, sin paritaria, el gobierno nacional no destina un centavo y por su lado las jurisdicciones se achican”.

El recorte deja sin trabajo a más de ochenta docentes de las distintas materias y especialidades. Con respecto al destino de los alumnos la promesa oficial es que “serán reubicados”. “Claramente ‘reubicación’, en el idioma de Cambiemos, ha pasado a convertirse en un eufemismo de ‘cierre’. A las escuelas y a los cursos, los clausuran diciendo que van a reasignar a los alumnos. Eso mismo dijeron con respecto a los chicos de las escuelas rurales que cerraron la semana pasada (en la provincia de Buenos Aires). Funcionarios de tercera línea salen a dar esa justificación. Lo mismo dijeron con los más de doscientos grados que cerraron en la Ciudad, con las notebooks que les quitaron a los chicos y con las escuelas que cerraron en el Delta hace poco”, fundamenta el gremialista.

La noticia del cese del funcionamiento de estas sedes se dio a conocer a días del inicio de las clases, sin que se haya llegado a acuerdos salariales con los docentes de casi ningún distrito del país, y después del cierre de ocho colegios en el Delta y más de cincuenta escuelas rurales por decisión de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Esta última medida de Vidal, atribuida a la “baja matrícula” de las instituciones afectadas, recayó sobre escuelas de Laprida, Pellegrini, Chascomús, Castelli, Lezama, Ayacucho y Tres Arroyos. También hubo cierres en Lincoln, Tres Lomas, Rauch, Tordillo, Pringles, Exaltación de la Cruz, Chacabuco y Chivilcoy, entre otras localidades. 

El Gobierno, analiza López, “tiene una concepción mercantil de la educación: accede el que puede sostenerse. El que puede costear esa mercancía, el que puede ir a la escuela privada de su barrio, pagarse el colectivo, cambiar su horario de trabajo. Esta actitud no sólo cristaliza las desigualdades de base, también las profundiza. Sin embargo, el Estado y la educación pública deberían ser garantía de exactamente lo contrario”.

Según las autoridades del ministerio, el ajuste continuará: a mitad de año planean cerrar más sedes, como ya viene sucediendo desde 2015 en todo el país.